El próximo año entra en vigor el acuerdo al que llegaron en la Mesa General de la Función Pública el 13 de noviembre del año 2002 los sindicatos y el Gobierno, por el que se incorporó la creación de un Fondo de Pensiones como materia retributiva.
El Fondo de Pensiones es una especie de bolsa donde se van introduciendo unas cantidades con una periodicidad indicada y que tiene limitada la retirada de estas cuantías, en definitiva se trata de un sistema de ahorro en el que participa el trabajador y la empresa. Dependiendo del tipo de plan de pensiones el trabajador puede realizar aportaciones obligatorias o voluntarias y para la empresa siempre son obligatorias. En los fondos de pensiones existen tres figuras: las entidades promotoras, los partícipes y los beneficiarios. Las primeras son las empresas que crean el fondo de pensiones, en este caso 15 Ministerios; 71 Organismos Autónomos, Entidades Gestoras de la Seguridad Social y entes públicos; magistrados, jueces y fiscales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas (en Ceuta unas 7.614 personas); y son las responsables de realizar las contribuciones de sus trabajadores. Los partícipes son los empleados que son miembros del Plan; y los Beneficiarios son aquellas personas que tienen derecho a percibir las prestaciones del plan (pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad).
En el caso del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado (AGE) los partícipes son los empleados de las entidades promotoras (Ministerios, Organismos Públicos, etc.) que cuenten con un mínimo de dos años de antigüedad, ya sea como funcionario de carrera o interino, personal contratado, personal eventual o alto cargo. Todo aquel que cumpla estas condiciones será dado de alta automáticamente, es decir que no es necesario el inscribirse aunque sí es obligatorio facilitar los datos personales y familiares a la Entidad Gestora.
Para supervisar el funcionamiento del Plan de Pensiones existe una Comisión de Control que es la encargada de velar por la consecución de los objetivos del Fondo y sobre todo por los derechos de los partícipes, en el caso de la AGE está formada por 22 miembros, once representan a las entidades promotoras y once a los partícipes y beneficiarios.
Por otro lado están la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria, la primera se encarga de administrar el fondo de pensiones, tomar las decisiones de inversión, informar a los partícipes de la situación financiera y notificar el reconocimiento de los derechos a los beneficiarios. La Entidad Depositaria es la que ejecuta las resoluciones de la Entidad Gestora y quien tiene confiadas las cantidades que componen el Fondo. El concurso para elegir a ambas entidades ya ha sido publicado y se decidirá antes de que finalice el año.
En cuanto a la cantidad aportada por el Estado es el 0,5% de la masa salarial (unos 54,65 millones de euros), esta cuantía no se detraerá de los salarios de los trabajadores, sino que será aportado en más por el Estado. De este importe un 75% se asignará en función del salario de cada trabajador, la cantidad total se dividirá entre el número de efectivos de cada grupo profesional; el 25% restante se imputa en función del los trienios, la cantidad se divide entre la suma del valor de los trienos, dando un valor medio que se multiplicará por el número de trienios de cada funcionario. Como existen grandes diferencias en los salarios de cada funcionario y en su número de trienio, no puede hablarse de aportación media a cada trabajador, aunque una simple división nos da una aproximación de que la cantidad para cada uno es de unos 105 euros (unas 17.500 pesetas) al año, habrá quien la doble y quien sólo llegue a la mitad. En mayo del próximo año se tomará como punto de partida para precisar las cuotas de cada funcionario y se ingresarán en el mes de noviembre.
Estas aportaciones son individuales, cada empleado tiene su cuenta particular donde se van añadiendo estas aportaciones que realiza el Estado y las que él pudiera realizar voluntariamente, más los intereses que vaya consiguiendo esta aportación, es lo que se considera un plan de capitalización financiera individual. Este fondo de pensiones es complementario del sistema de clases pasivas o de pensiones de la Seguridad Social al que se acogen los funcionarios, es decir que a la pensión futura que corresponda por este medio se añadirá la de este nuevo Plan de Pensiones. En cuanto a la consideración fiscal se trata de un salario diferido y su tributación se realiza cuando se produce el derecho a cobrar las prestaciones y en función de la forma de cobro que se escoja. En relación al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es uno de los productos de ahorro mejor tratados, pues las aportaciones realizadas se deducen de las rentas obtenidas en el ejercicio (hasta un máximo de 8.000 euros para los menores de 53 años, a partir de ahí se eleva 1250 euros por cada año que supere los 52 hasta un tope de 24.250 euros)
Señalar que el inicio del Plan parece cicatero, aportar sólo el 0,5% de la masa salarial es insignificante cuando los funcionarios han perdido más de un 16% de poder adquisitivo en los últimos doce años bien merecía un mayor esfuerzo; el acuerdo se ha tardado un año en cerrarse cuando se acercan las elecciones, ya se podría haber puesto en marcha en este año 2003, pero parece que nuestro gobierno sigue utilizando las retribuciones de los funcionarios como arma política. El reglamento limita a los futuros fondos de pensiones de las autonomías y ayuntamientos al no poder aportar cantidades superiores a las del Estado. Nuestros gobernantes nos han convencido que nuestro sistema público de pensiones hará aguas por cuestiones demográficas, pero no hay ni un sólo plan de pensiones que nos asegure que vamos a percibir nuestro dinero (como mucho se comprometen a devolvernos la cantidad aportada, sin tener en cuenta la depreciación); quizás deberíamos tener una mayor confianza en nuestro sistema público.
viernes, 12 de diciembre de 2003
domingo, 30 de noviembre de 2003
Vivas en Sevilla
El pasado jueves se presentaba en la capital andaluza la nueva campaña publicitaria de nuestro Ayuntamiento para promocionar el turismo: “Ceuta más cerca”. Hasta la ciudad hispalense se desplazaba nuestro Alcalde y demasiados miembros de su gobierno municipal, la concejala de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, el concejal de Turismo, el director de Turismo, el responsable del Plan de Dinamización Turística y unas cuantas personas más de su amplio séquito, como debe pensar nuestro Alcalde que corresponde a un cargo de tan elevado rango. Igualmente asistieron algunos miembros de la administración general del Estado. A tal representación institucional se unieron una amplia delegación de empresas de nuestra localidad, así como algunos de los representantes empresariales. En total podrían sumar más de cincuenta personas.
A las ocho de la tarde estaba previsto el inicio del acontecimiento, con una puntualidad casi británica llegaba nuestra primera autoridad al restaurante Robles Aljarafe, donde iba a desarrollarse la presentación de la campaña. Tras más de media hora de espera a los representantes del turismo sevillano, atrapados en un atasco circulatorio, el maitre del restaurante (con una impecable levita de terciopelo) dio comienzo al acto, sin esperar su presencia, con la presentación de los ponentes. El gerente de los restaurantes Robles, Don Pedro Robles realizaba una enrevesada descripción de un fin de semana en nuestra ciudad, en la que más que la reseña de una agradable gira vacacional exponía los problemas que padecen los usuarios de la Ruta del Toro. Tras él, nuestro Alcalde tomó la palabra para alentar a su variopinto auditorio a visitar nuestra ciudad y a ser posible invirtieran en ella debido a su más que interesante oferta fiscal y al decidido apoyo que el Gobierno de la nación da a nuestro pueblo. Finalizando las intervenciones el maitre para indicarnos lo feliz que fue durante el año que estuvo entre nosotros. Tras ello el condumio.
Para los responsables de nuestro turismo todo un éxito: un auditorio lleno (compuesto por unas doscientas personas, sesenta venidas de Ceuta, unos cincuenta estudiantes, unos cincuenta ceutíes residentes en Sevilla, unos diez periodistas ceutíes en Sevilla y unos quince empresarios de Sevilla, el resto curiosos) totalmente receptivo a la campaña de lanzamiento de nuestra Ciudad. Para los que creemos que no se pueden desaprovechar estas oportunidades un rotundo fracaso y una forma de tirar el dinero inaudita, aunque la mitad lo pague el Restaurante Robles, la otra mitad la pagamos entre todos los ceutíes. Para hacer una promoción a nuestros empresarios mejor lo hacemos en Ceuta y le damos el dinero a algún restaurador de nuestro pueblo (que están más necesitados), al menos nos ahorramos el viaje, las dietas y los disgustos. Hubiera sido mucho más barato llevar a los contados empresarios sevillanos presentes a visitar nuestro pueblo.
Destacaría la total ausencia de autoridades autóctonas en el auditorio, la máxima representación que asistió al acto fueron dos Directores de la empresa de turismo del Ayuntamiento de Sevilla; de la Junta de Andalucía, nadie; de la Delegación del Gobierno en Andalucía, nadie; de los representantes de los empresarios andaluces, nadie. Al menos los compañeros del Partido Popular podrían haber realzado el acto con la presencia de su Presidente Provincial Ricardo Tarno o de su número uno en el Ayuntamiento hispalense Sr. Reynaud, pero tampoco. Parecía como si los responsables del protocolo de nuestra primera autoridad temieran que cualquier asistente pudiera ensombrecer su figura y lo que quedó totalmente oscurecido fue el acto. No se puede dejar a los intereses de una empresa privada la preparación de un acto tan fundamental para nuestra política turística, no puede convocarse una recepción como ésta coincidiendo con otros acontecimientos en la misma ciudad y a la misma hora. No puede emplazarse a los invitados y a los medios de comunicación con dos días de antelación como si sólo tuvieran que acudir a esta cita. Ni se puede visitar una comunidad en un acto oficial sin ponerlo en conocimiento de sus gobernantes, al menos por mera cortesía política.
Señalar también la ausencia del empresariado andaluz a quien realmente iba dirigido el acto, a pesar de que el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía es ceutí, no se le tuvo en cuenta a la hora de planificar el acto. Si en los medios de comunicación ha tenido repercusión la presentación hay que dar gracias, nuevamente, a los periodistas ceutíes que viven en Sevilla, de otra forma hubiera pasado desapercibido. Otra vez parece que los equipos que forma nuestro Alcalde hacen aguas por todos lados, crean un rimbombante Plan de Dinamización del Turismo, les proponen a nuestros empresarios una política de Calidad Turística, realizan un Programa de Creación de Productos que cambian constantemente, pero son incapaces de efectuar una simple presentación de una campaña publicitaria. Recuerdo hace un año la visita de nuestra Alcalde a Sevilla, entonces sí se arrastró a la flor y nata de la sociedad sevillana. Quizás si nuestros responsables empezaran a bajar del pedestal de la prepotencia y empezaran a sumar en vez de dejar de lado, las cosas saldrían algo mejor. Esperemos que de este craso error se saquen las suficientes lecciones como para evitar hacer tamaño ridículo y desgastar la Institución de nuestro Alcalde, que es el de todos, de esta forma.
A las ocho de la tarde estaba previsto el inicio del acontecimiento, con una puntualidad casi británica llegaba nuestra primera autoridad al restaurante Robles Aljarafe, donde iba a desarrollarse la presentación de la campaña. Tras más de media hora de espera a los representantes del turismo sevillano, atrapados en un atasco circulatorio, el maitre del restaurante (con una impecable levita de terciopelo) dio comienzo al acto, sin esperar su presencia, con la presentación de los ponentes. El gerente de los restaurantes Robles, Don Pedro Robles realizaba una enrevesada descripción de un fin de semana en nuestra ciudad, en la que más que la reseña de una agradable gira vacacional exponía los problemas que padecen los usuarios de la Ruta del Toro. Tras él, nuestro Alcalde tomó la palabra para alentar a su variopinto auditorio a visitar nuestra ciudad y a ser posible invirtieran en ella debido a su más que interesante oferta fiscal y al decidido apoyo que el Gobierno de la nación da a nuestro pueblo. Finalizando las intervenciones el maitre para indicarnos lo feliz que fue durante el año que estuvo entre nosotros. Tras ello el condumio.
Para los responsables de nuestro turismo todo un éxito: un auditorio lleno (compuesto por unas doscientas personas, sesenta venidas de Ceuta, unos cincuenta estudiantes, unos cincuenta ceutíes residentes en Sevilla, unos diez periodistas ceutíes en Sevilla y unos quince empresarios de Sevilla, el resto curiosos) totalmente receptivo a la campaña de lanzamiento de nuestra Ciudad. Para los que creemos que no se pueden desaprovechar estas oportunidades un rotundo fracaso y una forma de tirar el dinero inaudita, aunque la mitad lo pague el Restaurante Robles, la otra mitad la pagamos entre todos los ceutíes. Para hacer una promoción a nuestros empresarios mejor lo hacemos en Ceuta y le damos el dinero a algún restaurador de nuestro pueblo (que están más necesitados), al menos nos ahorramos el viaje, las dietas y los disgustos. Hubiera sido mucho más barato llevar a los contados empresarios sevillanos presentes a visitar nuestro pueblo.
Destacaría la total ausencia de autoridades autóctonas en el auditorio, la máxima representación que asistió al acto fueron dos Directores de la empresa de turismo del Ayuntamiento de Sevilla; de la Junta de Andalucía, nadie; de la Delegación del Gobierno en Andalucía, nadie; de los representantes de los empresarios andaluces, nadie. Al menos los compañeros del Partido Popular podrían haber realzado el acto con la presencia de su Presidente Provincial Ricardo Tarno o de su número uno en el Ayuntamiento hispalense Sr. Reynaud, pero tampoco. Parecía como si los responsables del protocolo de nuestra primera autoridad temieran que cualquier asistente pudiera ensombrecer su figura y lo que quedó totalmente oscurecido fue el acto. No se puede dejar a los intereses de una empresa privada la preparación de un acto tan fundamental para nuestra política turística, no puede convocarse una recepción como ésta coincidiendo con otros acontecimientos en la misma ciudad y a la misma hora. No puede emplazarse a los invitados y a los medios de comunicación con dos días de antelación como si sólo tuvieran que acudir a esta cita. Ni se puede visitar una comunidad en un acto oficial sin ponerlo en conocimiento de sus gobernantes, al menos por mera cortesía política.
Señalar también la ausencia del empresariado andaluz a quien realmente iba dirigido el acto, a pesar de que el Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía es ceutí, no se le tuvo en cuenta a la hora de planificar el acto. Si en los medios de comunicación ha tenido repercusión la presentación hay que dar gracias, nuevamente, a los periodistas ceutíes que viven en Sevilla, de otra forma hubiera pasado desapercibido. Otra vez parece que los equipos que forma nuestro Alcalde hacen aguas por todos lados, crean un rimbombante Plan de Dinamización del Turismo, les proponen a nuestros empresarios una política de Calidad Turística, realizan un Programa de Creación de Productos que cambian constantemente, pero son incapaces de efectuar una simple presentación de una campaña publicitaria. Recuerdo hace un año la visita de nuestra Alcalde a Sevilla, entonces sí se arrastró a la flor y nata de la sociedad sevillana. Quizás si nuestros responsables empezaran a bajar del pedestal de la prepotencia y empezaran a sumar en vez de dejar de lado, las cosas saldrían algo mejor. Esperemos que de este craso error se saquen las suficientes lecciones como para evitar hacer tamaño ridículo y desgastar la Institución de nuestro Alcalde, que es el de todos, de esta forma.
domingo, 23 de noviembre de 2003
Aznar, por fin, visita a nuestro vecino
Los próximos ocho y nueve de diciembre, nuestro presidente del Gobierno tiene previsto realizar una visita al reino de Marruecos. Parece que al final de su mandato el Sr. Aznar desea recomponer su política exterior, política que, por primera vez en veinticinco años de democracia, se ha concretado en la falta del más mínimo consenso en el arco parlamentario y sobre todo por los numerosos desencuentros con nuestro entorno histórico y político más natural. Olvidándose de nuestra integración en Europa, de nuestra hermandad hispanoamericana, nuestra amistad con el mundo árabe y nuestros intereses en el Mediterráneo, nuestro Presidente popular, se ha basado más en unos intereses personales y partidistas que nos han llevado a una alianza con Estados Unidos de América del Norte y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Con el primero nos ha embarcado a una guerra ilegal con Iraq, en la que el amigo americano busca recomponer sus alianzas estratégicas para preservar sus reservas de petróleo ante un posible cambio en la actitud de la dinastía saudí; y la relación bilateral con su amigo Tony Blair no sirvió para poder recuperar Gibraltar de las garras de la pérfida Albión, archivando aquella extravagante idea del Sr. Piqué de la cosoberanía en el baúl de los recuerdos.
Ahora de una forma interesada busca corregir esta desastrosa política que nos ha causado más disgustos que alegrías con el objetivo de poder limpiar su currículum y optar a presidir alguna institución europea, y de tal forma poder dar salida a su capacidad de liderazgo que parece empequeñecerse al mando de esta sociedad desagradecida para con sus esfuerzos.
Dentro de la recomposición de los platos rotos, nuestro Presidente Popular aterriza en el país vecino tras un largo período de desencuentros (desde la ruptura del acuerdo pesquero hasta el incidente más grave con nuestra Isla del Perejil), intentando abrir una vía de cooperación que conduzca a un clima de entendimiento y de buenas relaciones con Marruecos; para ello han empezado a desplazarse al reino alauíta varios ministros, la titular de la cartera de Exteriores inició la ristra de miembros del gobierno, seguida del Sr. Álvarez Cascos, titular de Fomento, quien viajó a Rabat con un nutrido grupo de responsables de empresas españolas; de la Sra. Del Castillo, responsable del Ministerio de Educación y Ciencia, quien visitó su ciudad natal, Nador, para iniciar la construcción de un Instituto de Enseñanza (por cierto que llevará por nombre Lope de Vega). Y ahora nos acaba de visitar el Ministro de Interior de Marruecos para coordinar las políticas migratorias.
Hay que celebrar que de una ruptura de relaciones absoluta, con retirada de embajadores y un estado prebélico se haya pasado a una relación de diálogo y cooperación, donde esperemos que la negociación logre resolver los conflictos pendientes entre ambos países; ¿le estará dando la razón al líder de la oposición cuando éste hablaba de diálogo?
Sin embargo lo que más llama la atención en esta vuelta a la normalidad es el rápido interés mostrado por nuestro Presidente Aznar para restañar estas heridas, quizás motivado más por cuestiones crematísticas que por razones de Estado: el peso de los intereses económicos en Marruecos (nuestras exportaciones han alcanzado en julio la cantidad de 1.127,6 millones de euros), la presencia de más de ochocientas empresas españolas (últimamente Repsol se ha visto agraciada con unos permisos de explotación petrolífera, el grupo hispano francés Altadis se hizo con la privatización del monopolio de tabacos, la empresa Fadesa se ha adjudicado el mayor complejo turístico de la zona norte, y FCC se ha convertido en el segundo operador aeroportuario) y, sobre todo, el ambicioso programa de desarrollo de infraestructuras que realizará hasta el año 2.10 Marruecos, parecen ser las bases de tan abrumador deseo.
Así nuestro Presidente ha dado órdenes a los miembros de su gobierno para asegurar el éxito de la reunión y obtener unos buenos resultados en el reparto de ese plan de infraestructuras (donde se incluye el famoso puerto Tánger-Mediterráneo); nuestro Ministro de Economía, Sr. Rato está desarrollando un nuevo acuerdo de cooperación financiera, por el que el Reino de España pondrá a disposición de nuestro vecino 350 millones de euros; además se está finalizando un programa de conversión de deuda oficial marroquí por inversiones españolas que supondrán otros 40 millones de euros. A estas actuaciones económicas hay que añadir que España es el primer país europeo que apoya oficialmente la candidatura de Marruecos al Campeonato del Mundo de Fútbol del 2.010, apoyo que presumiblemente arrastre a los países latinoamericanos. Este acontecimiento supondrá una inversión de 2.150 millones de euros en infraestructuras para el campeonato y es deseo de nuestras grandes empresas constructoras (ACS, Dragados, FCC, Sacyr, Vallehermoso, etc, que acompañaron al Sr. Álvarez Cascos en su visita a Rabat) sacar tajada de cualquiera de estos dos grandes proyectos.
Esperemos que entre tanto interés económico de nuestros empresarios, nuestro Presidente tenga el tiempo suficiente para exponer los problemas de nuestra pequeña ciudad y pueda plantear la tan necesitada frontera comercial o la presión migratoria que existe sobre nuestra frontera aunque nuestros vecinos ya han colocado sobre la mesa que su principal lucha es contra el contrabando que genera la pérdida de 450.000 puestos de trabajo en el norte de Maruecos y provoca esa emigración hacia Europa de sus súbditos). O quizás nuestro Presidente piense que Ceuta es una cuestión interna y nada debe tratar con nuestros vecinos.
Ahora de una forma interesada busca corregir esta desastrosa política que nos ha causado más disgustos que alegrías con el objetivo de poder limpiar su currículum y optar a presidir alguna institución europea, y de tal forma poder dar salida a su capacidad de liderazgo que parece empequeñecerse al mando de esta sociedad desagradecida para con sus esfuerzos.
