Consolidación del empleo temporal

“La consolidación del empleo temporal”, ésta es una de las muchas frases que un anuncio de nuestro partido gobernante, para dar a conocer las actuaciones de su gobierno de coalición en estos momentos únicamente con los tránsfugas del G.I.L., reproduce como un grandioso éxito de nuestro gobierno local: las acciones realizadas para conseguir consolidar el empleo temporal. Realmente debe ser para ellos un sentimiento de orgullo tener una de las mayores tasas de empleo temporal de España, de ahí que lo proclamen a los cuatro vientos. Pero ello sólo muestra cuál es el tipo de política económica que emplea nuestro querido Partido Popular para tener bocas agradecidas a las que poder exigir su tributo electoral. Así podemos observarlo en los Presupuestos de la ciudad, a los que el responsable de los mismos los considera “realistas” (será porque pertenecen a un organismo oficial del reino de España, porque de reales tienen poco).

En estos Presupuestos nos encontramos con un incremento de los ingresos del 11,1%, la inmensa mayoría debidos a un mayor traspaso de fondos del Estado. Pero también hay reflejado en los mismos un incremento de los ingresos por I.P.S.I. de un 5,46% sobre el presupuesto del año anterior, algo que a cualquier comerciante de nuestra ciudad le debe dar la risa floja, porque en este ejercicio de 2.002 no se consiguen llegar a los datos presupuestados, para el año que viene ya se prevé que se incrementen. Al igual que los Presupuestos Generales del Estado, los nuestros también pecan de ese optimismo desenfrenado en el buen estado de la economía, lo que les hace incrementar los ingresos como si fuesen churros. Pero ello no debe preocuparles mucho a nuestros gobernantes; puesto que con la puesta en marcha de la Ley de Medidas Fiscales, céntimo que falte para cuadrar nuestro presupuesto, céntimo que será transferido rápidamente por el Estado para evitar que caigamos en el pecado del déficit público. De esta forma nuestros dirigentes no deben inquietarse por los ingresos pues estos estarán asegurados por nuestro papá estado.

Esta forma de financiación basada en los presupuestos del Estado es otra forma de sopa boba, si los ingresos de la primera empresa de la ciudad, el Ayuntamiento, dependen en casi un cincuenta por ciento de las transferencias de Madrid y no de sus propios ingresos, la independencia financiera es nula y quedaremos expuestos a los intereses de quien en cada momento decida en Madrid. Otra forma de saltarse la Constitución, al atentar contra la suficiencia financiera de los Ayuntamientos (art. 142).

En cuanto a los gastos es curioso que las concejalías que disminuyen sus presupuestos son las de Turismo, Participación Ciudadana y Sanidad y Consumo ( todas las dirigidas por ex miembros del GIL) y la de Cultura ( para que la queremos, si solo sabemos hacer cubriciones) . La de Economía y desempleo da igual porque lo gordo está controlado por Procesa y sus técnicos. También añadir que la de Bienestar Social incrementa su presupuesto, será que ya esta bajo el control del Partido Popular. A pesar de la disminución de una concejalía los gastos de los altos cargos sólo disminuye un 0.75%, debe ser que como ahora son algunos menos deben cobrar algo más por las horas extras que realizan, porque ese concepto se incrementa un 37,5% o quizás sea en el concepto de “gratificaciones” y así poder recompensar a aquellos funcionarios que merezcan desde su punto de vista una mayor retribución por cumplir con los deberes asignados.

