El debate real

La elección de prometida por parte de nuestro heredero a la corona ha provocado que nuestros medios de comunicación se llenen con esta noticia de informaciones sobre la vida y milagros de la mujer elegida, pero lo que no se ha abierto es el debate que conlleva esta opción y la problemática de la igualdad de los sexos en la vida real de nuestra sociedad.
En la Constitución española se reconoce la igualdad de los españoles ante la ley, ninguno podrá ser discriminado por cuestión de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición. Sin embargo es curioso que en la primera familia de este Estado, la familia Real que debería predicar con el ejemplo, esa máxima no se cumpla. El artículo 57 de nuestra norma básica antepone el hombre a la mujer en la línea de primogenitura, provocándose una contradicción con la parte que desarrolla los derechos fundamentales de la persona.
Este debate es obsoleto en la Europa que busca la unión no sólo económica, sino también política y social, pues deberíamos ir pensando más en la elección de un presidente europeo, pero además en aquellos estados que continúan con monarquías constitucionales ya han sido realizadas las modificaciones oportunas para que desaparezca esta discriminación hacia la mujer.
En nuestra España del Siglo XXI, nuestro derecho impide, por ley, pues nuestra norma básica de convivencia así lo indica, a una mujer acceder al trono. Es por ello absolutamente necesario iniciar la reforma para acabar con tamaño desafuero.
A nuestro Presidente de Gobierno D. José Mª Aznar parece no gustarle la idea de tener que abrir el melón de las reformas, no sabemos si porque nunca ha creído en nuestra Constitución como de joven indicaba en sus colaboraciones periodísticas, o porque en lo que no cree es en la igualdad de la personas sin distinción de sexo, pues sus políticas más parecen potenciar las desigualdades que las igualdades, de ahí que sea normal inferir que nuestro gobernante no desee la reforma por falta de convicción en nuestra norma, mas que por cuestión del momento político que vive nuestro país. Porque lo que sí que no deseo es que no se pueda acometer la reforma por estar declarado algunos de los estados del artículo 116 y que impide cualquier reforma constitucional.
La primera condición de una Constitución debe ser su adaptabilidad, no es que estemos cambiándola cada dos por tres, pero lo que no debemos es considerarla inalterable uniendo estabilidad democrática e inmovilidad constitucional. Después de veinticinco años, nuestra norma, en ciertas cuestiones, ha sido superada y deberíamos afrontar un proceso de cambios para adaptarla a las nuevas condiciones en que se desarrolla nuestra vida política, económica y social. Si se logra un acuerdo entre todos lo partidos, y en este asunto no creo que haya negativas pues no veo a ningún partido alegando por la desigualdad de la mujer ante el hombre, por muy derecho dinástico que se quiera aludir.
Superando este escollo es factible realizar, en el plazo de tiempo que nos queda, las actuaciones exigidas por la Constitución para aprobar la reforma: primero, la iniciativa legislativa podría partir del propio Gobierno; segundo, su aprobación por cada Cámara podría realizarse antes de acabar esta legislatura; tercero, la disolución se haría para el mes de enero; cuarto, las nuevas cámaras podrían ratificar la decisión antes del verano; y quinto, el referéndum podría coincidir con el vigésimo sexto aniversario. Todo es cuestión de voluntad política.
Para esa fecha nuestra pareja ya estará casada y su posible retoño sabrá que nacerá sin ningún tipo de discriminación sea del sexo que sea. Y es que si la posible niña nace antes de la reforma, no valdrá para nada, ya que no tendría efectos retroactivos.