Dentro de la recomposición de los platos rotos, nuestro Presidente Popular aterriza en el país vecino tras un largo período de desencuentros (desde la ruptura del acuerdo pesquero hasta el incidente más grave con nuestra Isla del Perejil), intentando abrir una vía de cooperación que conduzca a un clima de entendimiento y de buenas relaciones con Marruecos; para ello han empezado a desplazarse al reino alauíta varios ministros, la titular de la cartera de Exteriores inició la ristra de miembros del gobierno, seguida del Sr. Álvarez Cascos, titular de Fomento, quien viajó a Rabat con un nutrido grupo de responsables de empresas españolas; de la Sra. Del Castillo, responsable del Ministerio de Educación y Ciencia, quien visitó su ciudad natal, Nador, para iniciar la construcción de un Instituto de Enseñanza (por cierto que llevará por nombre Lope de Vega). Y ahora nos acaba de visitar el Ministro de Interior de Marruecos para coordinar las políticas migratorias.
Hay que celebrar que de una ruptura de relaciones absoluta, con retirada de embajadores y un estado prebélico se haya pasado a una relación de diálogo y cooperación, donde esperemos que la negociación logre resolver los conflictos pendientes entre ambos países; ¿le estará dando la razón al líder de la oposición cuando éste hablaba de diálogo?
Sin embargo lo que más llama la atención en esta vuelta a la normalidad es el rápido interés mostrado por nuestro Presidente Aznar para restañar estas heridas, quizás motivado más por cuestiones crematísticas que por razones de Estado: el peso de los intereses económicos en Marruecos (nuestras exportaciones han alcanzado en julio la cantidad de 1.127,6 millones de euros), la presencia de más de ochocientas empresas españolas (últimamente Repsol se ha visto agraciada con unos permisos de explotación petrolífera, el grupo hispano francés Altadis se hizo con la privatización del monopolio de tabacos, la empresa Fadesa se ha adjudicado el mayor complejo turístico de la zona norte, y FCC se ha convertido en el segundo operador aeroportuario) y, sobre todo, el ambicioso programa de desarrollo de infraestructuras que realizará hasta el año 2.10 Marruecos, parecen ser las bases de tan abrumador deseo.
Así nuestro Presidente ha dado órdenes a los miembros de su gobierno para asegurar el éxito de la reunión y obtener unos buenos resultados en el reparto de ese plan de infraestructuras (donde se incluye el famoso puerto Tánger-Mediterráneo); nuestro Ministro de Economía, Sr. Rato está desarrollando un nuevo acuerdo de cooperación financiera, por el que el Reino de España pondrá a disposición de nuestro vecino 350 millones de euros; además se está finalizando un programa de conversión de deuda oficial marroquí por inversiones españolas que supondrán otros 40 millones de euros. A estas actuaciones económicas hay que añadir que España es el primer país europeo que apoya oficialmente la candidatura de Marruecos al Campeonato del Mundo de Fútbol del 2.010, apoyo que presumiblemente arrastre a los países latinoamericanos. Este acontecimiento supondrá una inversión de 2.150 millones de euros en infraestructuras para el campeonato y es deseo de nuestras grandes empresas constructoras (ACS, Dragados, FCC, Sacyr, Vallehermoso, etc, que acompañaron al Sr. Álvarez Cascos en su visita a Rabat) sacar tajada de cualquiera de estos dos grandes proyectos.
Esperemos que entre tanto interés económico de nuestros empresarios, nuestro Presidente tenga el tiempo suficiente para exponer los problemas de nuestra pequeña ciudad y pueda plantear la tan necesitada frontera comercial o la presión migratoria que existe sobre nuestra frontera aunque nuestros vecinos ya han colocado sobre la mesa que su principal lucha es contra el contrabando que genera la pérdida de 450.000 puestos de trabajo en el norte de Maruecos y provoca esa emigración hacia Europa de sus súbditos). O quizás nuestro Presidente piense que Ceuta es una cuestión interna y nada debe tratar con nuestros vecinos.
domingo, 16 de noviembre de 2003
¿Son tan maléficos los impuestos?
En nuestra sociedad, el imperio del pensamiento único y su economía ultraliberal nos está sometiendo a la idea de que los impuestos, aquella parte de nuestros ingresos aportamos a los gastos comunes de nuestra vida en colectividad, son algo maldito, como si fueran una pena que debemos expiar en este purgatorio terrenal que nos ha tocado sufrir. Así han imbuido al común de los mortales que sólo puede ser beneficioso aquel político que prometa la disminución de tan lamentable lacra que son los impuestos.
Siguiendo esta nueva máxima llegada del Olimpo americano, nuestro Partido Popular se ha convertido en el defensor de la “bajada de impuestos” y ha provocado que hasta los partidos de la oposición se hayan subido al carro declarando como ideal de nuestra izquierda el proyecto del tipo único en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
A tal monto llega el engaño que nuestro partido gobernante nos repite constantemente que han reducido los impuestos y los datos son tan obstinadamente perversos que indican lo contrario; según las Estadísticas de los Ingresos Públicos de la OCDE (organismo nada sospechoso), el porcentaje de ingresos obtenidos por el estado ha pasado a ser del 32,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1995 a un 35,6% en el 2002, la presión fiscal en España se ha incrementado casi tres puntos porcentuales del PIB en la etapa de gobierno de nuestro Partido Popular, lo que supone un incremento del 8,54%. ¿Dónde están sus aclamadas rebajas de impuestos? El primer error que cometen es el confundir fiscalidad con el impuesto sobre la renta; dentro de las cuestiones tributarias hay que incluir los distintos impuestos indirectos, que gravan principalmente el consumo, y las cotizaciones sociales. En segundo lugar, la capacidad redistributiva del estado no sólo está en su voracidad recaudatoria, como quieren convencernos, sino también en su posibilidad de gasto público, pues esta segunda parte es fundamental para conseguir los objetivos de justicia social que nuestro gobierno tiene impuestos por nuestra Constitución.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo, nuestro gobierno popular ha reducido los impuestos directos (IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones), aquellos que gravan en función de las ganancias de cada uno; aunque si se estudian las tablas del IRPF, se detecta que éstas no alcanzan a igualar la tasa de inflación de los años anteriores, por lo que esa reducción es más que dudosa. Sin embargo se han incrementado los impuestos indirectos, los que soportan las acciones de consumo y que son mucho más injustas; mientras que las cotizaciones sociales se han mantenido más o menos constantes. Según la Comisión Europea la composición de los Impuestos españoles en 1990 era la siguiente: 33,14% de Impuestos Directos; un 29,68% de Impuestos Indirectos y un 37,18% de Cotizaciones Sociales; en el año 2000, la composición es: 29,58% de Impuestos Directos; 32,68% de Impuestos Indirectos y 37,75% de Cotizaciones Sociales.
Todos los estudios reflejan que si el IRPF es un impuesto progresivo en el cual quien más tiene más aporta, los impuestos indirectos (el IVA, o en nuestro caso más aún el IPSI) reflejan que son unos impuestos regresivos, y quienes menos tienen contribuyen más con este tipo de imposición. Es decir la reforma fiscal del Partido Popular ha consistido en que los que más tienen paguen menos a costa de que las clases medias y bajas de este país aporten lo que no hacen sus amigos. Si a ello añadimos la parte de redistribución social que tienen los gastos que realiza el estado y que no han parado de reducirse, podemos entender cuál es el efecto sobre la justicia social que ha provocado nuestro popular gobierno. Si algo nos debe quedar claro en un debate fiscal es que el Partido Popular ni ha bajado, ni bajará los impuestos, lo que ha realizado es un cambio en la fiscalidad que ha perjudicado a la inmensa mayoría de los ciudadanos en beneficio de unos pocos. Lo que sí debemos entender es que pagar impuestos es bueno y que debe ser un acto socialmente plausible, e incluso afectar a una parte importante de nuestros ingresos si queremos disfrutar de un estado del bienestar generoso con una buena sanidad, una excelente enseñanza, una buena seguridad, una pensiones dignas, etc. y añadan ustedes sus necesidades (la media que aporta cada ciudadano de la Unión Europea supone un 40,5% del PIB; y en países como Suecia superan el 50%, pero descubrámonos ante su nivel de vida). Pero lo que sí debemos exigir a nuestros gobernantes es que gestionen nuestro dinero de la mejor forma posible y sobre todo que todos paguemos por todo, el evasor de impuestos es un delincuente y como tal hay que perseguirlo.
Siguiendo esta nueva máxima llegada del Olimpo americano, nuestro Partido Popular se ha convertido en el defensor de la “bajada de impuestos” y ha provocado que hasta los partidos de la oposición se hayan subido al carro declarando como ideal de nuestra izquierda el proyecto del tipo único en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
A tal monto llega el engaño que nuestro partido gobernante nos repite constantemente que han reducido los impuestos y los datos son tan obstinadamente perversos que indican lo contrario; según las Estadísticas de los Ingresos Públicos de la OCDE (organismo nada sospechoso), el porcentaje de ingresos obtenidos por el estado ha pasado a ser del 32,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en 1995 a un 35,6% en el 2002, la presión fiscal en España se ha incrementado casi tres puntos porcentuales del PIB en la etapa de gobierno de nuestro Partido Popular, lo que supone un incremento del 8,54%. ¿Dónde están sus aclamadas rebajas de impuestos? El primer error que cometen es el confundir fiscalidad con el impuesto sobre la renta; dentro de las cuestiones tributarias hay que incluir los distintos impuestos indirectos, que gravan principalmente el consumo, y las cotizaciones sociales. En segundo lugar, la capacidad redistributiva del estado no sólo está en su voracidad recaudatoria, como quieren convencernos, sino también en su posibilidad de gasto público, pues esta segunda parte es fundamental para conseguir los objetivos de justicia social que nuestro gobierno tiene impuestos por nuestra Constitución.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues muy sencillo, nuestro gobierno popular ha reducido los impuestos directos (IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto de Sucesiones), aquellos que gravan en función de las ganancias de cada uno; aunque si se estudian las tablas del IRPF, se detecta que éstas no alcanzan a igualar la tasa de inflación de los años anteriores, por lo que esa reducción es más que dudosa. Sin embargo se han incrementado los impuestos indirectos, los que soportan las acciones de consumo y que son mucho más injustas; mientras que las cotizaciones sociales se han mantenido más o menos constantes. Según la Comisión Europea la composición de los Impuestos españoles en 1990 era la siguiente: 33,14% de Impuestos Directos; un 29,68% de Impuestos Indirectos y un 37,18% de Cotizaciones Sociales; en el año 2000, la composición es: 29,58% de Impuestos Directos; 32,68% de Impuestos Indirectos y 37,75% de Cotizaciones Sociales.
Todos los estudios reflejan que si el IRPF es un impuesto progresivo en el cual quien más tiene más aporta, los impuestos indirectos (el IVA, o en nuestro caso más aún el IPSI) reflejan que son unos impuestos regresivos, y quienes menos tienen contribuyen más con este tipo de imposición. Es decir la reforma fiscal del Partido Popular ha consistido en que los que más tienen paguen menos a costa de que las clases medias y bajas de este país aporten lo que no hacen sus amigos. Si a ello añadimos la parte de redistribución social que tienen los gastos que realiza el estado y que no han parado de reducirse, podemos entender cuál es el efecto sobre la justicia social que ha provocado nuestro popular gobierno. Si algo nos debe quedar claro en un debate fiscal es que el Partido Popular ni ha bajado, ni bajará los impuestos, lo que ha realizado es un cambio en la fiscalidad que ha perjudicado a la inmensa mayoría de los ciudadanos en beneficio de unos pocos. Lo que sí debemos entender es que pagar impuestos es bueno y que debe ser un acto socialmente plausible, e incluso afectar a una parte importante de nuestros ingresos si queremos disfrutar de un estado del bienestar generoso con una buena sanidad, una excelente enseñanza, una buena seguridad, una pensiones dignas, etc. y añadan ustedes sus necesidades (la media que aporta cada ciudadano de la Unión Europea supone un 40,5% del PIB; y en países como Suecia superan el 50%, pero descubrámonos ante su nivel de vida). Pero lo que sí debemos exigir a nuestros gobernantes es que gestionen nuestro dinero de la mejor forma posible y sobre todo que todos paguemos por todo, el evasor de impuestos es un delincuente y como tal hay que perseguirlo.
domingo, 9 de noviembre de 2003
El debate real
La elección de prometida por parte de nuestro heredero a la corona ha provocado que nuestros medios de comunicación se llenen con esta noticia de informaciones sobre la vida y milagros de la mujer elegida, pero lo que no se ha abierto es el debate que conlleva esta opción y la problemática de la igualdad de los sexos en la vida real de nuestra sociedad.
En la Constitución española se reconoce la igualdad de los españoles ante la ley, ninguno podrá ser discriminado por cuestión de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Sin embargo es curioso que en la primera familia de este Estado, la familia Real que debería predicar con el ejemplo, esa máxima no se cumpla. El artículo 57 de nuestra norma básica antepone el hombre a la mujer en la línea de primogenitura, provocándose una contradicción con la parte que desarrolla los derechos fundamentales de la persona.
Este debate es obsoleto en la Europa que busca la unión no sólo económica, sino también política y social, pues deberíamos ir pensando más en la elección de un presidente europeo, pero además en aquellos estados que continúan con monarquías constitucionales ya han sido realizadas las modificaciones oportunas para que desaparezca esta discriminación hacia la mujer.
En nuestra España del Siglo XXI, nuestro derecho impide, por ley, pues nuestra norma básica de convivencia así lo indica, a una mujer acceder al trono. Es por ello absolutamente necesario iniciar la reforma para acabar con tamaño desafuero.
A nuestro Presidente de Gobierno D. José Mª Aznar parece no gustarle la idea de tener que abrir el melón de las reformas, no sabemos si porque nunca ha creído en nuestra Constitución como de joven indicaba en sus colaboraciones periodísticas, o porque en lo que no cree es en la igualdad de la personas sin distinción de sexo, pues sus políticas más parecen potenciar las desigualdades que las igualdades, de ahí que sea normal inferir que nuestro gobernante no desee la reforma por falta de convicción en nuestra norma, mas que por cuestión del momento político que vive nuestro país. Porque lo que sí que no deseo es que no se pueda acometer la reforma por estar declarado algunos de los estados del artículo 116 y que impide cualquier reforma constitucional.
La primera condición de una Constitución debe ser su adaptabilidad, no es que estemos cambiándola cada dos por tres, pero lo que no debemos es considerarla inalterable uniendo estabilidad democrática e inmovilidad constitucional. Después de veinticinco años, nuestra norma, en ciertas cuestiones, ha sido superada y deberíamos afrontar un proceso de cambios para adaptarla a las nuevas condiciones en que se desarrolla nuestra vida política, económica y social. Si se logra un acuerdo entre todos lo partidos, y en este asunto no creo que haya negativas pues no veo a ningún partido alegando por la desigualdad de la mujer ante el hombre, por muy derecho dinástico que se quiera aludir.
Superando este escollo es factible realizar, en el plazo de tiempo que nos queda, las actuaciones exigidas por la Constitución para aprobar la reforma: primero, la iniciativa legislativa podría partir del propio Gobierno; segundo, su aprobación por cada Cámara podría realizarse antes de acabar esta legislatura; tercero, la disolución se haría para el mes de enero; cuarto, las nuevas cámaras podrían ratificar la decisión antes del verano; y quinto, el referéndum podría coincidir con el vigésimo sexto aniversario. Todo es cuestión de voluntad política.
Para esa fecha nuestra pareja ya estará casada y su posible retoño sabrá que nacerá sin ningún tipo de discriminación sea del sexo que sea. Y es que si la posible niña nace antes de la reforma, no valdrá para nada, ya que no tendría efectos retroactivos.
En la Constitución española se reconoce la igualdad de los españoles ante la ley, ninguno podrá ser discriminado por cuestión de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Sin embargo es curioso que en la primera familia de este Estado, la familia Real que debería predicar con el ejemplo, esa máxima no se cumpla. El artículo 57 de nuestra norma básica antepone el hombre a la mujer en la línea de primogenitura, provocándose una contradicción con la parte que desarrolla los derechos fundamentales de la persona.
Este debate es obsoleto en la Europa que busca la unión no sólo económica, sino también política y social, pues deberíamos ir pensando más en la elección de un presidente europeo, pero además en aquellos estados que continúan con monarquías constitucionales ya han sido realizadas las modificaciones oportunas para que desaparezca esta discriminación hacia la mujer.
En nuestra España del Siglo XXI, nuestro derecho impide, por ley, pues nuestra norma básica de convivencia así lo indica, a una mujer acceder al trono. Es por ello absolutamente necesario iniciar la reforma para acabar con tamaño desafuero.
A nuestro Presidente de Gobierno D. José Mª Aznar parece no gustarle la idea de tener que abrir el melón de las reformas, no sabemos si porque nunca ha creído en nuestra Constitución como de joven indicaba en sus colaboraciones periodísticas, o porque en lo que no cree es en la igualdad de la personas sin distinción de sexo, pues sus políticas más parecen potenciar las desigualdades que las igualdades, de ahí que sea normal inferir que nuestro gobernante no desee la reforma por falta de convicción en nuestra norma, mas que por cuestión del momento político que vive nuestro país. Porque lo que sí que no deseo es que no se pueda acometer la reforma por estar declarado algunos de los estados del artículo 116 y que impide cualquier reforma constitucional.
La primera condición de una Constitución debe ser su adaptabilidad, no es que estemos cambiándola cada dos por tres, pero lo que no debemos es considerarla inalterable uniendo estabilidad democrática e inmovilidad constitucional. Después de veinticinco años, nuestra norma, en ciertas cuestiones, ha sido superada y deberíamos afrontar un proceso de cambios para adaptarla a las nuevas condiciones en que se desarrolla nuestra vida política, económica y social. Si se logra un acuerdo entre todos lo partidos, y en este asunto no creo que haya negativas pues no veo a ningún partido alegando por la desigualdad de la mujer ante el hombre, por muy derecho dinástico que se quiera aludir.
Superando este escollo es factible realizar, en el plazo de tiempo que nos queda, las actuaciones exigidas por la Constitución para aprobar la reforma: primero, la iniciativa legislativa podría partir del propio Gobierno; segundo, su aprobación por cada Cámara podría realizarse antes de acabar esta legislatura; tercero, la disolución se haría para el mes de enero; cuarto, las nuevas cámaras podrían ratificar la decisión antes del verano; y quinto, el referéndum podría coincidir con el vigésimo sexto aniversario. Todo es cuestión de voluntad política.
Para esa fecha nuestra pareja ya estará casada y su posible retoño sabrá que nacerá sin ningún tipo de discriminación sea del sexo que sea. Y es que si la posible niña nace antes de la reforma, no valdrá para nada, ya que no tendría efectos retroactivos.
lunes, 3 de noviembre de 2003
¿Presupuestos sociales o contabilidad creativa?
Hay que reconocer que nuestro Alcalde en eso de los números entiende y que por tanto ha sabido hacer unos presupuestos para el Ayuntamiento que, a primera vista, les ha dado un empaque de social, de inversores, de reductores del gasto y de todas aquellas características de bondad que ustedes quieran darle. No hay nada como conocer los entresijos de la contabilidad pública para hacer, no sólo unos números brillantes, sino también para poder presentarlos como solución a nuestros problemas.
Pero debe ser que los demás no tenemos la maestría en el control presupuestario que los estudiados hombres de nuestro Partido Popular poseen y debido a ello no entendemos cómo se nos indica que las inversiones crecen un 25,70% con relación al período anterior cuando la realidad es que la inversión media anual se reduce casi un 20%. Y eso según sus propios datos, puesto que si durante el periodo 2.001-2.003 se han invertido 178 millones de euros, lo que produce una media de unos 59 millones por año y si su Plan de Inversiones Financiados señala que se van a invertir unos 192 millones en el periodo 2.004-2007, eso da unos 48 millones por año; entonces si sus números no nos engañan la inversión media anual se reduce un 19.42%. Y es que la primera regla que enseñan en la escuela es medir unidades iguales para que éstas puedan ser comparables, algo así como lo de las churras y las merinas que decía mi madre.
¿Esa es la sostenibilidad del esfuerzo inversor que defiende el gobierno local? En el momento de crisis que vive nuestra economía debería aportarse toda la capacidad del Ayuntamiento para cambiar la estructura productiva, pero el cambio que nos proponen es incrementar la inversión en Parques y Jardines un 350%, mientras se reducen en más de ocho millones y medio de euros las inversiones en Vivienda o se disminuye a la mitad la inversión en Vías Públicas e Infraestructura Urbana.