Ahora sí, el utilizar los presupuestos como herramienta de política económica para qué, seguimos sin modificar la figura del IPSI en función de la situación que viva nuestra economía (quizás una reducción del mismo tuviera unos efectos “reales” más positivos que la continuidad en los tipos); tampoco se han presupuestado herramientas que permitan relanzar la economía , ni tampoco existen políticas que fomenten el empleo fijo y se continua apoyando la temporalidad (Planes de empleo, Escuelas Taller, Obimasa, etc.) o a las cooperativas sociales que asumen funciones del ayuntamiento. Los gastos sociales son mínimos y el incremento de la partida de gastos de la concejalía de Bienestar Social está relacionado con el coste del mantenimiento de los llamados niños transfronterizos ( políticas de asistencia a la mujer, a los parados de larga duración, reinserción de drogadictos o ex reclusos, etc., son mínimas); en cuanto a la política de vivienda se deja en manos de la iniciativa privada cuando debería adquirirse suelo para la realización directa de viviendas de protección oficial (para poder reducir el preciode adquisición); en vez de potenciar el transporte público, se fomenta el privado con la construcción de aparcamientos (en contra de todas las políticas modernas de urbanismo); en Medio Ambiente, la recogida de papel o de vidrio es de cara a la galería; pues a pesar del esfuerzo que hace el ciudadano para separar el tipo de basura, la empresa de recogida lo vuelve a unificar todo porque no hay convenio para su retirada con una empresa especializada; por no hablar de neumáticos o de la retirada de vehículos. Y se sigue sin tener una política de Medio Ambiente digna. La asignación de subvenciones no está reglamentada lo que deja al libre albedrío del político de turno su aprobación.
Total otra oportunidad perdida para poder mejorar nuestra ciudad, pero los sueldos si los seguirán cobrando.

El C.E.S. y su Memoria

Acaba de presentar nuestro Consejo Económico y Social (CES) la última Memoria Socioeconómica y Laboral de Ceuta correspondiente al pasado año 2.001. Vaya antes que nada mi felicitación ante la mejor obra de estudio de nuestra ciudad en el ámbito económico, a pesar de ser la única, a través de sus casi trescientas páginas nos empapamos de datos y datos que difícilmente podríamos encontrar conjuntamente. Los interesados en ahondar en nuestras características socioeconómicas la esperamos como agua de mayo; por ello quisiera de una forma constructiva realizar una crítica para que sea posible su mejora y lograr avanzar en el análisis de las variables que influyen en nuestro desarrollo.
En primer lugar un informe que se considere serio no puede presentarse transcurridos más de diez meses de los datos que analiza y además como si en esos diez meses no se hubieran producido hechos que afectan gravemente a nuestra economía, sin una justificación o razonamiento que explique las causas que han provocado tamaño retraso; para ese tipo de estudios “histórico-recopilatorios” creo que deberíamos dedicar el presupuesto que nuestro CES tiene asignado a estos “estudios” al necesitadísimo Instituto de Estudios Ceutíes que quizás obtenga mayor provecho de esos fondos.

Desde un lenguaje pseudo científico se intenta diseñar un texto para iniciados que va encadenando ciertos errores técnicos que lo convierten en un galimatías que muy posiblemente ni siquiera entiendan sus creadores, cuando no se dan aseveraciones que deben contemplarse como dogmas de fe sin un razonamiento concatenado que permita llegar a esa hipótesis de trabajo, se producen errores en la interpretación de las variables que se utilizan confundiendo la lectura y debiendo de retomarse la misma tras un análisis (confusión entre euros y pesetas, datos en las explicaciones que en los cuadros tienen otros valores).

Sería interesante utilizar un registro lingüístico más coloquial y sencillo que no disminuye la calidad de la obra, si su labor es difundir entre un mayor número de personas la situación en que se encuentra nuestra ciudad o quizás prefieran seguir siendo como los hechiceros de la tribu que esconden las esencias de su trabajo para evitar que se conozcan sus fallos. También sería necesario un diccionario de términos o de los acrónimos utilizados, no todos pueden llegar a conocer qué es el PIB o el VAB pb ó G7 ó M3 . O explicarnos por qué se pasa de una variable a otra en el análisis de una cuestión.

De señalar cómo nuestro CES se deja arrastrar por los datos que recibe dando veracidad a una serie de números que el menor análisis o incluso el cruce de las informaciones que trascribe los hace refutables, así nos encontramos que según la Memoria, Ceuta ha recibido un total de 1.192.995 visitantes según la Concejalía de Turismo; que son los datos que suministra la Autoridad Portuaria como pasajeros entrados por el Puerto, y que las compañías de transporte marítimo estiman que un 35% son residentes en Ceuta ( o quizás habría que indicar que un 35% de los billetes obtienen el descuento de residentes); ¿la conclusión es que recibimos casi un millón doscientos mil turistas, como quiere interpretar nuestra concejala?