Nuestro equipo de Gobierno nos insiste en que la presión fiscal no aumenta, que como mucho los impuestos subirán el Índice de Precios al Consumo (IPC), y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles subirá únicamente un 6%, pero la partida presupuestaria incluida con este concepto en los presupuestos se incrementa en un 57,26%, muchas casas se han de dar para que esos aumentos sólo supongan el porcentaje que nos indican. El impuesto sobre las Basuras sube un 30%, el alcantarillado, un 40%; los servicios del cementerio, un 50% y los impuestos por servicios del AutoTaxi lo hacen en un 120% (¿será que querrán cobrarse las subvenciones a los nuevos vehículos que han dado?). Es que además nuestros responsables municipales incrementan la recaudación por multas y sanciones un 86.27%, y el concepto de intereses de demora sube un 350%, es decir no es que los ciudadanos vamos a ser malos y nos impondrán muchas multas, es que encima seremos morosos y no les pagaremos, por lo que deberán exigirnos el pago con sus correspondientes intereses, será por eso que el gasto en reparto de correspondencia asciende a casi 50 millones de pesetas. Por mucho que me digan, con estos datos no me convencen en eso de la contención de la presión fiscal.
Los Presupuestos del Ayuntamiento desean ser también una muestra de la política popular de “reducción del gasto voluntario”, pero los gastos corrientes se incrementan un 12.65%, donde el mayor crecimiento se lo lleva la partida de Bienes corrientes y servicios, que acapara casi el 40% del incremento de los gastos. La mayor reducción se ha producido por el menor pago de intereses que provoca la bajada de los tipos de interés y el escaso recorte de altos cargos que han realizado. El resto de gastos, donde realmente se ve la capacidad de gestión, no sólo no se reducen sino que se incrementan incluso por encima del IPC; para poder argumentar que su prioridad es la reducción del gasto voluntario es necesario tener la capacidad de hacerlo, porque no se explica que se incrementen los gastos en servicios telefónicos un 20%, cuando las tarifas bajan y el número de responsables con teléfono móvil disminuye (¿ o no?); que se incremente la partida de publicidad un 34% o nos gastemos en estar abonados a agencias de noticias veinte millones de pesetas, por no hablar del incremento de un 622% en jardinería. Quizás deberían volver a repasar la teoría de los presupuestos de base cero.
Las cuentas del Partido Popular realizan una atención preferente a las áreas de interés social, debe ser por ello que las cantidades asignadas a las áreas de Sanidad y Bienestar Social comparadas con las del año pasado se reducen un 2,39% (unos 42 millones de pesetas) así, partidas como los Planes de Bienestar Social se reducen un 15% o las prestaciones de servicios de la concejalía un 21% o la aportación a la Cruz Roja para Alzheimer la reducen un 16%. Eso sí, los gastos en vestuario se incrementan un 216.67%. El importe que se gastaban en becas el año pasado era 750.000, este año 676.000, un 10% menos; pero eso sí para Reuniones y Conferencias de la Sociedad de Turismo hay casi 200.000 euros, se reduce el precio del gasoil para los yates o se construye un club privado con dinero público. Esta es la política social de la que habla nuestro Alcalde, social para con sus amigos.
Se ha perdido una nueva oportunidad de poder cambiar la estructura productiva de nuestra sociedad, los presupuestos no afrontan con decisión los cambios necesarios para relanzar nuestra economía y así se lo denuncia el Consejo Económico y Social “se considera urgente adoptar medidas extraordinarias que sirvan para reactivar y estabilizar la actividad económica”. Nuestro Alcalde no parece que tenga interés en cambiar nuestras estructuras productivas, subido en su pedestal, parece oír sólo los cantos de sirena que le lanzan desde la capital. ¿Tendremos alcaldesa?
Pero debe ser que los demás no tenemos la maestría en el control presupuestario que los estudiados hombres de nuestro Partido Popular poseen y debido a ello no entendemos cómo se nos indica que las inversiones crecen un 25,70% con relación al período anterior cuando la realidad es que la inversión media anual se reduce casi un 20%. Y eso según sus propios datos, puesto que si durante el periodo 2.001-2.003 se han invertido 178 millones de euros, lo que produce una media de unos 59 millones por año y si su Plan de Inversiones Financiados señala que se van a invertir unos 192 millones en el periodo 2.004-2007, eso da unos 48 millones por año; entonces si sus números no nos engañan la inversión media anual se reduce un 19.42%. Y es que la primera regla que enseñan en la escuela es medir unidades iguales para que éstas puedan ser comparables, algo así como lo de las churras y las merinas que decía mi madre.
¿Esa es la sostenibilidad del esfuerzo inversor que defiende el gobierno local? En el momento de crisis que vive nuestra economía debería aportarse toda la capacidad del Ayuntamiento para cambiar la estructura productiva, pero el cambio que nos proponen es incrementar la inversión en Parques y Jardines un 350%, mientras se reducen en más de ocho millones y medio de euros las inversiones en Vivienda o se disminuye a la mitad la inversión en Vías Públicas e Infraestructura Urbana.
Nuestro equipo de Gobierno nos insiste en que la presión fiscal no aumenta, que como mucho los impuestos subirán el Índice de Precios al Consumo (IPC), y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles subirá únicamente un 6%, pero la partida presupuestaria incluida con este concepto en los presupuestos se incrementa en un 57,26%, muchas casas se han de dar para que esos aumentos sólo supongan el porcentaje que nos indican. El impuesto sobre las Basuras sube un 30%, el alcantarillado, un 40%; los servicios del cementerio, un 50% y los impuestos por servicios del AutoTaxi lo hacen en un 120% (¿será que querrán cobrarse las subvenciones a los nuevos vehículos que han dado?). Es que además nuestros responsables municipales incrementan la recaudación por multas y sanciones un 86.27%, y el concepto de intereses de demora sube un 350%, es decir no es que los ciudadanos vamos a ser malos y nos impondrán muchas multas, es que encima seremos morosos y no les pagaremos, por lo que deberán exigirnos el pago con sus correspondientes intereses, será por eso que el gasto en reparto de correspondencia asciende a casi 50 millones de pesetas. Por mucho que me digan, con estos datos no me convencen en eso de la contención de la presión fiscal.
Los Presupuestos del Ayuntamiento desean ser también una muestra de la política popular de “reducción del gasto voluntario”, pero los gastos corrientes se incrementan un 12.65%, donde el mayor crecimiento se lo lleva la partida de Bienes corrientes y servicios, que acapara casi el 40% del incremento de los gastos. La mayor reducción se ha producido por el menor pago de intereses que provoca la bajada de los tipos de interés y el escaso recorte de altos cargos que han realizado. El resto de gastos, donde realmente se ve la capacidad de gestión, no sólo no se reducen sino que se incrementan incluso por encima del IPC; para poder argumentar que su prioridad es la reducción del gasto voluntario es necesario tener la capacidad de hacerlo, porque no se explica que se incrementen los gastos en servicios telefónicos un 20%, cuando las tarifas bajan y el número de responsables con teléfono móvil disminuye (¿ o no?); que se incremente la partida de publicidad un 34% o nos gastemos en estar abonados a agencias de noticias veinte millones de pesetas, por no hablar del incremento de un 622% en jardinería. Quizás deberían volver a repasar la teoría de los presupuestos de base cero.
Las cuentas del Partido Popular realizan una atención preferente a las áreas de interés social, debe ser por ello que las cantidades asignadas a las áreas de Sanidad y Bienestar Social comparadas con las del año pasado se reducen un 2,39% (unos 42 millones de pesetas) así, partidas como los Planes de Bienestar Social se reducen un 15% o las prestaciones de servicios de la concejalía un 21% o la aportación a la Cruz Roja para Alzheimer la reducen un 16%. Eso sí, los gastos en vestuario se incrementan un 216.67%. El importe que se gastaban en becas el año pasado era 750.000, este año 676.000, un 10% menos; pero eso sí para Reuniones y Conferencias de la Sociedad de Turismo hay casi 200.000 euros, se reduce el precio del gasoil para los yates o se construye un club privado con dinero público. Esta es la política social de la que habla nuestro Alcalde, social para con sus amigos.
Se ha perdido una nueva oportunidad de poder cambiar la estructura productiva de nuestra sociedad, los presupuestos no afrontan con decisión los cambios necesarios para relanzar nuestra economía y así se lo denuncia el Consejo Económico y Social “se considera urgente adoptar medidas extraordinarias que sirvan para reactivar y estabilizar la actividad económica”. Nuestro Alcalde no parece que tenga interés en cambiar nuestras estructuras productivas, subido en su pedestal, parece oír sólo los cantos de sirena que le lanzan desde la capital. ¿Tendremos alcaldesa?
miércoles, 29 de octubre de 2003
El libro de la discordia
Son muchas las opiniones que están surgiendo sobre el libro de D. Máximo Cajal y su concepto de España y ahora llega a conocimiento general que la obra ha sido subvencionada por la Dirección General del Libro dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la nacida en Marruecos y ex comunista de Bandera Roja Doña Pilar del Castillo Vera.
Vaya por delante mi total creencia en la libertad de expresión y que D. Máximo puede escribir todas aquellas cuestiones que desee, en cada uno estará el compartirlas o no, el creerlas o no; lo que no veo tan correcto es que nuestro Ministerio subvencione este tipo de libros en los que se cuestionan los intereses de mi ciudad y encima se pague con mis impuestos. Porque qué hubiera pensado el Señor Jaime Mayor Oreja si su consabido Ministerio hubiese subvencionado un libro de D. José Rey o de cualquier nacionalista vasco defendiendo la soberanía del llamado pueblo vasco.
La idea de nuestra derecha imperial sobre las dos ciudades no ha diferido mucho de la de D. Máximo Cajal, pero como su nacionalismo siempre acababa en el imperio hacia dios éramos necesarios para conseguirlo, hemos sido un medio para sus intereses y lo seguiremos siendo hasta que acabe ese interés. Recordemos el famoso libro blanco del presidente honorario del Partido Popular o sus mas recientes declaraciones en las que indicaba que Marruecos y España estaban obligados a entenderse y que “no nos vamos a ir de allí sin más” o las manifestaciones del entonces Vicepresidente del Gobierno y actual candidato de ese partido a Presidente, D. Mariano Rajoy en la crisis de la Isla del Perejil diciendo que Marruecos estaba a catorce kilómetros.
O quizás la subvención del libro por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte esté dentro de aquella campaña que nuestro Senado aprobó a propuesta de nuestro multifuncional cargo D. Nicolás Fernández en la que “se insta al Gobierno a la realización de una campaña de comunicación que tenga por objetivo mejorar el conocimiento de la realidad de las ciudades de Ceuta y Melilla”, de la que por cierto todavía estamos esperando su desarrollo, seguro que para el mes de febrero próximo volveremos a saber de ella.
He leído, oído y visto toda clase de reproches al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como si fuera el culpable de las ideas del Sr. Cajal y en vulgar caza de brujas de las que realizaba el Senador McCarthy se ha intentando con un ensañamiento excesivo cargarle las culpas hasta de la crisis que vive la ciudad, por ello es meritoria la intervención de su Secretaria General pidiendo del Alcalde de la Ciudad que solicite las explicaciones oportunas a la Señora Ministra, ni un mal gesto ni una mala palabra hacia aquellos que han querido zaherir su partido y obtener réditos políticos; eso sí es templar y no crispar, Sr. Olivencia.
Lo que si exijo a nuestro Alcalde que, al igual que tan prestamente solicitó la no edición del libro, igualmente exija a su compañera de partido Doña Pilar del Castillo el cese inmediato del responsable de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas como causante de un gran perjuicio a nuestra ciudad. ¿O van a colocar por delante, como siempre, los intereses de su partido, Señor Vivas?
Vaya por delante mi total creencia en la libertad de expresión y que D. Máximo puede escribir todas aquellas cuestiones que desee, en cada uno estará el compartirlas o no, el creerlas o no; lo que no veo tan correcto es que nuestro Ministerio subvencione este tipo de libros en los que se cuestionan los intereses de mi ciudad y encima se pague con mis impuestos. Porque qué hubiera pensado el Señor Jaime Mayor Oreja si su consabido Ministerio hubiese subvencionado un libro de D. José Rey o de cualquier nacionalista vasco defendiendo la soberanía del llamado pueblo vasco.
La idea de nuestra derecha imperial sobre las dos ciudades no ha diferido mucho de la de D. Máximo Cajal, pero como su nacionalismo siempre acababa en el imperio hacia dios éramos necesarios para conseguirlo, hemos sido un medio para sus intereses y lo seguiremos siendo hasta que acabe ese interés. Recordemos el famoso libro blanco del presidente honorario del Partido Popular o sus mas recientes declaraciones en las que indicaba que Marruecos y España estaban obligados a entenderse y que “no nos vamos a ir de allí sin más” o las manifestaciones del entonces Vicepresidente del Gobierno y actual candidato de ese partido a Presidente, D. Mariano Rajoy en la crisis de la Isla del Perejil diciendo que Marruecos estaba a catorce kilómetros.
O quizás la subvención del libro por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte esté dentro de aquella campaña que nuestro Senado aprobó a propuesta de nuestro multifuncional cargo D. Nicolás Fernández en la que “se insta al Gobierno a la realización de una campaña de comunicación que tenga por objetivo mejorar el conocimiento de la realidad de las ciudades de Ceuta y Melilla”, de la que por cierto todavía estamos esperando su desarrollo, seguro que para el mes de febrero próximo volveremos a saber de ella.
He leído, oído y visto toda clase de reproches al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como si fuera el culpable de las ideas del Sr. Cajal y en vulgar caza de brujas de las que realizaba el Senador McCarthy se ha intentando con un ensañamiento excesivo cargarle las culpas hasta de la crisis que vive la ciudad, por ello es meritoria la intervención de su Secretaria General pidiendo del Alcalde de la Ciudad que solicite las explicaciones oportunas a la Señora Ministra, ni un mal gesto ni una mala palabra hacia aquellos que han querido zaherir su partido y obtener réditos políticos; eso sí es templar y no crispar, Sr. Olivencia.
Lo que si exijo a nuestro Alcalde que, al igual que tan prestamente solicitó la no edición del libro, igualmente exija a su compañera de partido Doña Pilar del Castillo el cese inmediato del responsable de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas como causante de un gran perjuicio a nuestra ciudad. ¿O van a colocar por delante, como siempre, los intereses de su partido, Señor Vivas?
domingo, 26 de octubre de 2003
¡Qué propongan ellos!
Parece que a nuestro gobierno local le disgustan las críticas que realiza la pequeña oposición que tiene desde que ésta ha tomado asiento dentro del palacio municipal (hasta se estudian los papeles y se atreven a proponer otra forma de gastar nuestro dinero) y a pesar de su más que holgada mayoría ha empezado a perder los nervios y a demostrar que el programa que nos vendieron de seguridad y prosperidad para todos, tan sólo se ciñe a lo de sálvese quien pueda mientras coloco a mis conocidos. Cada proyecto que han puesto en marcha ha sido necesario modificarlo, ampliarlo o demorarlo por cuestiones técnicas, financieras o de actualidad pero en las que han seguido adelante siempre se ha incrementado el coste que supone para el erario público (aunque lo pague Madrid, el dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes).
Su emblemática obra del desdoblamiento del Paseo de las Palmeras (obra que sigo sin ver cuál es la ventaja que se obtiene para el tráfico de nuestra ciudad), su finalización sigue alejándose en el tiempo, de un primer bosquejo de la arquitectura del siglo XXI enlazada con nuestra fisonomía de los siglos XVI-XVII, se ha pasado a una ruptura estética con el entorno en que se encuentra, de un diseño que se consideró emblemático de los Hermanos Pérez Marín, quienes abandonaron la obra disgustados con los constantes recortes en “su” presupuesto y la negativa a colocar la cubierta, se ha pasado a destrozar visualmente la zona; sin embargo ha habido que aumentar el precio final. Hasta en los pequeños detalles se nota la improvisación, en la Plaza de la Constitución han tenido que volver a abrir el acerado porque alguien se olvidó colocar el alcantarillado. En la Planta desaladora ha ocurrido exactamente lo mismo, tras un año de contrato hay que elevar su precio porque se han olvidado unas “pequeñeces” que encarecen la obra en más del cincuenta por ciento y a pesar de que se comprometió a mejorar las condiciones de los trabajadores sin modificar el precio final, dicen que la firma del Convenio Colectivo obliga a reajustar los costes finales. El grandioso Hospital que nos llevan haciendo toda la vida vuelve a retrasar su proceso inversor, pero no se preocupen pues seguro que es por una cuestión técnica que hace que las distintas cantidades a invertir pasen de un año a otro, pero al final del plan quinquenal tendremos un Hospital como dios manda ¿o no?
Nuestro concejal de presidencia nos dice que no hay problema alguno, que la subida del coste del agua no la vamos a pagar nosotros, que la pagará Madrid, como si el dinero que tiene Madrid no lo aportáramos entre todos (¿o a lo peor piensa que el gobierno de Madrid es un gobierno extraño?), pero que lo que tenemos que pagar nosotros (¡anda! al final si pagamos) ya lo han incluido en los presupuestos de Acemsa, por lo que no hay que preocuparse. O sea que ya lo sabían que había que modificar el precio, que lo único que han esperado es el momento para colarlo y que el dinero saldrá de nuestro recibo del agua o de nuestros impuestos. ¿Quién nos toma por tontos?
Así mismo nuestro multifuncional cargo, en este caso no sabemos en qué faceta, D. Nicolás Fernández, nos sugiere que está empezando a cansarse de tanta crítica “destructiva” y solicita de sus detractores que aporten ideas para poder salir de la crisis que sólo los opositores ven, porque para nuestro concejal de Economía y Hacienda las estadísticas no se las cree porque son de una muestra muy escasa, pero son las que se tienen en cuenta en Europa Sr. Fernández, sin embargo cuando se le propuso crear un Instituto Estadístico, consideró que no era necesario; debe ser que su grandioso programa económico no funciona y por lo tanto necesita de la ayuda de los demás para romper con las estructuras que no crean empleo, porque su modelo de turismo, puerto y pequeña industria no les ha funcionado y ahora sólo se basan en una economía subvencionada que busca desesperadamente la continuidad de unos Fondos Estructurales esenciales para su “proyecto” económico.
Si necesitan nuevas ideas quizás pudieran acudir a las palabras de un gran economista quien hace ya bastantes año dijo que “un esquema básico del aspirado sólido marco económico [de Ceuta] podría estar fundamentado en (...) un sector público suficientemente dotado para prestar los servicios fundamentales exigidos, así como director y corrector de todo el proceso de transformación” (Juan Jesús Vivas Lara). Ideas hay, sólo necesitan tener voluntad política para ponerlas en marcha, pero hay que tenerla y de esa parece que escasean.
Su emblemática obra del desdoblamiento del Paseo de las Palmeras (obra que sigo sin ver cuál es la ventaja que se obtiene para el tráfico de nuestra ciudad), su finalización sigue alejándose en el tiempo, de un primer bosquejo de la arquitectura del siglo XXI enlazada con nuestra fisonomía de los siglos XVI-XVII, se ha pasado a una ruptura estética con el entorno en que se encuentra, de un diseño que se consideró emblemático de los Hermanos Pérez Marín, quienes abandonaron la obra disgustados con los constantes recortes en “su” presupuesto y la negativa a colocar la cubierta, se ha pasado a destrozar visualmente la zona; sin embargo ha habido que aumentar el precio final. Hasta en los pequeños detalles se nota la improvisación, en la Plaza de la Constitución han tenido que volver a abrir el acerado porque alguien se olvidó colocar el alcantarillado. En la Planta desaladora ha ocurrido exactamente lo mismo, tras un año de contrato hay que elevar su precio porque se han olvidado unas “pequeñeces” que encarecen la obra en más del cincuenta por ciento y a pesar de que se comprometió a mejorar las condiciones de los trabajadores sin modificar el precio final, dicen que la firma del Convenio Colectivo obliga a reajustar los costes finales. El grandioso Hospital que nos llevan haciendo toda la vida vuelve a retrasar su proceso inversor, pero no se preocupen pues seguro que es por una cuestión técnica que hace que las distintas cantidades a invertir pasen de un año a otro, pero al final del plan quinquenal tendremos un Hospital como dios manda ¿o no?
Nuestro concejal de presidencia nos dice que no hay problema alguno, que la subida del coste del agua no la vamos a pagar nosotros, que la pagará Madrid, como si el dinero que tiene Madrid no lo aportáramos entre todos (¿o a lo peor piensa que el gobierno de Madrid es un gobierno extraño?), pero que lo que tenemos que pagar nosotros (¡anda! al final si pagamos) ya lo han incluido en los presupuestos de Acemsa, por lo que no hay que preocuparse. O sea que ya lo sabían que había que modificar el precio, que lo único que han esperado es el momento para colarlo y que el dinero saldrá de nuestro recibo del agua o de nuestros impuestos. ¿Quién nos toma por tontos?
Así mismo nuestro multifuncional cargo, en este caso no sabemos en qué faceta, D. Nicolás Fernández, nos sugiere que está empezando a cansarse de tanta crítica “destructiva” y solicita de sus detractores que aporten ideas para poder salir de la crisis que sólo los opositores ven, porque para nuestro concejal de Economía y Hacienda las estadísticas no se las cree porque son de una muestra muy escasa, pero son las que se tienen en cuenta en Europa Sr. Fernández, sin embargo cuando se le propuso crear un Instituto Estadístico, consideró que no era necesario; debe ser que su grandioso programa económico no funciona y por lo tanto necesita de la ayuda de los demás para romper con las estructuras que no crean empleo, porque su modelo de turismo, puerto y pequeña industria no les ha funcionado y ahora sólo se basan en una economía subvencionada que busca desesperadamente la continuidad de unos Fondos Estructurales esenciales para su “proyecto” económico.
Si necesitan nuevas ideas quizás pudieran acudir a las palabras de un gran economista quien hace ya bastantes año dijo que “un esquema básico del aspirado sólido marco económico [de Ceuta] podría estar fundamentado en (...) un sector público suficientemente dotado para prestar los servicios fundamentales exigidos, así como director y corrector de todo el proceso de transformación” (Juan Jesús Vivas Lara). Ideas hay, sólo necesitan tener voluntad política para ponerlas en marcha, pero hay que tenerla y de esa parece que escasean.
domingo, 19 de octubre de 2003
Desaladora: ¿Interés Público o Beneficio Privado?
Nuestro multifuncional cargo D. Nicolás Fernández, desde su puesto de concejal de Economía y Hacienda nos presenta, en el próximo Pleno de nuestro Ayuntamiento, la modificación del contrato con la empresa Ferrovial Cadagua en el que se transfería la explotación privada de la Planta Desaladora, firmado apenas hace un año. Con esta concesión se cedía un bien de interés público como la desaladora, construida con fondos nacionales e internacionales y herramienta fundamental para que se nos facilite el anhelado suministro de ese servicio las veinticuatro horas, a una empresa que según las palabras del entonces máximo responsable de la empresa del agua D. Isidro Hurtado de Mendoza “la oferta elegida da más agua a menor precio y a menor coste para la ciudad, creo que son argumentos más que suficientes”.
Con la firma de ese Convenio la empresa se comprometía a la construcción del cuarto módulo y de un depósito de 20.000 m3 que diera capacidad suficiente para que el suministro de agua a los ciudadanos estuviera asegurado con un caudal de 7.800.000 m3 al año. Igualmente, o al menos de las intervenciones de los miembros del gobierno local así se interpretaba, la empresa concesionaria se comprometía a negociar un convenio para el personal que ejercía sus funciones en la planta desaladora.
Ahora nuestro responsable de Economía nos dice en su informe las causas que motivan esta variación en las condiciones del contrato: “la necesidad de regularizar y normalizar las relaciones laborales de los trabajadores de la Planta y la conveniencia de introducir determinadas modificaciones en el proyecto de inversión inicial”. Dos razones que deben ser “suficientes” para justificar ante nuestras autoridades el cambio de las condiciones del contrato que, como supondrán, consisten en subir el coste del metro cúbico de agua casi un 15% de 0.5160 euros el m3 a 0.5931 y el importe de las obras un 55.58% de 5.838.000 euros a 9.082.000.
Si para nuestro edil estas dos cuestiones son suficientes para defender los cambios en la concesión, para mí sólo son dos tapaderas sin fundamento que sólo pretenden cubrir o la exigencia de una nueva subida del suministro de este bien público por parte de la empresa concesionaria o la equivocación a la hora de describir el proyecto. En el debate que se produjo con la privatización de la planta desaladora el concejal del Partido Popular en ese momento Hurtado de Mendoza decía sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la planta: “una de las adjudicatarias sí plantea en su propuesta de licitación mejoras sustanciales en las condiciones de los trabajadores y nadie presenta algo que no es exigible en un pliego de condiciones” y el informe de la comisión técnica decía “la comisión estima conveniente sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada, se obtenga de la empresa Ferrovial-Cadagua, el compromiso de que se proceda a la mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la IDAM, sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada”. De estas palabras deduzco que las condiciones laborales que justifican los cambios en la concesión estaban incluidas en el pliego de condiciones del concurso, luego la firma del Convenio Colectivo lo único que supone es el cumplimiento de uno de los compromisos de ese contrato firmado por la empresa.
En segundo lugar las modificaciones en las obras que nuestro concejal nos explica son: la adecuación de las instalaciones del depósito de San José, la modificación del depósito del Serrallo y unas reformas en la planta desaladora. Uno se queda anonadado ante estas obras, el depósito de San José, del que se paralizaron las obras en 1.999, ¿el año pasado se desconocía su absoluta necesidad para el abastecimiento durante las 24 horas y por ello no se incluyeron en el pliego de condiciones?; el depósito del Serrallo, que es el que se ha realizado para acumular los 20.000 metros cúbicos, ¿carecía de la definición del emplazamiento definitivo (sic) y se detectaron algunos “herrores” (sic) de consideración en las mediciones efectuadas?; y por último en la desaladora se olvidó adecuar la capacidad eléctrica y otras pequeñeces. En total estas obras de reforma suponen 3.586.550,45 euros (unos seiscientos millones de nuestras pesetas), elevando el coste de la obra en más de la mitad de lo previsto, quizás este volumen de negocio si hubiera sido atractivo a otras empresas, pues sólo se presentaron dos. Si estas obras no estaban contempladas en el pliego de condiciones más bien habría que buscar a los responsables del proyecto que, desde mi desconocimiento técnico, no previeron estas cuestiones en algunos casos fundamentales para el desarrollo de la desaladora. Además el cambio en más del cincuenta por ciento del valor de la obra supondría la resolución del contrato y la realización de un nuevo concurso ante la variación mucha más que significativa del objeto del contrato.
Considero que no se cumple ninguna de las razones que nuestro edil nos da para defender esta subida del agua y que ello tan sólo supone un pago para que la empresa concesionaria obtenga su beneficio a costa de los bolsillos de los ceutíes (ahora del presupuesto municipal y del estatal, más adelante en el recibo del agua) con la necesidad que tiene nuestra ciudad de ese dinero para aplicarlo a otras inversiones generadoras de empleo, porque si con el dinero del estado se paga el recibo del agua, se restará de otra cesta. Otra muestra de la gestión que nuestros ediles populares realizan, ¿qué intereses se defienden? Esta subida tan sólo supone un trasvase de fondos a la empresa concesionaria y más parece el pago del segundo plazo que la adecuación de un proyecto un año después de hacerse.
Con la firma de ese Convenio la empresa se comprometía a la construcción del cuarto módulo y de un depósito de 20.000 m3 que diera capacidad suficiente para que el suministro de agua a los ciudadanos estuviera asegurado con un caudal de 7.800.000 m3 al año. Igualmente, o al menos de las intervenciones de los miembros del gobierno local así se interpretaba, la empresa concesionaria se comprometía a negociar un convenio para el personal que ejercía sus funciones en la planta desaladora.
Ahora nuestro responsable de Economía nos dice en su informe las causas que motivan esta variación en las condiciones del contrato: “la necesidad de regularizar y normalizar las relaciones laborales de los trabajadores de la Planta y la conveniencia de introducir determinadas modificaciones en el proyecto de inversión inicial”. Dos razones que deben ser “suficientes” para justificar ante nuestras autoridades el cambio de las condiciones del contrato que, como supondrán, consisten en subir el coste del metro cúbico de agua casi un 15% de 0.5160 euros el m3 a 0.5931 y el importe de las obras un 55.58% de 5.838.000 euros a 9.082.000.
Si para nuestro edil estas dos cuestiones son suficientes para defender los cambios en la concesión, para mí sólo son dos tapaderas sin fundamento que sólo pretenden cubrir o la exigencia de una nueva subida del suministro de este bien público por parte de la empresa concesionaria o la equivocación a la hora de describir el proyecto. En el debate que se produjo con la privatización de la planta desaladora el concejal del Partido Popular en ese momento Hurtado de Mendoza decía sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la planta: “una de las adjudicatarias sí plantea en su propuesta de licitación mejoras sustanciales en las condiciones de los trabajadores y nadie presenta algo que no es exigible en un pliego de condiciones” y el informe de la comisión técnica decía “la comisión estima conveniente sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada, se obtenga de la empresa Ferrovial-Cadagua, el compromiso de que se proceda a la mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la IDAM, sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada”. De estas palabras deduzco que las condiciones laborales que justifican los cambios en la concesión estaban incluidas en el pliego de condiciones del concurso, luego la firma del Convenio Colectivo lo único que supone es el cumplimiento de uno de los compromisos de ese contrato firmado por la empresa.
En segundo lugar las modificaciones en las obras que nuestro concejal nos explica son: la adecuación de las instalaciones del depósito de San José, la modificación del depósito del Serrallo y unas reformas en la planta desaladora. Uno se queda anonadado ante estas obras, el depósito de San José, del que se paralizaron las obras en 1.999, ¿el año pasado se desconocía su absoluta necesidad para el abastecimiento durante las 24 horas y por ello no se incluyeron en el pliego de condiciones?; el depósito del Serrallo, que es el que se ha realizado para acumular los 20.000 metros cúbicos, ¿carecía de la definición del emplazamiento definitivo (sic) y se detectaron algunos “herrores” (sic) de consideración en las mediciones efectuadas?; y por último en la desaladora se olvidó adecuar la capacidad eléctrica y otras pequeñeces. En total estas obras de reforma suponen 3.586.550,45 euros (unos seiscientos millones de nuestras pesetas), elevando el coste de la obra en más de la mitad de lo previsto, quizás este volumen de negocio si hubiera sido atractivo a otras empresas, pues sólo se presentaron dos. Si estas obras no estaban contempladas en el pliego de condiciones más bien habría que buscar a los responsables del proyecto que, desde mi desconocimiento técnico, no previeron estas cuestiones en algunos casos fundamentales para el desarrollo de la desaladora. Además el cambio en más del cincuenta por ciento del valor de la obra supondría la resolución del contrato y la realización de un nuevo concurso ante la variación mucha más que significativa del objeto del contrato.
Considero que no se cumple ninguna de las razones que nuestro edil nos da para defender esta subida del agua y que ello tan sólo supone un pago para que la empresa concesionaria obtenga su beneficio a costa de los bolsillos de los ceutíes (ahora del presupuesto municipal y del estatal, más adelante en el recibo del agua) con la necesidad que tiene nuestra ciudad de ese dinero para aplicarlo a otras inversiones generadoras de empleo, porque si con el dinero del estado se paga el recibo del agua, se restará de otra cesta. Otra muestra de la gestión que nuestros ediles populares realizan, ¿qué intereses se defienden? Esta subida tan sólo supone un trasvase de fondos a la empresa concesionaria y más parece el pago del segundo plazo que la adecuación de un proyecto un año después de hacerse.
domingo, 12 de octubre de 2003
Ya tenemos Tómbola
Como en los buenos tiempos de la Roma Imperial, nuestros dirigentes nos han ofrecido con el comienzo del otoño las nuevas diversiones para el entretenimiento de las masas y así evitar que caigan en el mal camino que puede producir el pensamiento, el consabido pan y circo de los romanos nos lo han sustituido por el fútbol y la tómbola, porque, a la apuesta realizada por nuestro Alcalde para tener un equipo en segunda división “A”, cueste lo que cueste, se ha añadido a nuestra parrilla televisiva el grandioso programa Tómbola, programa cultural que sirve para elevar la educación de nuestros conciudadanos.
Mientras tanto nuestra estructura económica sigue paralizada, nuestra primera autoridad sólo sabe sacar planes, proyectos, estudios, pero los cambios no llegan a implantarse en nuestra sociedad. Los últimos datos del número de parados en las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) vuelven a ser preocupantes, en el mes de septiembre existen 202 parados más que el año pasado, la cifra más alta de la última década en este mes, mes que empezaba a ser creador de empleo y que se nos ha rebelado con una bofetada en la cara para que nuestro gobierno municipal reaccione.
No podemos seguir siendo una ciudad subvencionada, los planes de empleo tienen su validez, cumplen unos objetivos sociales muy dignos, pero también deben cubrir objetivos económicos, formar a nuevos trabajadores en las ramas que se deseen potenciar en la estructura económica a la que se tiende; no podemos seguir viviendo del presupuesto del Estado, confiando en las subvenciones de los distintos fondos compensatorios que vengan a paliar la falta de ingresos de nuestra economía; y los fondos europeos tienen un plazo de vida que empieza a ser demasiado corto para reaccionar. El proyecto económico de nuestro Alcalde está haciendo aguas, y ello porque él es el único que se lo cree, a pesar del grupo que le rodea y que empieza a aislarlo de la realidad, indicándole lo bien que lo hace y que el nuevo candidato lo tiene en su libreta azul. No podemos seguir creyendo que nuestra economía puede girar en torno al turismo si no sabemos aprovechar nuestras ventajas y oportunidades; si cada dos por tres estamos cambiando al público objetivo al que nos dirigimos en función del viento que sople o del dinero que nos quede en el presupuesto, sin ideas ni capacidad de decisión en quienes llevan el departamento, acostumbrados más a controlar los excesos y devaneos que a crear ideas; no podemos basarnos en el desarrollo de un puerto que en el medio plazo dejará de ser competitivo por la falta de planificación (hasta el Presidente de la República Francesa se acerca a Tánger para ver que puede sacar; o nuestro Ministro de Fomento, Sr. Álvarez Cascos, visita el reino alauita y apoya la participación de las empresas españolas en el desarrollo del puerto de esta ciudad; quizás deberíamos tener una visión más amplia de nuestro entorno y dejar de mirarnos el ombligo); no podemos basar nuestro desarrollo en una industria ligera con clara vocación exportadora porque nuestros costes salariales son muy elevados comprados con los nuevos socios comunitarios del este europeo, no existe un lugar donde puedan implantarse las industrias ni hay voluntad para crearlo, ni tampoco existe una política de transporte que permita colocar nuestros productos de una forma competitiva en Europa; por eso la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nos coloca un varadero como proyecto industrial, será porque somos un objetivo prioritario para esta empresa o quizás porque sus técnicos no encuentran en qué sector somos competitivos para poder colocarnos esa industria con la que sueña nuestro Alcalde.
Y el comercio que es el único sector que puede sacarnos las castañas del fuego ni se potencia, ni se le apoya y se le cierra la frontera, dicen que por seguridad, que se lo digan a los empresarios que sufren robos e incluso asaltos a mano armada en unos polígonos que padecen el olvido de nuestra autoridad y sin servicios básicos. Y a pesar de que se cierra la frontera, en nuestras calles siguen apareciendo cada día nuevos inmigrantes irregulares, quizás hubieran tenido un mejor uso los millones gastados en la impermeabilización de nuestra frontera si lo hubiéramos dedicado a desarrollar nuestra economía.
A pesar de ello nuestro primer edil sigue convencido de que en estos cien días, como si el año y medio anterior hubiese sido otro el responsable, se ha avanzado en el desarrollo de nuestra sociedad, sus proyectos son los únicos válidos y por ello no es necesario hablar ni con los sindicatos, ni con la oposición, ni con nadie, que hubieran sacado más votos. Sin embargo los datos son obstinados y siguen indicando que la situación ni ha sido, ni es, ni será buena con esta política. Pero existen otras formas para poder crear riqueza, futuro tenemos, sólo hay que abrirle la puerta.
Mientras tanto nuestra estructura económica sigue paralizada, nuestra primera autoridad sólo sabe sacar planes, proyectos, estudios, pero los cambios no llegan a implantarse en nuestra sociedad. Los últimos datos del número de parados en las listas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) vuelven a ser preocupantes, en el mes de septiembre existen 202 parados más que el año pasado, la cifra más alta de la última década en este mes, mes que empezaba a ser creador de empleo y que se nos ha rebelado con una bofetada en la cara para que nuestro gobierno municipal reaccione.
No podemos seguir siendo una ciudad subvencionada, los planes de empleo tienen su validez, cumplen unos objetivos sociales muy dignos, pero también deben cubrir objetivos económicos, formar a nuevos trabajadores en las ramas que se deseen potenciar en la estructura económica a la que se tiende; no podemos seguir viviendo del presupuesto del Estado, confiando en las subvenciones de los distintos fondos compensatorios que vengan a paliar la falta de ingresos de nuestra economía; y los fondos europeos tienen un plazo de vida que empieza a ser demasiado corto para reaccionar. El proyecto económico de nuestro Alcalde está haciendo aguas, y ello porque él es el único que se lo cree, a pesar del grupo que le rodea y que empieza a aislarlo de la realidad, indicándole lo bien que lo hace y que el nuevo candidato lo tiene en su libreta azul. No podemos seguir creyendo que nuestra economía puede girar en torno al turismo si no sabemos aprovechar nuestras ventajas y oportunidades; si cada dos por tres estamos cambiando al público objetivo al que nos dirigimos en función del viento que sople o del dinero que nos quede en el presupuesto, sin ideas ni capacidad de decisión en quienes llevan el departamento, acostumbrados más a controlar los excesos y devaneos que a crear ideas; no podemos basarnos en el desarrollo de un puerto que en el medio plazo dejará de ser competitivo por la falta de planificación (hasta el Presidente de la República Francesa se acerca a Tánger para ver que puede sacar; o nuestro Ministro de Fomento, Sr. Álvarez Cascos, visita el reino alauita y apoya la participación de las empresas españolas en el desarrollo del puerto de esta ciudad; quizás deberíamos tener una visión más amplia de nuestro entorno y dejar de mirarnos el ombligo); no podemos basar nuestro desarrollo en una industria ligera con clara vocación exportadora porque nuestros costes salariales son muy elevados comprados con los nuevos socios comunitarios del este europeo, no existe un lugar donde puedan implantarse las industrias ni hay voluntad para crearlo, ni tampoco existe una política de transporte que permita colocar nuestros productos de una forma competitiva en Europa; por eso la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nos coloca un varadero como proyecto industrial, será porque somos un objetivo prioritario para esta empresa o quizás porque sus técnicos no encuentran en qué sector somos competitivos para poder colocarnos esa industria con la que sueña nuestro Alcalde.
Y el comercio que es el único sector que puede sacarnos las castañas del fuego ni se potencia, ni se le apoya y se le cierra la frontera, dicen que por seguridad, que se lo digan a los empresarios que sufren robos e incluso asaltos a mano armada en unos polígonos que padecen el olvido de nuestra autoridad y sin servicios básicos. Y a pesar de que se cierra la frontera, en nuestras calles siguen apareciendo cada día nuevos inmigrantes irregulares, quizás hubieran tenido un mejor uso los millones gastados en la impermeabilización de nuestra frontera si lo hubiéramos dedicado a desarrollar nuestra economía.
A pesar de ello nuestro primer edil sigue convencido de que en estos cien días, como si el año y medio anterior hubiese sido otro el responsable, se ha avanzado en el desarrollo de nuestra sociedad, sus proyectos son los únicos válidos y por ello no es necesario hablar ni con los sindicatos, ni con la oposición, ni con nadie, que hubieran sacado más votos. Sin embargo los datos son obstinados y siguen indicando que la situación ni ha sido, ni es, ni será buena con esta política. Pero existen otras formas para poder crear riqueza, futuro tenemos, sólo hay que abrirle la puerta.
domingo, 21 de septiembre de 2003
De visita en Trípoli
Una vez finalizada la elección del sucesor y colocada a la oposición en el lugar que le corresponde tras el rapapolvo parlamentario correspondiente y realizada la foto oficial de los veinticinco años constitucionales, nuestro excelso Presidente del Gobierno ha partido hacia el mundo exterior, como gallardo Don Quijote, a desfacer entuertos que otros dirigentes no han podido solucionar y ya iba siendo hora que un gran líder los acometiera.
La primera parada que nuestro invicto Presidente ha hecho para realzar su grandioso viaje internacional ha sido en Libia, lugar que está dirigido por un extravagante Muammar Mohamed El Gadafi, quien lleva en el poder casi 35 años con la creación de una república autogestionaria tras derrocar al rey Idris. Este sátrapa que dirige con su heterodoxo Libro Verde, pero sobre todo con mano de hierro su país, ha sido uno de los principales padrinos de organizaciones terroristas de cualquier lugar del mundo (palestinos, saudíes, sudamericanos, asiáticos, irlandeses y muy probablemente a los por algunos designados “activistas” vascos) y que no ha dudado en utilizar él mismo el terror en pro de sus intereses, como así ha sido probado en los atentados contra dos aviones comerciales de la Pan Am y de UTA en los que intervinieron los servicios secretos de este dictador para derribarlos causando cuatrocientos cuarenta muertos.