Igualmente en la Memoria se dificulta y en algunos casos se tergiversan los datos al no estar los mismos individualizados para nuestra ciudad y así nos encontramos que se dan datos para Ceuta cuando corresponden a Ceuta y Melilla, o incluso a Andalucía y ambas ciudades; lo que puede llevar a errores a la hora de analizar la información pues no es igual un coste salarial medio en Ceuta que si el que se da es el de Andalucía, Ceuta y Melilla. Estos datos deberían quedar bien claros en la Memoria si desea ser considerada con un mínimo de rigor científico, cosa que no se expone en ningún lugar, llegando a la conclusión de que “se puede afirmar que nuestra Ciudad no tiene unos costes salariales muy elevados, a pesar de contar con Plus de Residencia, por lo que se puede afirmar que puede ser un incentivo a la inversión empresarial”. Pues tiene el mismo coste salarial que toda Andalucía y que Melilla, según sus datos (cuadro página 141) y Andalucía sin Plus de Residencia.

Al analizar los diferentes presupuestos de la Administración Local en algunos organismos se detallan hasta la última peseta, de otros tan sólo se muestran parte de los mismos, con lo que el análisis de sus cuentas queda un tanto oscurecido ¿por qué se ocultan el resto de los conceptos y casi siempre los de gastos de personal? La ocultación de una información que es pública, pues puede obtenerse en otras fuentes, lo único que conduce a pensar es que no se desea darle publicidad por evitar que la opinión pública lo sepa.

La misión de nuestro CES es palpar la realidad y mostrárnosla, no dar la visión que nuestras autoridades le transmiten; la falta de ese espíritu crítico que debería poseer cualquier ente independiente se echa en falta y aunque se han incluido en el capítulo de las conclusiones una serie de recomendaciones, éstas son tan genéricas que mas que críticas parecen los consejos de la abuelita. Si la actualidad nos lo permite iremos degranando estas recomendaciones.

Concluir que es el mejor estudio sobre nuestra economía que tenemos y que sería una buena idea, apoyarse en esa incipiente Escuela de Ciencias Empresariales para que sus alumnos se habituaran no sólo con estos lenguajes sino con la realización de algunos estudios que profundizaran en aquellas variables que no están desagregadas para nuestra Ciudad.

Inflación: esa descocada.

Acaban de publicarse los datos de la tasa de inflación y los de la Encuesta de Población Activa. Ambos empiezan a mostrar la difícil situación en que se encuentra nuestra economía, no sólo por la situación internacional, sino sobre todo porque nuestra economía ha estado creciendo a remolque de las demás, basándonos en el turismo y en la competitividad de nuestras exportaciones. Y nuestro Gobierno no ha sido capaz, en época de vacas gordas, modificar nuestra estructura productiva para poder cambiar nuestro tipo de crecimiento.

Así nos encontramos con una tasa de inflación nacional del 4% interanual (3.5% en lo que va de año) y en el caso de nuestra ciudad, un 3.9% ,la interanual y un 3.3% en lo que va de año. Y todavía nos quedan dos meses en los que los precios suelen lanzarse a una carrera desenfrenada hacia el cielo, así que es muy posible que la inflación acabe en el 4% o por encima; al doble de la previsión del gobierno. Realizando un análisis por grupos nos encontramos que es el de Vestido y Calzado el que se ha disparado , con un 11.9% de subida mensual( y dentro del grupo el Vestido alcanza un incremento del 13.8%); el siguiente grupo más inflacionista es el de Transporte (0.7% de subida mensual).

Ello va a llevar a nuevos incrementos de los precios, como pescadilla que se muerde la cola, al tener que incrementar, por un lado, los convenios colectivos con cláusulas de revisión automática, provocando una subida en los costes de producción de las empresas que se repercutirán nuevamente en los precios; y por otro lado nuestro Gobierno deberá abonar a nuestros pensionistas la diferencia entre el I.P.C. real y la previsión de inflación; con lo que se provocará un desfase en las cuentas del Estado (más de 2.200 millones de pesetas, pero que repercutirán en el presupuesto del año próximo).

La cuestión está en que la inflación sigue subiendo a pesar del frenazo de la economía, la reducción de la demanda no ha provocado una disminución de los precios que hubiera sido lo más normal y no lo ha provocado porque los mercados son demasiado rígidos para provocar la reducción y las medidas de liberalización tomadas por el gobierno están causando los efectos contrarios a los esperados.