Las dudas asaltan sobre las razones que justifican la visita a semejante asesino, si Aznar ha hecho de la lucha contra el terrorismo estandarte de su política interior, si justifica el envío de tropas españolas a un país como Irak de acuerdo con esa política antiterrorista en su ámbito internacional, es incomprensible que ahora nuestro adalid de la paz, entre ósculos y sonrisas y bajo la jaima del tirano, acabe con el asilamiento de este déspota. Desde el Palacio de la Moncloa, los portavoces del Gobierno español acuden raudos a dar justificaciones a esta entrevista, que si se busca una solución al conflicto entre Israel y Palestina, que si se pretende un acercamiento europeo a Libia para conseguir la firma de un convenio pues es el único país norteafricano que no tiene ningún acuerdo con la Unión Europea o que se pretende potenciar las relaciones económicas entre ambos países para poder solucionar el desequilibrio comercial que existe a favor de los libios, por la importación de gas y petróleo.
Pero ni Gadafi se habla con Arafat y menos con los dirigentes israelíes, ni Aznar mantiene una relación con Sharon o con la Autoridad Palestina que permita augurar un diálogo encaminado a solucionar el polvorín del Oriente Próximo. Tampoco parece que la visita de Aznar vaya a conseguir que las relaciones entre Libia y Europa se conviertan en una balsa de aceite, no sólo por la oposición francesa al tirano, sino porque nuestro presidente del gobierno poco representa a un concepto de política europea única, cuando ha sido una mera correa de transmisión de las ideas de la Administración Bush. Y no creo que con esta visita se vaya a conseguir cuadrar la balanza comercial entre ambos países cuando no ha sido posible durante los últimos años y no parece que el coronel libio esté por la labor de mejorar los intercambios. Si sus amigos desean realizar negocios en ese país, que sean esos empresarios quienes realicen esas citas, pero no puede quedar en entredicho el puesto de Presidente del Gobierno de España.
Las únicas condiciones que han cambiado entre el mundo y este tirano es el pago de unas indemnizaciones a las víctimas de los atentados terroristas, y con ello el levantamiento de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas, pero ¿el tirar de talonario le permite limpiar su pasado y convertirse en un líder democrático y apto para la convivencia mundial? ¿es ahora menos terrorista que antes o menos de lo que lo era Sadam Hussein? ¿No debería estar pagando sus culpas ante el Tribunal Penal Internacional, del que por cierto el reino de España es miembro? Con el terrorismo no se pueden tener ni dudas, ni resquicios, ni dobles lecturas, el que lo usa como arma debe ser juzgado por ello y condenado; quien se convierte en su luchador no puede negar el pan y la sal a quien puede tener otras opciones en esa lucha y al mismo tiempo estrechar la mano de quien con su dinero ha querido lavar sus manos manchadas de sangre de inocentes vilmente asesinados. Con esta visita lo único que ha conseguido Aznar ha sido confundirnos sobre su actitud ante esta lacra y pensar que utiliza un doble rasero a la hora de juzgar a unos y otros en función de los intereses de cada momento.
La primera parada que nuestro invicto Presidente ha hecho para realzar su grandioso viaje internacional ha sido en Libia, lugar que está dirigido por un extravagante Muammar Mohamed El Gadafi, quien lleva en el poder casi 35 años con la creación de una república autogestionaria tras derrocar al rey Idris. Este sátrapa que dirige con su heterodoxo Libro Verde, pero sobre todo con mano de hierro su país, ha sido uno de los principales padrinos de organizaciones terroristas de cualquier lugar del mundo (palestinos, saudíes, sudamericanos, asiáticos, irlandeses y muy probablemente a los por algunos designados “activistas” vascos) y que no ha dudado en utilizar él mismo el terror en pro de sus intereses, como así ha sido probado en los atentados contra dos aviones comerciales de la Pan Am y de UTA en los que intervinieron los servicios secretos de este dictador para derribarlos causando cuatrocientos cuarenta muertos.
Las dudas asaltan sobre las razones que justifican la visita a semejante asesino, si Aznar ha hecho de la lucha contra el terrorismo estandarte de su política interior, si justifica el envío de tropas españolas a un país como Irak de acuerdo con esa política antiterrorista en su ámbito internacional, es incomprensible que ahora nuestro adalid de la paz, entre ósculos y sonrisas y bajo la jaima del tirano, acabe con el asilamiento de este déspota. Desde el Palacio de la Moncloa, los portavoces del Gobierno español acuden raudos a dar justificaciones a esta entrevista, que si se busca una solución al conflicto entre Israel y Palestina, que si se pretende un acercamiento europeo a Libia para conseguir la firma de un convenio pues es el único país norteafricano que no tiene ningún acuerdo con la Unión Europea o que se pretende potenciar las relaciones económicas entre ambos países para poder solucionar el desequilibrio comercial que existe a favor de los libios, por la importación de gas y petróleo.
Pero ni Gadafi se habla con Arafat y menos con los dirigentes israelíes, ni Aznar mantiene una relación con Sharon o con la Autoridad Palestina que permita augurar un diálogo encaminado a solucionar el polvorín del Oriente Próximo. Tampoco parece que la visita de Aznar vaya a conseguir que las relaciones entre Libia y Europa se conviertan en una balsa de aceite, no sólo por la oposición francesa al tirano, sino porque nuestro presidente del gobierno poco representa a un concepto de política europea única, cuando ha sido una mera correa de transmisión de las ideas de la Administración Bush. Y no creo que con esta visita se vaya a conseguir cuadrar la balanza comercial entre ambos países cuando no ha sido posible durante los últimos años y no parece que el coronel libio esté por la labor de mejorar los intercambios. Si sus amigos desean realizar negocios en ese país, que sean esos empresarios quienes realicen esas citas, pero no puede quedar en entredicho el puesto de Presidente del Gobierno de España.
Las únicas condiciones que han cambiado entre el mundo y este tirano es el pago de unas indemnizaciones a las víctimas de los atentados terroristas, y con ello el levantamiento de las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas, pero ¿el tirar de talonario le permite limpiar su pasado y convertirse en un líder democrático y apto para la convivencia mundial? ¿es ahora menos terrorista que antes o menos de lo que lo era Sadam Hussein? ¿No debería estar pagando sus culpas ante el Tribunal Penal Internacional, del que por cierto el reino de España es miembro? Con el terrorismo no se pueden tener ni dudas, ni resquicios, ni dobles lecturas, el que lo usa como arma debe ser juzgado por ello y condenado; quien se convierte en su luchador no puede negar el pan y la sal a quien puede tener otras opciones en esa lucha y al mismo tiempo estrechar la mano de quien con su dinero ha querido lavar sus manos manchadas de sangre de inocentes vilmente asesinados. Con esta visita lo único que ha conseguido Aznar ha sido confundirnos sobre su actitud ante esta lacra y pensar que utiliza un doble rasero a la hora de juzgar a unos y otros en función de los intereses de cada momento.
domingo, 14 de septiembre de 2003
Cancún: ¿Una apuesta por la esperanza?
Desde el miércoles pasado se celebra en Cancún, paradisíaca ciudad del Caribe mejicano, la quinta conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tras la II Guerra Mundial, los países vencedores entendieron necesario la creación de una serie de instituciones internacionales que permitieran el control de las distintas economías mundiales y lograr una estabilización que impidiera volver a crear crisis que condujeran a nuevos conflictos internacionales. Uno de los principales impulsores de estas instituciones fue el prestigioso economista John M. Keynes, gracias a sus esfuerzos se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Sin embargo la OMC no logró constituirse hasta 1.995 debido a la fuerte oposición de los Estados Unidos de América del Norte entre otros países y tan sólo funcionó el acuerdo conocido por sus siglas en inglés GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio).
El objetivo que persigue la OMC es bien sencillo: intentar alcanzar un libre comercio mundial, de forma que se reduzcan los aranceles que se imponen a los productos de otros países y desaparezcan las trabas que dificultan los intercambios económicos, así como el cese de las subvenciones que directa o indirectamente reciben los productos que provocan un desajuste en su precio final. A pesar de que el liberalismo económico tiene como fundamento teórico el libre mercado, son los países que se consideran más liberales los que más problemas e impedimentos ponen a la libre circulación de las mercancías.
Las principales negociaciones de la ronda de Cancún se centrarán en la agricultura, y ello porque este sector económico supone cerca del 60% de la población activa de estos países, es incomprensible como se subvencionan productos en los países desarrollados (maíz, trigo, azúcar) con una sobreproducción que es enviada a otros países con nuevos apoyos que hacen venderlos por debajo del coste de producción (lo que se conoce en economía como dumping) hundiendo a los agricultores de países pobres a los que se les impone elevados aranceles y trabas burocráticas para vender sus productos y se les condena a la ruina. Así el jueves pasado el líder agrícola surcoreano Kung Hae Lee se suicidaba ante las cámaras de televisión clavándose su puñal en el corazón, antes había escrito una carta en la que decía “soy un granjero de Corea del Sur y hemos intentado resolver nuestros problemas nosotros mismos, sin embargo he fracasado como ha fracasado la mayoría de los dirigentes campesinos en otras partes”.
Un informe del BM estima que una pequeña reducción de los aranceles del 10% en la agricultura y de un 50% en los productos manufacturados permitiría sacar de la pobreza a 150 millones de personas, pero el principal problema para conseguir este pequeño acuerdo son los países desarrollados quienes presionados por las grandes empresas y terratenientes que obtienen esas subvenciones se oponen a desmantelar sus barreras, acusándose unos a otros de continuar con las trabas al comercio. Sin un cambio de actitud de los dos grandes bloques difícilmente se podrá lograr un acuerdo que conduzca al desarrollo de la economía mundial, pues de una forma egoísta el desarrollo de los países desarrollados provocará un mayor desarrollo del primer mundo, el consumo de estas personas crecería induciendo una mayor compra de otros productos, en su inmensa mayoría relacionados de alguna forma con los países desarrollados.
Pero el sector agrícola o el de la industria textil no son los únicos que necesitan de un acuerdo, el de los medicamentos es otro que necesita avanzar en los pactos entre los distintos países, y ello a pesar del reciente acuerdo que en materia de patentes y salud pública se ha conseguido que permite el uso de medicamentos genéricos a países que no pueden pagar las patentes, aunque es insuficiente porque se producen trabas a la importación de estos productos totalmente necesarios en enfermedades como el sida o la tuberculosis en aquellos países que no poseen una capacidad de producción farmacéutica, no pudiéndose surtir de otros países en vías de desarrollo que sí la poseen.
A pesar de las dificultades es necesario llegar a un acuerdo que permita a todos los países del tercer mundo salir del círculo vicioso en que se encuentran sumidas y poder ofrecerles a sus ciudadanos una oportunidad de vida en su propio país. Y como terminaba el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Anan: “Ojalá que Cancún transmita al mundo un mensaje de esperanza, de esperanza en que el comercio cumpla sus promesas para con todos”.
El objetivo que persigue la OMC es bien sencillo: intentar alcanzar un libre comercio mundial, de forma que se reduzcan los aranceles que se imponen a los productos de otros países y desaparezcan las trabas que dificultan los intercambios económicos, así como el cese de las subvenciones que directa o indirectamente reciben los productos que provocan un desajuste en su precio final. A pesar de que el liberalismo económico tiene como fundamento teórico el libre mercado, son los países que se consideran más liberales los que más problemas e impedimentos ponen a la libre circulación de las mercancías.
Las principales negociaciones de la ronda de Cancún se centrarán en la agricultura, y ello porque este sector económico supone cerca del 60% de la población activa de estos países, es incomprensible como se subvencionan productos en los países desarrollados (maíz, trigo, azúcar) con una sobreproducción que es enviada a otros países con nuevos apoyos que hacen venderlos por debajo del coste de producción (lo que se conoce en economía como dumping) hundiendo a los agricultores de países pobres a los que se les impone elevados aranceles y trabas burocráticas para vender sus productos y se les condena a la ruina. Así el jueves pasado el líder agrícola surcoreano Kung Hae Lee se suicidaba ante las cámaras de televisión clavándose su puñal en el corazón, antes había escrito una carta en la que decía “soy un granjero de Corea del Sur y hemos intentado resolver nuestros problemas nosotros mismos, sin embargo he fracasado como ha fracasado la mayoría de los dirigentes campesinos en otras partes”.
Un informe del BM estima que una pequeña reducción de los aranceles del 10% en la agricultura y de un 50% en los productos manufacturados permitiría sacar de la pobreza a 150 millones de personas, pero el principal problema para conseguir este pequeño acuerdo son los países desarrollados quienes presionados por las grandes empresas y terratenientes que obtienen esas subvenciones se oponen a desmantelar sus barreras, acusándose unos a otros de continuar con las trabas al comercio. Sin un cambio de actitud de los dos grandes bloques difícilmente se podrá lograr un acuerdo que conduzca al desarrollo de la economía mundial, pues de una forma egoísta el desarrollo de los países desarrollados provocará un mayor desarrollo del primer mundo, el consumo de estas personas crecería induciendo una mayor compra de otros productos, en su inmensa mayoría relacionados de alguna forma con los países desarrollados.
Pero el sector agrícola o el de la industria textil no son los únicos que necesitan de un acuerdo, el de los medicamentos es otro que necesita avanzar en los pactos entre los distintos países, y ello a pesar del reciente acuerdo que en materia de patentes y salud pública se ha conseguido que permite el uso de medicamentos genéricos a países que no pueden pagar las patentes, aunque es insuficiente porque se producen trabas a la importación de estos productos totalmente necesarios en enfermedades como el sida o la tuberculosis en aquellos países que no poseen una capacidad de producción farmacéutica, no pudiéndose surtir de otros países en vías de desarrollo que sí la poseen.
A pesar de las dificultades es necesario llegar a un acuerdo que permita a todos los países del tercer mundo salir del círculo vicioso en que se encuentran sumidas y poder ofrecerles a sus ciudadanos una oportunidad de vida en su propio país. Y como terminaba el secretario de las Naciones Unidas, Kofi Anan: “Ojalá que Cancún transmita al mundo un mensaje de esperanza, de esperanza en que el comercio cumpla sus promesas para con todos”.
domingo, 7 de septiembre de 2003
El Día de la autonomía
El pasado martes celebrábamos el llamado día de la “autonomía”, fecha en la que oficialmente nuestro ayuntamiento quiere ensalzar la concesión por parte de las Cortes Generales del Estatuto de la Ciudad de Ceuta. Nuestra primera autoridad ha querido que la fiesta no sea menos popular que con anteriores gobiernos y ha intentado darle el porte institucional que la ocasión requería, para ello nos ha traído al Presidente del Senado, la presunta Cámara de representación territorial, con el fin de darle el realce necesario a una conmemoración que todavía no ha calado en las tradiciones de los ceutíes, sobre todo porque las costumbres no se imponen a base de reglamento (pues aquí decretos no hay, como mucho algún que otro ucase si suele utilizarse).
Nuestros partidos nacionales quieren convencernos de que lo que pactaron entrambos es un estatuto de autonomía y que con él se cumplen los deseos de esta sociedad que exigió, como ninguna otra en la calle y en las instituciones, ser parte de la organización territorial que la Constitución proclama; pero nuestros partidos consideraron que era más conveniente darnos esta carta municipal en función de nuestro posible desarrollo, y así evitar actuaciones no muy acordes con las actuales circunstancias, y entendieron que nuestro pueblo ni tuvo, ni tiene, ni tendrá la madurez suficiente para poder gobernarse como lo hace un murciano, un riojano o un cántabro, por no compararnos con otro tipo de autonomías con un mayor desarrollo y por ende con mayor poder de decisión. Por lo que cualquier ceutí puede sentirse discriminado en razón de su nacimiento o su lugar de residencia por no tener la capacidad de autogobierno que la Constitución ofrece al resto de los españoles, pero en esto de las discriminaciones hay para escribir un libro.
En esta ocasión nuestro Alcalde ha querido hacer de su discurso un inicio no sólo del año político sino de su nuevo mandato, desarrollando todo una disertación de las acciones que piensa desarrollar para que nuestra ciudad logre el desarrollo económico que deseamos y el espíritu de convivencia y cohesión por todos aspirado; pero de tanto oír a nuestro primer edil las mismas palabras en todas y cada una de sus intervenciones y observar que las cuestiones no parecen que vayan por el camino que se marca, se empieza a pensar que su oratoria suena a simple artilugio de lucimiento de su figura porque los cambios en nuestra sociedad no parecen alcanzar a sus estructuras por mucho que sigamos proyectando grandes planes de maquillaje de nuestra tierra. Y quizás debamos pensar que lleva razón en esa frase que tanto reitera de que Ceuta no es un problema, sino que Ceuta tiene problemas y puede que el primero y principal de sus problemas sea la incapacidad del consistorio que preside para dar soluciones a los de los ciudadanos que gobierna.
No sirven estos acontecimientos para promocionar nuestra tierra, ya que se proclama un día de la ciudad, se trae a una de las primeras autoridades del reino (no de las primeras del todo se vaya a molestar nuestro vecino) y se podría haber potenciado nuestra presencia en los medios de comunicación nacionales para que alguna que otra vez poder salir por cuestiones más atractivas de las que normalmente somos carnaza informativa (como el desmantelamiento del campamento de inmigrantes alegales); pero para ello hay que darles las cosas a los periodistas, hay que saber tratarlos y ofrecerles las noticias elaboradas para que sólo tengan que reproducirlas; o haber lanzado un cuadernillo promocional en alguno de los periódicos de tirada nacional para dar a conocer nuestra ciudad, y cuyo coste, en función de los resultados que se obtienen, es mucho más rentable que el mantener un club deportivo con eternas pretensiones de aspirante. En la prensa nacional que cayó en mis manos ni una sola reseña de la celebración de tan grandiosa fecha; en las televisiones que pude observar tampoco, el dedazo de nuestro Presidente del Gobierno se llevó todas las portadas, pero un hueco siempre queda. Sin embargo creo que nuestro Alcalde mantiene un gabinete de prensa o de nombre parecido, por lo que habrá que preguntarse si sirve para algo más que para subrayarle los artículos de opinión de ciertos colaboradores del decano de la prensa local. O puede que estemos esperando el desarrollo de aquella campaña que nuestro multifuncional cargo presentaba a bombo y platillo en la cámara alta a escasos meses de las elecciones municipales y que obligaba al gobierno de nuestro país a difundirla y de la que nada hemos vuelto a saber.
Con lo felices que estaríamos dentro de Andalucía, con una carta municipal que nos permitiera gestionar nuestros hechos diferenciales, pero todavía estamos a tiempo, ahora que el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Catalana, Pasqual Maragall propone la creación de las euroregiones, podríamos solicitar la creación de la euroregión del sur de Europa con nuestra hermana Melilla y la gran Andalucía y así poder por fin estar dentro de la organización territorial que nuestra Constitución establece y dejarnos de pretensiones de grandeza que ni nuestro bolsillo nos permite ni nuestro raciocinio nos aconseja.
Nuestros partidos nacionales quieren convencernos de que lo que pactaron entrambos es un estatuto de autonomía y que con él se cumplen los deseos de esta sociedad que exigió, como ninguna otra en la calle y en las instituciones, ser parte de la organización territorial que la Constitución proclama; pero nuestros partidos consideraron que era más conveniente darnos esta carta municipal en función de nuestro posible desarrollo, y así evitar actuaciones no muy acordes con las actuales circunstancias, y entendieron que nuestro pueblo ni tuvo, ni tiene, ni tendrá la madurez suficiente para poder gobernarse como lo hace un murciano, un riojano o un cántabro, por no compararnos con otro tipo de autonomías con un mayor desarrollo y por ende con mayor poder de decisión. Por lo que cualquier ceutí puede sentirse discriminado en razón de su nacimiento o su lugar de residencia por no tener la capacidad de autogobierno que la Constitución ofrece al resto de los españoles, pero en esto de las discriminaciones hay para escribir un libro.
En esta ocasión nuestro Alcalde ha querido hacer de su discurso un inicio no sólo del año político sino de su nuevo mandato, desarrollando todo una disertación de las acciones que piensa desarrollar para que nuestra ciudad logre el desarrollo económico que deseamos y el espíritu de convivencia y cohesión por todos aspirado; pero de tanto oír a nuestro primer edil las mismas palabras en todas y cada una de sus intervenciones y observar que las cuestiones no parecen que vayan por el camino que se marca, se empieza a pensar que su oratoria suena a simple artilugio de lucimiento de su figura porque los cambios en nuestra sociedad no parecen alcanzar a sus estructuras por mucho que sigamos proyectando grandes planes de maquillaje de nuestra tierra. Y quizás debamos pensar que lleva razón en esa frase que tanto reitera de que Ceuta no es un problema, sino que Ceuta tiene problemas y puede que el primero y principal de sus problemas sea la incapacidad del consistorio que preside para dar soluciones a los de los ciudadanos que gobierna.
No sirven estos acontecimientos para promocionar nuestra tierra, ya que se proclama un día de la ciudad, se trae a una de las primeras autoridades del reino (no de las primeras del todo se vaya a molestar nuestro vecino) y se podría haber potenciado nuestra presencia en los medios de comunicación nacionales para que alguna que otra vez poder salir por cuestiones más atractivas de las que normalmente somos carnaza informativa (como el desmantelamiento del campamento de inmigrantes alegales); pero para ello hay que darles las cosas a los periodistas, hay que saber tratarlos y ofrecerles las noticias elaboradas para que sólo tengan que reproducirlas; o haber lanzado un cuadernillo promocional en alguno de los periódicos de tirada nacional para dar a conocer nuestra ciudad, y cuyo coste, en función de los resultados que se obtienen, es mucho más rentable que el mantener un club deportivo con eternas pretensiones de aspirante. En la prensa nacional que cayó en mis manos ni una sola reseña de la celebración de tan grandiosa fecha; en las televisiones que pude observar tampoco, el dedazo de nuestro Presidente del Gobierno se llevó todas las portadas, pero un hueco siempre queda. Sin embargo creo que nuestro Alcalde mantiene un gabinete de prensa o de nombre parecido, por lo que habrá que preguntarse si sirve para algo más que para subrayarle los artículos de opinión de ciertos colaboradores del decano de la prensa local. O puede que estemos esperando el desarrollo de aquella campaña que nuestro multifuncional cargo presentaba a bombo y platillo en la cámara alta a escasos meses de las elecciones municipales y que obligaba al gobierno de nuestro país a difundirla y de la que nada hemos vuelto a saber.
Con lo felices que estaríamos dentro de Andalucía, con una carta municipal que nos permitiera gestionar nuestros hechos diferenciales, pero todavía estamos a tiempo, ahora que el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Catalana, Pasqual Maragall propone la creación de las euroregiones, podríamos solicitar la creación de la euroregión del sur de Europa con nuestra hermana Melilla y la gran Andalucía y así poder por fin estar dentro de la organización territorial que nuestra Constitución establece y dejarnos de pretensiones de grandeza que ni nuestro bolsillo nos permite ni nuestro raciocinio nos aconseja.
El Día de la autonomía
El pasado martes celebrábamos el llamado día de la “autonomía”, fecha en la que oficialmente nuestro ayuntamiento quiere ensalzar la concesión por parte de las Cortes Generales del Estatuto de la Ciudad de Ceuta. Nuestra primera autoridad ha querido que la fiesta no sea menos popular que con anteriores gobiernos y ha intentado darle el porte institucional que la ocasión requería, para ello nos ha traído al Presidente del Senado, la presunta Cámara de representación territorial, con el fin de darle el realce necesario a una conmemoración que todavía no ha calado en las tradiciones de los ceutíes, sobre todo porque las costumbres no se imponen a base de reglamento (pues aquí decretos no hay, como mucho algún que otro ucase sí suele utilizarse).
Nuestros partidos nacionales quieren convencernos de que lo que pactaron entrambos es un estatuto de autonomía y que con él se cumplen los deseos de esta sociedad que exigió, como ninguna otra en la calle y en las instituciones, ser parte de la organización territorial que la Constitución proclama; pero nuestros partidos consideraron que era más conveniente darnos esta carta municipal en función de nuestro posible desarrollo, y así evitar actuaciones no muy acordes con las actuales circunstancias, y entendieron que nuestro pueblo ni tuvo, ni tiene, ni tendrá la madurez suficiente para poder gobernarse como lo hace un murciano, un riojano o un cántabro, por no compararnos con otro tipo de autonomías con un mayor desarrollo y por ende con mayor poder de decisión. Por lo que cualquier ceutí puede sentirse discriminado en razón de su nacimiento o su lugar de residencia por no tener la capacidad de autogobierno que la Constitución ofrece al resto de los españoles, pero en esto de las discriminaciones hay para escribir un libro.
En esta ocasión nuestro Alcalde ha querido hacer de su discurso un inicio no sólo del año político sino de su nuevo mandato, desarrollando todo una disertación de las acciones que piensa desarrollar para que nuestra ciudad logre el desarrollo económico que deseamos y el espíritu de convivencia y cohesión por todos aspirado; pero de tanto oír a nuestro primer edil las mismas palabras en todas y cada una de sus intervenciones y observar que las cuestiones no parecen que vayan por el camino que se marca, se empieza a pensar que su oratoria suena a simple artilugio de lucimiento de su figura porque los cambios en nuestra sociedad no parecen alcanzar a sus estructuras por mucho que sigamos proyectando grandes planes de maquillaje de nuestra tierra. Y quizás debamos pensar que lleva razón en esa frase que tanto reitera de que Ceuta no es un problema, sino que Ceuta tiene problemas y puede que el primero y principal de sus problemas sea la incapacidad del consistorio que preside para dar soluciones a los de los ciudadanos que gobierna.
No sirven estos acontecimientos para promocionar nuestra tierra, ya que se proclama un día de la ciudad, se trae a una de las primeras autoridades del reino (no de las primeras del todo se vaya a molestar nuestro vecino) y se podría haber potenciado nuestra presencia en los medios de comunicación nacionales para que alguna que otra vez poder salir por cuestiones más atractivas de las que normalmente somos carnaza informativa (como el desmantelamiento del campamento de inmigrantes alegales); pero para ello hay que darles las cosas a los periodistas, hay que saber tratarlos y ofrecerles las noticias elaboradas para que sólo tengan que reproducirlas; o haber lanzado un cuadernillo promocional en alguno de los periódicos de tirada nacional para dar a conocer nuestra ciudad, y cuyo coste, en función de los resultados que se obtienen, es mucho más rentable que el mantener un club deportivo con eternas pretensiones de aspirante. En la prensa nacional que cayó en mis manos ni una sola reseña de la celebración de tan grandiosa fecha; en las televisiones que pude observar tampoco, el dedazo de nuestro Presidente del Gobierno se llevó todas las portadas, pero un hueco siempre queda. Sin embargo creo que nuestro Alcalde mantiene un gabinete de prensa o de nombre parecido, por lo que habrá que preguntarse si sirve para algo más que para subrayarle los artículos de opinión de ciertos colaboradores del decano de la prensa local. O puede que estemos esperando el desarrollo de aquella campaña que nuestro multifuncional cargo presentaba a bombo y platillo en la cámara alta a escasos meses de las elecciones municipales y que obligaba al gobierno de nuestro país a difundirla y de la que nada hemos vuelto a saber.Con lo felices que estaríamos dentro de Andalucía, con una carta municipal que nos permitiera gestionar nuestros hechos diferenciales, pero todavía estamos a tiempo, ahora que el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Catalana, Pasqual Maragall propone la creación de las euroregiones, podríamos solicitar la creación de la euroregión del sur de Europa con nuestra hermana Melilla y la gran Andalucía y así poder por fin estar dentro de la organización territorial que nuestra Constitución establece y dejarnos de pretensiones de grandeza que ni nuestro bolsillo nos permite ni nuestro raciocinio nos aconseja.
Nuestros partidos nacionales quieren convencernos de que lo que pactaron entrambos es un estatuto de autonomía y que con él se cumplen los deseos de esta sociedad que exigió, como ninguna otra en la calle y en las instituciones, ser parte de la organización territorial que la Constitución proclama; pero nuestros partidos consideraron que era más conveniente darnos esta carta municipal en función de nuestro posible desarrollo, y así evitar actuaciones no muy acordes con las actuales circunstancias, y entendieron que nuestro pueblo ni tuvo, ni tiene, ni tendrá la madurez suficiente para poder gobernarse como lo hace un murciano, un riojano o un cántabro, por no compararnos con otro tipo de autonomías con un mayor desarrollo y por ende con mayor poder de decisión. Por lo que cualquier ceutí puede sentirse discriminado en razón de su nacimiento o su lugar de residencia por no tener la capacidad de autogobierno que la Constitución ofrece al resto de los españoles, pero en esto de las discriminaciones hay para escribir un libro.
En esta ocasión nuestro Alcalde ha querido hacer de su discurso un inicio no sólo del año político sino de su nuevo mandato, desarrollando todo una disertación de las acciones que piensa desarrollar para que nuestra ciudad logre el desarrollo económico que deseamos y el espíritu de convivencia y cohesión por todos aspirado; pero de tanto oír a nuestro primer edil las mismas palabras en todas y cada una de sus intervenciones y observar que las cuestiones no parecen que vayan por el camino que se marca, se empieza a pensar que su oratoria suena a simple artilugio de lucimiento de su figura porque los cambios en nuestra sociedad no parecen alcanzar a sus estructuras por mucho que sigamos proyectando grandes planes de maquillaje de nuestra tierra. Y quizás debamos pensar que lleva razón en esa frase que tanto reitera de que Ceuta no es un problema, sino que Ceuta tiene problemas y puede que el primero y principal de sus problemas sea la incapacidad del consistorio que preside para dar soluciones a los de los ciudadanos que gobierna.
No sirven estos acontecimientos para promocionar nuestra tierra, ya que se proclama un día de la ciudad, se trae a una de las primeras autoridades del reino (no de las primeras del todo se vaya a molestar nuestro vecino) y se podría haber potenciado nuestra presencia en los medios de comunicación nacionales para que alguna que otra vez poder salir por cuestiones más atractivas de las que normalmente somos carnaza informativa (como el desmantelamiento del campamento de inmigrantes alegales); pero para ello hay que darles las cosas a los periodistas, hay que saber tratarlos y ofrecerles las noticias elaboradas para que sólo tengan que reproducirlas; o haber lanzado un cuadernillo promocional en alguno de los periódicos de tirada nacional para dar a conocer nuestra ciudad, y cuyo coste, en función de los resultados que se obtienen, es mucho más rentable que el mantener un club deportivo con eternas pretensiones de aspirante. En la prensa nacional que cayó en mis manos ni una sola reseña de la celebración de tan grandiosa fecha; en las televisiones que pude observar tampoco, el dedazo de nuestro Presidente del Gobierno se llevó todas las portadas, pero un hueco siempre queda. Sin embargo creo que nuestro Alcalde mantiene un gabinete de prensa o de nombre parecido, por lo que habrá que preguntarse si sirve para algo más que para subrayarle los artículos de opinión de ciertos colaboradores del decano de la prensa local. O puede que estemos esperando el desarrollo de aquella campaña que nuestro multifuncional cargo presentaba a bombo y platillo en la cámara alta a escasos meses de las elecciones municipales y que obligaba al gobierno de nuestro país a difundirla y de la que nada hemos vuelto a saber.Con lo felices que estaríamos dentro de Andalucía, con una carta municipal que nos permitiera gestionar nuestros hechos diferenciales, pero todavía estamos a tiempo, ahora que el candidato socialista a la presidencia de la Generalitat Catalana, Pasqual Maragall propone la creación de las euroregiones, podríamos solicitar la creación de la euroregión del sur de Europa con nuestra hermana Melilla y la gran Andalucía y así poder por fin estar dentro de la organización territorial que nuestra Constitución establece y dejarnos de pretensiones de grandeza que ni nuestro bolsillo nos permite ni nuestro raciocinio nos aconseja.
domingo, 31 de agosto de 2003
España.es
Tras el rotundo fracaso del plan Info XXI para el desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) elaborado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, se esperaba que su sustituto, Josep Piqué, rehiciera el proyecto buscando una solución que implicara a todos los afectados (administraciones, empresas del sector y usuarios), pero el plan España.es nace con las mismas sombras que su predecesor y parece que más se acerca a una campaña de imagen del aspirante a la presidencia de la Generalitat catalana, pues sus defectos empezarán a verse una vez se haya marchado del ministerio para iniciar la carrera electoral.
A pesar de que los inicios fueron alabados por las asociaciones y empresas del sector al crearse una comisión de expertos (Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información) presidida por Juan Soto (uno de las principales autoridades en la materia) que tenía como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la situación real de la SI en nuestro país y partiendo del mismo, proponer una serie de medidas que permitieran a nuestra sociedad acometer la implantación de este desarrollo social que nos conduzcan a la convergencia con Europa de una forma definitiva. Una vez presentado el informe, nuestro ministro Piqué se comprometió a llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones que la comisión había plasmado, pues serían la base del nuevo plan.
El plan España.es comprende seis campos de actuación: Administración.es (con el que se pretende impulsar definitivamente la Administración electrónica), Educación.es (pretende integrar las nuevas tecnologías como herramienta habitual en el proceso de enseñanza), Pyme.es (posibilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las tecnologías de la información y la comunicación), Navega.es (con el que se intenta llevar estas tecnologías a los ciudadanos), Contenidos.es ( su fin es crear unos contenidos digitales de calidad y aumentar la seguridad) y Comunicacion.es (con el que se persigue transmitir a los ciudadanos las posibilidades de estas tecnologías).
Si la primera propuesta de la Comisión era que el plan se concibiera mediante el consenso de todos los sectores implicados para “alcanzar un pacto nacional” y poder trabajar todos en el mismo sentido e implicarse en el posterior desarrollo del mismo, el diálogo no ha existido y las Administraciones autonómicas y locales y las empresas del sector no han participado en la concepción del mismo, con lo que difícilmente pueden asumir como propios unas medidas de las que no han participado, sintiendo que se trata de una cierta imposición de objetivos y prioridades del gobierno central que, en algunos casos, pueden ir en contra de los fines que persiguen los planes que cada comunidad autónoma tiene aprobados. Además el presupuesto del plan que alcanza un importe de 1.029 millones de euros debe aportarse en un 62% por el gobierno central, un 26% por las comunidades autónomas y el resto por el sector privado, si en la cuestión de las medidas ya pueden crearse desavenencias, imagínense si encima te hacen aportar dinero en algo en lo que no estás de acuerdo, ni sabes lo que es; por lo que hace pensar que este plan se ha lanzado más como precampaña electoral del candidato Piqué, gran experto en la utilización de los resortes del poder, que como un proyecto de Estado que nos permita acortar distancias con nuestros socios europeos.
Las iniciativas que se proponen van encaminadas más hacia los usuarios actuales que hacia la incorporación de nuevos clientes a estas nuevas tecnologías, no existen medidas concretas para apoyar el acceso de nuevos hogares a la SI (España es el segundo país más bajo de Europa en hogares conectados, sobre un 30% cuando la media es superior al 50%), lo primordial es incrementar el número de internautas para luego poder desarrollar la Administración Electrónica; pero no se hace mención a la universalización del acceso a Internet como derecho básico del ciudadano, serían apropiadas medidas como las ayudas para la compra de equipos informáticos para los hogares (que existen en algunos planes autonómicos), el fomento de la banda ancha en función de unos intereses de Estado y no de los privados, y sobre todo la reducción de los precios de acceso. Si no se potencia la banda ancha, la SI no se desarrollará a la velocidad necesaria, pudiendo producirse un retraso de unos doce años en relación con otras sociedades de nuestro entorno. Igualmente no se hace referencia al comercio electrónico, una de las bases de la SI y no se contempla ninguna medida para el desarrollo de este tipo empresas, debe ser porque nos encontramos en la cola europea de compradores a través de la red, tan sólo un dos por ciento y además estancados en esa cifra en los últimos años. Los objetivos que se marca el plan son ambiguos por lo que difícilmente se podrán medir sus resultados y sin poder medirlos cualquiera que se obtenga no sólo se dará por bueno, sino como de excelente por el político de turno, mientras los usuarios seguiremos sufriendo el mal desarrollo de estas tecnologías y perderemos una nueva oportunidad de acortar el diferencial tecnológico que nuestra economía tiene con relación a nuestros clientes europeos, cuestión que cada vez nos apremia más ante la ampliación de la Unión Europea hacia los países del este, con una estructura económica cada vez más similar a la nuestra, pero con unos costes muy inferiores.
A pesar de que los inicios fueron alabados por las asociaciones y empresas del sector al crearse una comisión de expertos (Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información) presidida por Juan Soto (uno de las principales autoridades en la materia) que tenía como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la situación real de la SI en nuestro país y partiendo del mismo, proponer una serie de medidas que permitieran a nuestra sociedad acometer la implantación de este desarrollo social que nos conduzcan a la convergencia con Europa de una forma definitiva. Una vez presentado el informe, nuestro ministro Piqué se comprometió a llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones que la comisión había plasmado, pues serían la base del nuevo plan.
El plan España.es comprende seis campos de actuación: Administración.es (con el que se pretende impulsar definitivamente la Administración electrónica), Educación.es (pretende integrar las nuevas tecnologías como herramienta habitual en el proceso de enseñanza), Pyme.es (posibilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las tecnologías de la información y la comunicación), Navega.es (con el que se intenta llevar estas tecnologías a los ciudadanos), Contenidos.es ( su fin es crear unos contenidos digitales de calidad y aumentar la seguridad) y Comunicacion.es (con el que se persigue transmitir a los ciudadanos las posibilidades de estas tecnologías).
Si la primera propuesta de la Comisión era que el plan se concibiera mediante el consenso de todos los sectores implicados para “alcanzar un pacto nacional” y poder trabajar todos en el mismo sentido e implicarse en el posterior desarrollo del mismo, el diálogo no ha existido y las Administraciones autonómicas y locales y las empresas del sector no han participado en la concepción del mismo, con lo que difícilmente pueden asumir como propios unas medidas de las que no han participado, sintiendo que se trata de una cierta imposición de objetivos y prioridades del gobierno central que, en algunos casos, pueden ir en contra de los fines que persiguen los planes que cada comunidad autónoma tiene aprobados. Además el presupuesto del plan que alcanza un importe de 1.029 millones de euros debe aportarse en un 62% por el gobierno central, un 26% por las comunidades autónomas y el resto por el sector privado, si en la cuestión de las medidas ya pueden crearse desavenencias, imagínense si encima te hacen aportar dinero en algo en lo que no estás de acuerdo, ni sabes lo que es; por lo que hace pensar que este plan se ha lanzado más como precampaña electoral del candidato Piqué, gran experto en la utilización de los resortes del poder, que como un proyecto de Estado que nos permita acortar distancias con nuestros socios europeos.
Las iniciativas que se proponen van encaminadas más hacia los usuarios actuales que hacia la incorporación de nuevos clientes a estas nuevas tecnologías, no existen medidas concretas para apoyar el acceso de nuevos hogares a la SI (España es el segundo país más bajo de Europa en hogares conectados, sobre un 30% cuando la media es superior al 50%), lo primordial es incrementar el número de internautas para luego poder desarrollar la Administración Electrónica; pero no se hace mención a la universalización del acceso a Internet como derecho básico del ciudadano, serían apropiadas medidas como las ayudas para la compra de equipos informáticos para los hogares (que existen en algunos planes autonómicos), el fomento de la banda ancha en función de unos intereses de Estado y no de los privados, y sobre todo la reducción de los precios de acceso. Si no se potencia la banda ancha, la SI no se desarrollará a la velocidad necesaria, pudiendo producirse un retraso de unos doce años en relación con otras sociedades de nuestro entorno. Igualmente no se hace referencia al comercio electrónico, una de las bases de la SI y no se contempla ninguna medida para el desarrollo de este tipo empresas, debe ser porque nos encontramos en la cola europea de compradores a través de la red, tan sólo un dos por ciento y además estancados en esa cifra en los últimos años. Los objetivos que se marca el plan son ambiguos por lo que difícilmente se podrán medir sus resultados y sin poder medirlos cualquiera que se obtenga no sólo se dará por bueno, sino como de excelente por el político de turno, mientras los usuarios seguiremos sufriendo el mal desarrollo de estas tecnologías y perderemos una nueva oportunidad de acortar el diferencial tecnológico que nuestra economía tiene con relación a nuestros clientes europeos, cuestión que cada vez nos apremia más ante la ampliación de la Unión Europea hacia los países del este, con una estructura económica cada vez más similar a la nuestra, pero con unos costes muy inferiores.
domingo, 24 de agosto de 2003
La responsabilidad social de la empresa
Los escándalos financieros que hemos contemplado en algunas grandes compañías multinacionales, que supuestamente eran las más competitivas del mercado, asesoradas y financiadas por los más prestigiosos bancos de inversiones del mundo, auditadas por las más acreditadas empresas del sector, entre sus accionistas estaban las más ensalzadas instituciones, en sus consejos de administración se sentaban los más influyentes consejeros independientes y eran dirigidas por los directivos mejor pagados gracias a unos sofisticados sistemas de retribución, han provocado un rechazo y una desconfianza a la forma en que se gobiernan las empresas, creyendo los más agoreros que nos encontramos ante la punta de un iceberg que puede poner en graves aprietos al propio sistema de libre mercado pues nos encontraríamos en un mundo empresarial corrupto, que ante la codicia de la “creación de valor para el accionista” se pone en práctica cualquier tipo de acciones con tal de continuar con el crecimiento en progresión geométrica de los beneficios y justificar esos sistemas de retribuciones que enriquecen a sus directivos. De repente nos hemos encontrado que todas las bases en que se cimentaba el libre mercado de la economía capitalista y la forma de gobernar las empresas se han venido abajo, desembocando en una difícil situación de la que será complicado salir. Hay quien ha considerado que estos fraudes marcarán más en el mundo occidental que los acontecimientos del once de septiembre de 2.001.