En vez de tener unos mercados más flexibles y competitivos nos encontramos con sectores que actúan como auténticos monopolios en la fijación de los precios finales y sus servicios son de países tercermundistas. Nuestro Gobierno es un gran analista, rápidamente encuentra las causas que provocan los aumentos de precios (en unos casos, el petróleo; en otros, los alimentos; o incluso en alguna ocasión el ansia de los empresarios por incrementar sus beneficios), pero resulta un mal gestor pues no es capaz de aplicar las medidas correctoras para evitar una tasa de inflación tan elevada; los problemas no son coyunturales, sino estructurales.

Así ahora los culpables de la inflación son las cláusulas retrógradas de los convenios colectivos, que lo único que intentan es mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y que se aplican como consecuencia del descontrol que el equipo económico del Gobierno ha provocado en la inflación por su falta de política económica. Porque cuando se negocia un convenio colectivo se tiene en cuenta la previsión de la tasa de inflación que el Gobierno da y que reiteradamente incumple; no son los trabajadores o los empresarios los culpables sino la falta de una política económica que permita mantener bajo control los precios.

Y esa es otra de las asignaturas que el Partido Popular suspende, junto con muchas otras que conocemos de sobra. El Gobierno ha sabido aprovecharse de los éxitos de la coyuntura internacional, pero no ha podido mejorar nuestras estructuras económicas para cambiar los funcionamientos obsoletos de nuestros mercados.

Otro tipo de política económica.

A finales del pasado mes de octubre ciento ochenta y un economistas españoles han hecho público un manifiesto en defensa de otra forma de hacer Política Económica. Este documento expone en tres sencillos folios cuál es la verdadera situación en la que se encuentra nuestro país y cuáles deberían ser las soluciones a aplicar para poder cambiar la estructura económica de nuestra sociedad, sin necesidad de transportarnos a un mundo de ilusiones y fantasías.

La descripción es tan demoledora y tan fundamentada en datos que poco puede argumentarse en defensa de esa “España va bien” que nuestro partido gobernante quiere vendernos. En tan sólo dos años, el ritmo de crecimiento se ha reducido en un cincuenta por ciento ( de tasas superiores al 4% estamos haciéndolo por debajo del 2%); la inversión en bienes de equipo está en tasas negativas (con lo que conlleva de reducción de crecimientos futuros), al igual que las exportaciones; la inflación crece al doble que el Producto Interior Bruto ( y sin entrar en comparaciones con nuestros vecinos) y el paro se situa en los niveles de hace tres años; tan sólo la construcción hace crecer a nuestra economía, porque el turismo, gallina de los huevos de oro de nuestro desarrollo nos la estamos cargando al mantener un turismo de masas a precios de élite.

Nuestro Gobierno no ha sabido aprovechar de la forma adecuada la incorporación de España a la moneda única, las altas tasas de crecimiento económico y de estabilidad ( apoyadas en acuerdos entre Sindicatos y Organizacioens Empresariales, no se olvide) no han sido dirigidas hacia las reformas estructurales que permitieran reducir las distancias que en infraestructura, investigación y desarrollo, capital humano o inflación nos separan del resto de Europa, por no hablar de gasto social, educativo o sanitario (que nuestro partido gobernante desea privatizar).

Y ahora ante la mayor ampliación de la Unión Europea se hacen más necesarias que nunca para poder alcanzar el nivel de desarrollo de nuestros socios y nuestro Gobierno nos sorprende con unos Pesupuestos Generales del Estado basados en unas magnitudes macroeconómicas que han sido puestas en duda hasta por el amaestrado Banco de España. Unos presupuestos que se fundamentan en cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento europeo cuando el resto de socios andan buscando unas políticas presupuetarias cíclicas que permitan remontar la marcha de la economía sin necesidad de llegar a los unos niveles de déficit público desorbitados. Como ejemplo podríamos poner al ultraconservador Bush que de defensor a ultranza del libre mercado ha pasado a ser un valedor nato de las ideas kynesianas (pero de derechas) y un superavit de 127.000 millones de dólares, lo ha transformado en un déficit de 165.000 millones de dolares mediante el incremento de las políticas de seguridad y defensa; concede ayudas a las empresas aéreas, los agricultores y el cierre de su mercado a sectores como la metalurgia o la madera. Mientras nosotros seguimos siendo más papistas que el Papa.