Pero no todo el monte es orégano y a la avidez de ciertos directivos y empresarios, otros empiezan a contestar justificando la existencia de la empresa más allá del objetivo de maximización del beneficio y la entienden como un ente social que debe estar integrado dentro del entorno en que se encuentra, asumiendo un compromiso no sólo económico, sino también social y medioambiental. La empresa no es un ente cerrado que se dedica a producir bienes y a sacar el máximo provecho, sino que es un conjunto de personas que conviven e interactúan en un sistema social, sus decisiones influyen en la sociedad en la que se encuentra introducida y las decisiones de ésta la afectan directamente, es por ello que no puede gestionarse una empresa sin tener en cuenta los intereses de los grupos que la componen y los que conforman su entorno. Bien es cierto que una empresa que funciona correctamente está generando un valor social, a través de los productos y servicios que crea, el empleo que genera y los impuestos que permiten una redistribución de la riqueza, pero es necesario dar un paso más y asumir un compromiso con la sociedad en la que se enmarca, se trata de integrar en la gestión de la empresa la responsabilidad social.
La Comisión Europea definió la responsabilidad social de la empresa como la tendencia que consiste en integrar aspectos medioambientales o sociales en la cultura y los valores de la empresa de manera que, por una parte, aparezcan vinculados a las diversas líneas de negocios, pero que, por otra, se realice involucrando a los diversos grupos de interés –accionistas, consumidores, trabajadores, inversores, autoridades públicas y organizaciones sociales. Se trata de una acción voluntaria de la empresa, no significa sólo cumplir las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, avanzando hacia nuevas exigencias (mayor inversión en capital humano, mejor relación con los interlocutores, mayor respeto por el medio ambiente) que, si bien son menos fuertes desde un punto de vista legal, porque en el fondo se trata de aspiraciones éticas, de requerimientos morales, no resultan menos importantes o incluso decisivas para la supervivencia de la propia empresa en un entorno cambiante, competitivo y globalizado.
El debate sobre la idea de la responsabilidad social ha llegado hasta las instituciones públicas donde se han producido proyectos como “El Pacto Mundial” auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ,una iniciativa de carácter voluntario destinada a servir de marco general para fomentar la responsabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo, basado en nueve principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente, su objetivo es que la adopción de valores y principios compartidos den un rostro humano al mercado mundial. La Comisión Europea presentó el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” con el ánimo de iniciar un amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas y cómo aprovechar las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y validación. La implementación de esta nueva forma de gestionar las empresas pretende obtener resultados positivos, no sólo económicamente, sino también en aspectos fundamentales como la confianza de los consumidores, la reputación, la fidelidad y la legitimidad de la empresa, de cara a su supervivencia y éxito a largo plazo; el único problema que observo es que todas estas iniciativas sean voluntarias, es incomprensible que el respeto de los derechos humanos, de la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso o del trabajo infantil así como la discriminación o el respeto por el medio ambiente se haga de una forma voluntaria por parte de las empresas; sería indispensable la intervención reguladora de los poderes públicos para evitar que la cuestión de la responsabilidad social de la empresa se convierta en una nueva campaña de imagen más acorde con los valores sociales en que se mueve actualmente nuestra sociedad.
Pero no todo el monte es orégano y a la avidez de ciertos directivos y empresarios, otros empiezan a contestar justificando la existencia de la empresa más allá del objetivo de maximización del beneficio y la entienden como un ente social que debe estar integrado dentro del entorno en que se encuentra, asumiendo un compromiso no sólo económico, sino también social y medioambiental. La empresa no es un ente cerrado que se dedica a producir bienes y a sacar el máximo provecho, sino que es un conjunto de personas que conviven e interactúan en un sistema social, sus decisiones influyen en la sociedad en la que se encuentra introducida y las decisiones de ésta la afectan directamente, es por ello que no puede gestionarse una empresa sin tener en cuenta los intereses de los grupos que la componen y los que conforman su entorno. Bien es cierto que una empresa que funciona correctamente está generando un valor social, a través de los productos y servicios que crea, el empleo que genera y los impuestos que permiten una redistribución de la riqueza, pero es necesario dar un paso más y asumir un compromiso con la sociedad en la que se enmarca, se trata de integrar en la gestión de la empresa la responsabilidad social.
La Comisión Europea definió la responsabilidad social de la empresa como la tendencia que consiste en integrar aspectos medioambientales o sociales en la cultura y los valores de la empresa de manera que, por una parte, aparezcan vinculados a las diversas líneas de negocios, pero que, por otra, se realice involucrando a los diversos grupos de interés –accionistas, consumidores, trabajadores, inversores, autoridades públicas y organizaciones sociales. Se trata de una acción voluntaria de la empresa, no significa sólo cumplir las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, avanzando hacia nuevas exigencias (mayor inversión en capital humano, mejor relación con los interlocutores, mayor respeto por el medio ambiente) que, si bien son menos fuertes desde un punto de vista legal, porque en el fondo se trata de aspiraciones éticas, de requerimientos morales, no resultan menos importantes o incluso decisivas para la supervivencia de la propia empresa en un entorno cambiante, competitivo y globalizado.
El debate sobre la idea de la responsabilidad social ha llegado hasta las instituciones públicas donde se han producido proyectos como “El Pacto Mundial” auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ,una iniciativa de carácter voluntario destinada a servir de marco general para fomentar la responsabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo, basado en nueve principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente, su objetivo es que la adopción de valores y principios compartidos den un rostro humano al mercado mundial. La Comisión Europea presentó el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” con el ánimo de iniciar un amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas y cómo aprovechar las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y validación. La implementación de esta nueva forma de gestionar las empresas pretende obtener resultados positivos, no sólo económicamente, sino también en aspectos fundamentales como la confianza de los consumidores, la reputación, la fidelidad y la legitimidad de la empresa, de cara a su supervivencia y éxito a largo plazo; el único problema que observo es que todas estas iniciativas sean voluntarias, es incomprensible que el respeto de los derechos humanos, de la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso o del trabajo infantil así como la discriminación o el respeto por el medio ambiente se haga de una forma voluntaria por parte de las empresas; sería indispensable la intervención reguladora de los poderes públicos para evitar que la cuestión de la responsabilidad social de la empresa se convierta en una nueva campaña de imagen más acorde con los valores sociales en que se mueve actualmente nuestra sociedad.
domingo, 17 de agosto de 2003
El lujo del Déficit cero
La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a todas las administraciones del Estado ( gobierno central, autonomías y ayuntamientos) a equilibrar sus cuentas anuales, evitando caer en el “peligroso” déficit público que según sus detractores tan sólo genera inflación, desinversión y paro. Las teorías neoliberales, que predominan en este nuevo orden mundial que nos imponen, predican que no hay nada peor que un presupuesto desequilibrado, pues la ineficiencia de la gestión pública obliga a la sociedad a desviar unos fondos que invertidos de una forma privada generarían mucho más, creando empleo y riqueza y no teniendo que cubrir esta incompetencia de los gestores públicos. Y hasta la ortodoxia más absoluta ha llevado esta teoría nuestro partido gobernante, haciendo bandera de su política económica el cuadre de las cuentas públicas, a pesar de que la mayor parte de la reducción del endeudamiento público se haya realizado con las privatizaciones y la generosidad de las transferencias de los fondos europeos; añadiendo que el ingreso en la Unión Europea Monetaria (UEM) nos ha permitido unos tipos de interés que han reducido la retribución de la deuda, consiguiéndose un importante ahorro en los intereses pagados (unos catorce mil quinientos millones de euros; lo que a su vez ha provocado que, las cantidades imputadas a pagar intereses, se dedicaran a pagar deuda); estos efectos no se repetirán en el medio plazo. El resto del déficit se ha saldado con una contabilidad creativa que ha trasladado fuera de los presupuestos las inversiones que realizan las sociedades estatales (AENA, Renfe, Puertos del Estado) pero que no se computan en las cuentas estatales y el resto con la amplia reducción de los gastos corrientes, a través de la rebaja de los gastos sociales y de la remuneración de los funcionarios; aunque se mantienen sangrantes empresas como Hunosa (será porque está en Asturias) o la Radio Televisión Española (últimamente condenada por su manipulación informativa),
Si bien hay que darle al déficit cero la producción de una serie de efectos positivos en la economía, también hay que señalar que posee otra serie de efectos perniciosos sobre la misma que pueden provocar el anquilosamiento de una estructura económica y su alejamiento del círculo de sociedades a las que está conectada. No es nueva la recomendación keynesiana de que en los momentos del ciclo económico en los que se produce un estancamiento de la actividad, el Estado debe asumir el papel de locomotora de la economía y ,a través de la posibilidad que le brinda el déficit fiscal, inyectar fondos que permitan poner en marcha la actividad económica evitando que se produzca la tan temida recesión de la economía. Si Japón hubiera sido más agresivo en su política fiscal expansiva hubiera evitado el balance tan negativo de los últimos trece años. Podemos también observar cómo en los momentos difíciles de su economía, en los Estados Unidos se ha pasado de un superávit fiscal del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a un déficit del 4,5% aumentando el gasto público, sobre todo el militar; lo que ha provocado que la economía estadounidense crezca en el segundo semestre de este año al 2,4%, dando signos de una salida del tunel en que se encontraba (debe ser que ésto de las teorías está muy bien para los demás, pero cuando se ven las orejas al lobo, se aplican las recetas que siempre han funcionado).
En España, el déficit cero de nuestro gobierno popular ha provocado que la formación bruta de capital en el sector público (dato básico para reducir nuestras deficiencias estructurales) ha caído desde un 4.1% del PIB en la etapa 1.986-1.995 a un 3.3% en la de 1.996-2.002; nuestro gasto en Investigación y Desarrollo es del 0.97% del PIB, frente a una media europea del 1.94% (e incluyendo en ella los “gastos de investigación” militar); nuestro gasto en educación ha pasado del 4.9% en 1.996 al 4.4% en el 2.002 ( con la excusa de la reducción de la tasa de natalidad, se han reducido los fondos en educación). Si nuestro país desea converger realmente con Europa es necesario que se realicen fuertes inversiones en estos tres campos: infraestructuras, investigación y desarrollo y educación. ¿Puede España permitirse el lujo de continuar con sus presupuestos equilibrados cuando sus niveles de desarrollo siguen estando casi un 15% por debajo de la media europea y en algunos casos en el 50%? ¿Qué razones económicas justifican el mantenimiento del déficit cero aplicando una política fiscal que va en contra de la fase del ciclo económico en el que nos encontramos? Hay quienes alegan que endeudarnos ahora, supondría cederles un coste añadido a las generaciones venideras, pero si no se invierte en nuestro desarrollo, lo que podemos dejar en herencia es un país anclado en aquella categoría de “en vías de desarrollo”, apostar por proyectos que crean futuro es darles la oportunidad de poder converger definitivamente con Europa; además deberían aprovecharse los tipos de interés tan bajos para acudir al mercado de capitales para financiar nuestro progreso tanto en infraestructuras como en tecnología. España se enfrenta en el corto y medio plazo con dos hechos que van a ser decisivos en su devenir económico, por un lado la ampliación de la Unión Europea a los países del este que en su proceso de integración han acercado su estructura productiva a la nuestra pero con unos niveles de costes muy inferiores a los nuestros; y en el 2.007 la finalización de los fondos europeos, que hará que debamos buscar nuevas fuentes de financiación, por ello sería conveniente que se empezarán a afrontar ambos problemas con una política fiscal más flexible que permita acometer los cambios estructurales que nuestro país necesita.
Si bien hay que darle al déficit cero la producción de una serie de efectos positivos en la economía, también hay que señalar que posee otra serie de efectos perniciosos sobre la misma que pueden provocar el anquilosamiento de una estructura económica y su alejamiento del círculo de sociedades a las que está conectada. No es nueva la recomendación keynesiana de que en los momentos del ciclo económico en los que se produce un estancamiento de la actividad, el Estado debe asumir el papel de locomotora de la economía y ,a través de la posibilidad que le brinda el déficit fiscal, inyectar fondos que permitan poner en marcha la actividad económica evitando que se produzca la tan temida recesión de la economía. Si Japón hubiera sido más agresivo en su política fiscal expansiva hubiera evitado el balance tan negativo de los últimos trece años. Podemos también observar cómo en los momentos difíciles de su economía, en los Estados Unidos se ha pasado de un superávit fiscal del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a un déficit del 4,5% aumentando el gasto público, sobre todo el militar; lo que ha provocado que la economía estadounidense crezca en el segundo semestre de este año al 2,4%, dando signos de una salida del tunel en que se encontraba (debe ser que ésto de las teorías está muy bien para los demás, pero cuando se ven las orejas al lobo, se aplican las recetas que siempre han funcionado).
En España, el déficit cero de nuestro gobierno popular ha provocado que la formación bruta de capital en el sector público (dato básico para reducir nuestras deficiencias estructurales) ha caído desde un 4.1% del PIB en la etapa 1.986-1.995 a un 3.3% en la de 1.996-2.002; nuestro gasto en Investigación y Desarrollo es del 0.97% del PIB, frente a una media europea del 1.94% (e incluyendo en ella los “gastos de investigación” militar); nuestro gasto en educación ha pasado del 4.9% en 1.996 al 4.4% en el 2.002 ( con la excusa de la reducción de la tasa de natalidad, se han reducido los fondos en educación). Si nuestro país desea converger realmente con Europa es necesario que se realicen fuertes inversiones en estos tres campos: infraestructuras, investigación y desarrollo y educación. ¿Puede España permitirse el lujo de continuar con sus presupuestos equilibrados cuando sus niveles de desarrollo siguen estando casi un 15% por debajo de la media europea y en algunos casos en el 50%? ¿Qué razones económicas justifican el mantenimiento del déficit cero aplicando una política fiscal que va en contra de la fase del ciclo económico en el que nos encontramos? Hay quienes alegan que endeudarnos ahora, supondría cederles un coste añadido a las generaciones venideras, pero si no se invierte en nuestro desarrollo, lo que podemos dejar en herencia es un país anclado en aquella categoría de “en vías de desarrollo”, apostar por proyectos que crean futuro es darles la oportunidad de poder converger definitivamente con Europa; además deberían aprovecharse los tipos de interés tan bajos para acudir al mercado de capitales para financiar nuestro progreso tanto en infraestructuras como en tecnología. España se enfrenta en el corto y medio plazo con dos hechos que van a ser decisivos en su devenir económico, por un lado la ampliación de la Unión Europea a los países del este que en su proceso de integración han acercado su estructura productiva a la nuestra pero con unos niveles de costes muy inferiores a los nuestros; y en el 2.007 la finalización de los fondos europeos, que hará que debamos buscar nuevas fuentes de financiación, por ello sería conveniente que se empezarán a afrontar ambos problemas con una política fiscal más flexible que permita acometer los cambios estructurales que nuestro país necesita.
domingo, 10 de agosto de 2003
El Pacto de Estabilidad y Convergencia
El Pacto de Estabilidad y Convergencia (PEC) adoptado por los países adscritos a la Unión Monetaria Europea (UME) consiste básicamente en que el déficit público de cada estado no debe sobrepasar el tres por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir que el dinero que un gobierno se gasta no puede sobrepasar los ingresos que obtenga, en ese porcentaje. El origen de este pacto se debe al miedo que tenían las economías del norte de Europa (sobre todo Alemania) al excesivo desenfreno de los gobiernos del sur a la hora de gastar, provocando unos elevados déficit que conllevaban unas políticas monetarias altamente remuneradoras.
Si un país tiene un déficit fiscal necesita solicitar créditos que le permitan cubrirlo, si los recursos financieros son escasos, deberá dar un mayor interés para que el dinero cubra su emisión de deuda frente a otras inversiones más rentables. Ello provoca una subida de los tipos de interés de ese país, lo que a su vez hace que los capitales de otros países acudan a esa moneda para percibir esas mejores rentabilidades, haciendo subir el precio de esa moneda, y provocando una mayor inflación en el país. Los países del norte temían que las economías del sur de Europa (Italia, Grecia y España) al no controlar sus déficit fiscales y ya dentro de la moneda única (el euro), provocaran una subida de los tipos de interés y con ello un descontrol de la inflación y una menor competitividad al revalorizarse la moneda única, así el PEC estaba pensado para mantener bajas las deudas públicas del sur de Europa y ,de este modo, mantener bajos los tipos de interés, garantizándole a las inversores que no se permitiría una subida elevada de los tipos que generaran una presiones inflacionistas excesivas.
Ahora nos encontramos con una situación bien distinta a la que estimaban los fríos bárbaros del norte, la deuda exterior de Alemania, Francia, Italia y Portugal sobrepasan ese margen del tres por ciento de su PIB que exigía el pacto, pero el problema es que estas economías suponen más del 70% del PIB de la UME. Si deben cumplir este pacto, lo primero que deben hacer es recortar sus gastos (y a los primeros que siempre se les mete las tijeras es a los gastos sociales, añadan los de sanidad ,educación y cultura y completamos el paquete de medidas) y para ello han de acometer reformas estructurales en sus mercados (sobre todo en el de trabajo, ¿por qué será que siempre que hay reformas es para rebajar las garantías de los trabajadores?).
El problema surge cuando Alemania, que es la principal economía de la Unión Europea, se encuentra en una recesión y las pautas que se quieren implantar no van a provocar una reactivación de la economía, sino todo lo contrario, terminará por hundirla y con ella, muy probablemente caerán las demás economías europeas, incluida la española (nuestros principales clientes tanto industriales como turísticos son los países europeos). Si se le exige a Alemania un recorte de sus gastos sociales provocará una reducción en su ya maltrecha demanda interna, con lo que la locomotora de la economía europea continuará parada. Y es que el problema de Alemania no ha sido que no haya hecho los deberes, sino que desde un nivel muy elevado de Estado del Bienestar ha debido asumir, sin apenas colaboración, la integración de la antigua República Democrática Alemana, lo que le ha conllevado ampliar sus presupuestos de gastos sociales: además ha sido la que más ha aportado al presupuesto comunitario y la que menos réditos ha obtenido de ellos.
Si España ha conseguido reducir su tasa de deuda con relación a su PIB ha sido debido a la contribución que las arcas comunitarias nos han transferido (fondos que alguien los calificó como de “pedigüeños"); entre 1.995 y 2.002 esta aportación neta de los presupuestos nos ha supuesto un dos por ciento anual de nuestro PIB, en el 2.002 supuso el 2.2% (año en el que por pura coincidencia las cantidades aportadas por Alemania coinciden con las recibidas por España). Estas ayudas han supuesto más de la mitad del crecimiento económico de esos años. Y a la reducción del déficit público ha contribuido sobre todo la gran disminución de los tipos de interés, reducción que se ha producido al disminuir la prima de riesgo que tenía nuestro país antes de ingresar en la UME, y el respaldo que el marco alemán ha dado al euro ha supuesto darle credibilidad internacional a la que ahora es nuestra moneda (recuérdense las constantes devaluaciones que sufría nuestra peseta).Por ello sería interesante aplicar de otra forma el PEC evitando con ello la paralización de la economía europea, debería analizarse la posibilidad de aplicar una ratio de “calidad de país”, que pudiera permitir endeudarse en mayor medida a estados cuyo nivel de riesgo asumido es menor y cuya aportación a la economía es imprescindible. No es lo mismo el déficit de Italia o Portugal que el de Francia o Alemania. Puede que de esos déficit dependa el encendido de la locomotora económica de Europa. No se puede aplicar los mismos niveles de medida a países cuyas economías se encuentran no sólo en grados de desarrollo diferentes sino en situaciones coyunturales distintas.
Si un país tiene un déficit fiscal necesita solicitar créditos que le permitan cubrirlo, si los recursos financieros son escasos, deberá dar un mayor interés para que el dinero cubra su emisión de deuda frente a otras inversiones más rentables. Ello provoca una subida de los tipos de interés de ese país, lo que a su vez hace que los capitales de otros países acudan a esa moneda para percibir esas mejores rentabilidades, haciendo subir el precio de esa moneda, y provocando una mayor inflación en el país. Los países del norte temían que las economías del sur de Europa (Italia, Grecia y España) al no controlar sus déficit fiscales y ya dentro de la moneda única (el euro), provocaran una subida de los tipos de interés y con ello un descontrol de la inflación y una menor competitividad al revalorizarse la moneda única, así el PEC estaba pensado para mantener bajas las deudas públicas del sur de Europa y ,de este modo, mantener bajos los tipos de interés, garantizándole a las inversores que no se permitiría una subida elevada de los tipos que generaran una presiones inflacionistas excesivas.
Ahora nos encontramos con una situación bien distinta a la que estimaban los fríos bárbaros del norte, la deuda exterior de Alemania, Francia, Italia y Portugal sobrepasan ese margen del tres por ciento de su PIB que exigía el pacto, pero el problema es que estas economías suponen más del 70% del PIB de la UME. Si deben cumplir este pacto, lo primero que deben hacer es recortar sus gastos (y a los primeros que siempre se les mete las tijeras es a los gastos sociales, añadan los de sanidad ,educación y cultura y completamos el paquete de medidas) y para ello han de acometer reformas estructurales en sus mercados (sobre todo en el de trabajo, ¿por qué será que siempre que hay reformas es para rebajar las garantías de los trabajadores?).
El problema surge cuando Alemania, que es la principal economía de la Unión Europea, se encuentra en una recesión y las pautas que se quieren implantar no van a provocar una reactivación de la economía, sino todo lo contrario, terminará por hundirla y con ella, muy probablemente caerán las demás economías europeas, incluida la española (nuestros principales clientes tanto industriales como turísticos son los países europeos). Si se le exige a Alemania un recorte de sus gastos sociales provocará una reducción en su ya maltrecha demanda interna, con lo que la locomotora de la economía europea continuará parada. Y es que el problema de Alemania no ha sido que no haya hecho los deberes, sino que desde un nivel muy elevado de Estado del Bienestar ha debido asumir, sin apenas colaboración, la integración de la antigua República Democrática Alemana, lo que le ha conllevado ampliar sus presupuestos de gastos sociales: además ha sido la que más ha aportado al presupuesto comunitario y la que menos réditos ha obtenido de ellos.
Si España ha conseguido reducir su tasa de deuda con relación a su PIB ha sido debido a la contribución que las arcas comunitarias nos han transferido (fondos que alguien los calificó como de “pedigüeños"); entre 1.995 y 2.002 esta aportación neta de los presupuestos nos ha supuesto un dos por ciento anual de nuestro PIB, en el 2.002 supuso el 2.2% (año en el que por pura coincidencia las cantidades aportadas por Alemania coinciden con las recibidas por España). Estas ayudas han supuesto más de la mitad del crecimiento económico de esos años. Y a la reducción del déficit público ha contribuido sobre todo la gran disminución de los tipos de interés, reducción que se ha producido al disminuir la prima de riesgo que tenía nuestro país antes de ingresar en la UME, y el respaldo que el marco alemán ha dado al euro ha supuesto darle credibilidad internacional a la que ahora es nuestra moneda (recuérdense las constantes devaluaciones que sufría nuestra peseta).Por ello sería interesante aplicar de otra forma el PEC evitando con ello la paralización de la economía europea, debería analizarse la posibilidad de aplicar una ratio de “calidad de país”, que pudiera permitir endeudarse en mayor medida a estados cuyo nivel de riesgo asumido es menor y cuya aportación a la economía es imprescindible. No es lo mismo el déficit de Italia o Portugal que el de Francia o Alemania. Puede que de esos déficit dependa el encendido de la locomotora económica de Europa. No se puede aplicar los mismos niveles de medida a países cuyas economías se encuentran no sólo en grados de desarrollo diferentes sino en situaciones coyunturales distintas.
domingo, 13 de julio de 2003
La guerra de las pensiones: II El futuro
Los diferentes estudios que se hicieron a lo largo de la primera mitad de la década de los noventa sobre la evolución del sistema de pensiones han fallado a la hora de predecir la quiebra del sistema y las condiciones en que se encontraría en el año 2.000 o en el 2.005, según el análisis de José Barea se daba el sistema por perdido en 1.996; sin embargo a día de hoy nuestro sistema público de pensiones goza de una salud envidiable, habiéndose generado un fondo de reserva de casi 8.700 millones de euros en junio de este año. Ahora estos mismos estudiosos nos indican que el sistema quebrará en el año 2.025, cuando las generaciones del “baby boom” de los sesenta empiecen a jubilarse. ¿Hemos de hacerles caso en estos nuevos estudios en los que los mismos vuelven a indicarnos que el sistema hará aguas en el 2.025?
En los anteriores análisis realizados se fallaron en dos cuestiones básicas: la creación de empleo y el desarrollo demográfico de nuestra sociedad. Los planteamientos que se hacían eran de continuación de la destrucción de empleo y la disminución del número de cotizantes que en el año 1994 apenas superaban los doce millones de afiliados, mas otro millón y medio de parados por los que cotizaba el Instituto Nacional de Empleo (Inem); los datos sobre proyecciones de población nos hacían cada vez más viejos y en menor número por lo que no habría suficientes jóvenes para incorporarse al mercado laboral y aportar las cuotas que permitieran pagar las pensiones a los jubilados. En la actualidad el número de cotizantes casi son 16.800.000 y si en el año 1.995 había una media de 2,11 activos por pensionista, en la actualidad existen 2,45; no sólo no ha disminuido, sino que el porcentaje se ha elevado en un 16%, estando muy por encima del ratio de dos que se estima garantiza la estabilidad del sistema. Y la población española alcanza la cifra de casi cuarenta y dos millones de personas, con lo que las proyecciones que nuestros eruditos realizaron quedan en entredicho. Ahora vienen a decirnos que las perspectivas que acaban de hacer para el año 2050 son las buenas y que esas sí que llevarán el sistema de pensiones a la quiebra.
Nos indican que la tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo ( a pesar de que desde el año 1.996 no para de incrementarse y el año pasado alcanzábamos la cifra de 1,26 hijos por mujer, aunque no suficiente para realizar el cambio generacional, sí muestra el cambio de tendencia), quizás lo que debería analizarse es porqué se retrasa la edad con la que las mujeres tienen su primer hijo, dato que cada vez aumenta con mayor preocupación. Si no existe una política de ayuda a la familia que permita su creación o su ampliación ( la política de ayuda familiar de nuestro gobierno es la peor de las de la Unión Europea); si no existe una política que incentive la independencia de los jóvenes (con una política de vivienda que prima la especulación o una política de empleo que prima la precariedad del mismo difícilmente nuestros jóvenes encontrarán la oportunidad de salir de la casa paterna y formar su propio hogar). No se puede solicitar la ampliación de la edad de jubilación o recomendar la jubilación a la carta cuando más de 250.000 personas se han prejubilado en los últimos años y las empresas siguen apostando por esta fórmula para reducir costes y la edad media de jubilación está por debajo de los 63 años (cuando la legal está en los 65). La cuestión no sólo afecta al sistema de pensiones, como cualquier problema hay que estudiar cada una de sus facetas y resolverlas no independientemente sino analizando su efecto sobre las otras variables; no podemos decir que la solución es intentar paliar nuestro sistema de jubilación, hay que afrontar el problema global con soluciones a cada una de sus variantes.
Pero la verdadera amenaza que pesa sobre las pensiones es considerar a nuestra Seguridad Social como algo independiente del Estado, esa concepción neoliberal que la entiende como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y separada del resto de la Hacienda Pública es su principal enemigo; el así concebirla atenta contra nuestra Constitución que obliga a nuestros poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y a garantizar unas pensiones adecuadas. La seguridad de nuestras futuras pensiones no está en el fondo de reservas generado con los superávits del sistema, ni en los planes de pensiones complementarios que, junto a los seguros colectivos, movían unos 41.238 millones de euros a diciembre de 2.002 ( unas cantidades inmovilizadas al servicio de los intereses de las entidades financieras, no de los partícipes); la garantía de cobro de nuestras futuras jubilaciones está en el Estado. Estos planes de pensiones complementarios sí que pueden sucumbir en su intento, pues como estamos observando muchos empiezan a dar rentabilidades negativas y a sufrir las consecuencias de la crisis bursátil.
La Seguridad Social es una parte integrante del Estado Social y de Derecho que define nuestra Constitución y el Estado nunca quiebra, lo que habrá que hacer, si fuese necesario, sería una redistribución de los recursos que obtiene para garantizar los servicios que presta, que no nos arrebaten esa garantía debe ser la posición a defender en esta guerra de las pensiones.
En los anteriores análisis realizados se fallaron en dos cuestiones básicas: la creación de empleo y el desarrollo demográfico de nuestra sociedad. Los planteamientos que se hacían eran de continuación de la destrucción de empleo y la disminución del número de cotizantes que en el año 1994 apenas superaban los doce millones de afiliados, mas otro millón y medio de parados por los que cotizaba el Instituto Nacional de Empleo (Inem); los datos sobre proyecciones de población nos hacían cada vez más viejos y en menor número por lo que no habría suficientes jóvenes para incorporarse al mercado laboral y aportar las cuotas que permitieran pagar las pensiones a los jubilados. En la actualidad el número de cotizantes casi son 16.800.000 y si en el año 1.995 había una media de 2,11 activos por pensionista, en la actualidad existen 2,45; no sólo no ha disminuido, sino que el porcentaje se ha elevado en un 16%, estando muy por encima del ratio de dos que se estima garantiza la estabilidad del sistema. Y la población española alcanza la cifra de casi cuarenta y dos millones de personas, con lo que las proyecciones que nuestros eruditos realizaron quedan en entredicho. Ahora vienen a decirnos que las perspectivas que acaban de hacer para el año 2050 son las buenas y que esas sí que llevarán el sistema de pensiones a la quiebra.
Nos indican que la tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo ( a pesar de que desde el año 1.996 no para de incrementarse y el año pasado alcanzábamos la cifra de 1,26 hijos por mujer, aunque no suficiente para realizar el cambio generacional, sí muestra el cambio de tendencia), quizás lo que debería analizarse es porqué se retrasa la edad con la que las mujeres tienen su primer hijo, dato que cada vez aumenta con mayor preocupación. Si no existe una política de ayuda a la familia que permita su creación o su ampliación ( la política de ayuda familiar de nuestro gobierno es la peor de las de la Unión Europea); si no existe una política que incentive la independencia de los jóvenes (con una política de vivienda que prima la especulación o una política de empleo que prima la precariedad del mismo difícilmente nuestros jóvenes encontrarán la oportunidad de salir de la casa paterna y formar su propio hogar). No se puede solicitar la ampliación de la edad de jubilación o recomendar la jubilación a la carta cuando más de 250.000 personas se han prejubilado en los últimos años y las empresas siguen apostando por esta fórmula para reducir costes y la edad media de jubilación está por debajo de los 63 años (cuando la legal está en los 65). La cuestión no sólo afecta al sistema de pensiones, como cualquier problema hay que estudiar cada una de sus facetas y resolverlas no independientemente sino analizando su efecto sobre las otras variables; no podemos decir que la solución es intentar paliar nuestro sistema de jubilación, hay que afrontar el problema global con soluciones a cada una de sus variantes.
Pero la verdadera amenaza que pesa sobre las pensiones es considerar a nuestra Seguridad Social como algo independiente del Estado, esa concepción neoliberal que la entiende como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y separada del resto de la Hacienda Pública es su principal enemigo; el así concebirla atenta contra nuestra Constitución que obliga a nuestros poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y a garantizar unas pensiones adecuadas. La seguridad de nuestras futuras pensiones no está en el fondo de reservas generado con los superávits del sistema, ni en los planes de pensiones complementarios que, junto a los seguros colectivos, movían unos 41.238 millones de euros a diciembre de 2.002 ( unas cantidades inmovilizadas al servicio de los intereses de las entidades financieras, no de los partícipes); la garantía de cobro de nuestras futuras jubilaciones está en el Estado. Estos planes de pensiones complementarios sí que pueden sucumbir en su intento, pues como estamos observando muchos empiezan a dar rentabilidades negativas y a sufrir las consecuencias de la crisis bursátil.
La Seguridad Social es una parte integrante del Estado Social y de Derecho que define nuestra Constitución y el Estado nunca quiebra, lo que habrá que hacer, si fuese necesario, sería una redistribución de los recursos que obtiene para garantizar los servicios que presta, que no nos arrebaten esa garantía debe ser la posición a defender en esta guerra de las pensiones.
domingo, 6 de julio de 2003
La guerra de las pensiones: I El pacto de Toledo
En la pasada campaña electoral de las elecciones municipales nuestro presidente del Gobierno, D. José María Aznar volvió a sacar el tema de las pensiones como arma electoral que le permitiera obtener un mayor número de votos, indicando que si gobernaban éstos (ya deben ustedes suponer quiénes) nuestros pensionistas se quedarían sin recibir su buen ganado retiro al finalizar su etapa laboral. A pesar de que existen unos pactos para evitar tratar de una forma electoralista ciertos temas llamados de Estado (el terrorismo, la pensiones, la política exterior, etc.), nuestro primer ministro, haciendo gala del incumplimiento de su palabra, los ha metido de lleno para intentar pescar en río revuelto, puesto que los pensionistas actuales no tienen, ni tendrán ningún problema para cobrar sus emolumentos (pero claro ocho millones de jubilados son muchos votos).
Entonces ¿cuál es el problema para que, cada vez que puedan, nuestros políticos se apropien de los logros que han conseguido entre todos y culpen a los contrarios de los posibles problemas del sistema de pensiones? Tal como se encontraba en la primera parte de la década de los noventa nuestro sistema de Seguridad Social existía una fuerte incertidumbre sobre su evolución y las posibilidades de estabilidad que pudiera tener en un futuro; en esos años, nuestra población activa no hacía mas que disminuir, el número de parados aumentaba y el número de pensionistas aumentaba imparable. Es decir, al ser nuestro sistema de solidaridad intergeneracional, las aportaciones que realizan los que trabajan pagan las pensiones a los jubilados; se temía en aquellos años que el descenso del número de trabajadores que aportaran sus cuotas no fueran suficientes para pagar a los jubilados ya en el año 2.000 y se podría considerar en quiebra alrededor del año 2.025, cuando las generaciones de los años sesenta empezaran a jubilarse, numerosos estudios (Barea, Herce, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc) confirmaban esa tendencia y alarmaban de la complicada situación exigiendo una serie de medidas que recondujeran hacia mejor puerto nuestro sistema de pensiones.
Este escenario provocó que nuestros políticos, en un alarde de abnegada entrega, se sentaran a dirimir las posibles soluciones que podrían acometerse para adecentar nuestro sistema de prestaciones y hacerlo viable de la mejor manera posible; así en abril de 1.995 vio la luz el Pacto de Toledo (denominado así puesto que la comisión que lo parió se reunía en el Parador Nacional de dicha ciudad); en él se pretendían sentar las bases de nuestro nuevo sistema de pensiones con las siguientes características: continuación del sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional; la separación de las pensiones contributivas de las que no lo eran, éstas más relacionadas con prestaciones de servicio social (orfandad, ayudas a las familias, etc.); y la apertura a un sistema complementario de gestión privada; además se consideraba que las pensiones deberían mantener el poder adquisitivo mediante la revalorización automática en función de la evolución del índice de precios al consumo y se debía mejorar el sistema de gestión de las prestaciones por enfermedad y por invalidez (el fraude que existía era espectacular); se consideraba necesario el aumento de la edad de jubilación (legalmente está en 65 años) para que de una forma flexible se fuera prolongando con relación al incremento de la esperanza de vida; la adecuación de las bases a los salarios reales, es decir que las cotizaciones que se pagan a la Seguridad Social estén en relación con lo que realmente ingresa el asalariado; la adecuación de la pensión a las cantidades aportadas durante la vida laboral; la creación de un fondo de reserva con los excedentes del sistema; y se ambicionaba detraer de la lucha electoral un asunto que por su sensibilización debía tratarse aparte de las querellas partidistas y lejos de las campañas electorales.
El balance del Pacto de Toledo tras más de ocho años de existencia no es positivo y ello porque su principal objetivo no se ha conseguido: nuestras pensiones siguen siendo un arma arrojadiza en las campañas electorales, tanto unos como otros vocean los supuestos errores cometidos por sus oponentes y nos prometen la panacea para asegurar nuestras pensiones; pero en cuanto a los exigibles cambios en el sistema que permitan asegurar la viabilidad de las pensiones siguen durmiendo el sueño de los justos, de tal forma que siguen observándose los mismos problemas estructurales que cuando se reunieron por primera vez para solucionarlos. Nuestros políticos deben ser algo más serios en las cuestiones que llaman de Estado puesto que el problema de las pensiones no es aislable del resto de políticas que se ponen en marcha, está interrelacionado con la política familiar, la de vivienda, la de enseñanza, etc; en definitiva no puede plantearse una solución excluida del resto de acciones de gobierno que se llevan a cabo pues a lo que conduce no es a solucionar el problema sino a alejarlo en el tiempo para evitar tener que acometerlo.
Entonces ¿cuál es el problema para que, cada vez que puedan, nuestros políticos se apropien de los logros que han conseguido entre todos y culpen a los contrarios de los posibles problemas del sistema de pensiones? Tal como se encontraba en la primera parte de la década de los noventa nuestro sistema de Seguridad Social existía una fuerte incertidumbre sobre su evolución y las posibilidades de estabilidad que pudiera tener en un futuro; en esos años, nuestra población activa no hacía mas que disminuir, el número de parados aumentaba y el número de pensionistas aumentaba imparable. Es decir, al ser nuestro sistema de solidaridad intergeneracional, las aportaciones que realizan los que trabajan pagan las pensiones a los jubilados; se temía en aquellos años que el descenso del número de trabajadores que aportaran sus cuotas no fueran suficientes para pagar a los jubilados ya en el año 2.000 y se podría considerar en quiebra alrededor del año 2.025, cuando las generaciones de los años sesenta empezaran a jubilarse, numerosos estudios (Barea, Herce, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc) confirmaban esa tendencia y alarmaban de la complicada situación exigiendo una serie de medidas que recondujeran hacia mejor puerto nuestro sistema de pensiones.
Este escenario provocó que nuestros políticos, en un alarde de abnegada entrega, se sentaran a dirimir las posibles soluciones que podrían acometerse para adecentar nuestro sistema de prestaciones y hacerlo viable de la mejor manera posible; así en abril de 1.995 vio la luz el Pacto de Toledo (denominado así puesto que la comisión que lo parió se reunía en el Parador Nacional de dicha ciudad); en él se pretendían sentar las bases de nuestro nuevo sistema de pensiones con las siguientes características: continuación del sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional; la separación de las pensiones contributivas de las que no lo eran, éstas más relacionadas con prestaciones de servicio social (orfandad, ayudas a las familias, etc.); y la apertura a un sistema complementario de gestión privada; además se consideraba que las pensiones deberían mantener el poder adquisitivo mediante la revalorización automática en función de la evolución del índice de precios al consumo y se debía mejorar el sistema de gestión de las prestaciones por enfermedad y por invalidez (el fraude que existía era espectacular); se consideraba necesario el aumento de la edad de jubilación (legalmente está en 65 años) para que de una forma flexible se fuera prolongando con relación al incremento de la esperanza de vida; la adecuación de las bases a los salarios reales, es decir que las cotizaciones que se pagan a la Seguridad Social estén en relación con lo que realmente ingresa el asalariado; la adecuación de la pensión a las cantidades aportadas durante la vida laboral; la creación de un fondo de reserva con los excedentes del sistema; y se ambicionaba detraer de la lucha electoral un asunto que por su sensibilización debía tratarse aparte de las querellas partidistas y lejos de las campañas electorales.
El balance del Pacto de Toledo tras más de ocho años de existencia no es positivo y ello porque su principal objetivo no se ha conseguido: nuestras pensiones siguen siendo un arma arrojadiza en las campañas electorales, tanto unos como otros vocean los supuestos errores cometidos por sus oponentes y nos prometen la panacea para asegurar nuestras pensiones; pero en cuanto a los exigibles cambios en el sistema que permitan asegurar la viabilidad de las pensiones siguen durmiendo el sueño de los justos, de tal forma que siguen observándose los mismos problemas estructurales que cuando se reunieron por primera vez para solucionarlos. Nuestros políticos deben ser algo más serios en las cuestiones que llaman de Estado puesto que el problema de las pensiones no es aislable del resto de políticas que se ponen en marcha, está interrelacionado con la política familiar, la de vivienda, la de enseñanza, etc; en definitiva no puede plantearse una solución excluida del resto de acciones de gobierno que se llevan a cabo pues a lo que conduce no es a solucionar el problema sino a alejarlo en el tiempo para evitar tener que acometerlo.
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