La liberalización de mercados de la que tanto se pavonea nuestro gobierno central ha provocado que tengamos los servicios más caros de Europa, puesto que sus intervenciones en los mismos han consistido en en la defensa de los intereses de los oligopolios existentes (agua, gas, electricidad, teléfono, erc.) en contra de los usuarios. La política económica debe luchar contra el permanente incremento de los precios a través de una mayor liberalización y competencia en los mercados y con un Tribunal de Defensa de la Competencia más independiente.

El gasto social por habitante representa el 63% de la media europea y ocupamos el último lugar en políticas de protección a la familia y ahora, tras seis años de gobierno, las medidas aprobadas recientemente favorecen las rentas más altas, puesto que son deducciones sobre impuestos retenidos (se deducirán los que los hayan pagados). Menos mal que nuestro partido gobernante iba a defender a la familia como base de nuestra sociedad occidental.

La política fiscal y preupuestaria deben ser las bases del cambio estructural de nuestra economía, motivado por la cesión a la Unión Europea de nuestra capacidad de intervención en la política monetaria y en el tipo de cambio, aquéllas deben dar el impulso necesario para que antes de que se produzca la nueva ampliación de la Unión Europea, podamos avanzar en la convergencia.

Al menos queda la esperanza de que el "pensamiento único" empieza a desquebrajarse y que nos encontramos con voces discordantes que discrepan de la realidad económica virtual con la que nuestro Gobierno encandila y eso, hoy en día es signo de ilusión.

Todo vale ¿o no?

El pensamiento único que impone nuestro partido gobernante está llevando a nuestra sociedad hacia una situación de vacío intelectual que hace que cualquier suceso se vea contemplado desde fuera de cualquier ética, de la forma más aséptica posible puesto que sólo hay una forma de hacer las cosas, como la hacen ellos. No porque crean que tengan la verdad absoluta, sino porque tienen la verdad. La iniciativa crítica que se presuponía a la persona ha acabado por desaparecer ante la imposición de esta nueva actitud, porque como ideología carece de todo fundamento.

Ahora nos encontramos en que situaciones que deberían provocar el mayor de los rechazos, aunque sean las más legales del mundo, causan adhesiones inquebrantables y actos de desagravios a las personas que de oportunistas se convierten en víctimas de odios y sinrazones. En esta ocasión ha sido nuestro diputado, el cual se ha visto obligado a dimitir (no como diputado, que hubiera sido lo lógico) sino de su cargo como asesor de una empresa de seguridad (asesoramiento que supongo no sería gratuito) de una forma voluntaria y sin presiones de su partido, porque el desempeño de ese cargo no era incompatible con sus funciones de diputado.

Incompatible no será, pero un representante de la soberanía popular, por lo cual cobra un buen sueldo y demás complementos, cuya principal actividad es realizar las normas que rigen nuestra sociedad, pues forma parte del poder legislativo; se dedique a asesorar a una empresa en su ámbito de actuación, en el que directamente legisla, no parece la actuación más lógica, o al menos a mi me parece de poco calado moral que nuestro diputado ponga a disposición de una empresa los conocimientos que como miembro del Congreso le pagamos entre todos; sin embargo esa es la idea que desarrolla nuestro partido gobernante, estamos en un mercado libre, la empresa que más ofrezca se quedará con los servicios. Viva el libre mercado.

A lo mejor es que nuestro diputado entiende que su trabajo es sólo llegar y votar el texto que su partido ha realizado no se sabe donde y como él no participa en las deliberaciones de la construcción de nuestras leyes, él no tiene ningún problema moral para aceptar el cargo de asesor, porque los intereses de la empresa que asesora no influirán en la realización de nuestras normas. Y lo que el vende son sus dilatados conocimientos en el campo de la seguridad obtenidos en su larga experiencia como profesional de este sector, por lo que no se mezclan en ningún momento las cuestiones de la cosa pública con las de su bolsillo particular.

Y algunos me dirán es que puestos en esa tesitura, un diputado que fuese médico no podría trabajar en la Comisión de Sanidad. Si es médico, podrá trabajar en la comisión de Sanidad, pues probablemente sea la actividad que más conozca; lo que no podrá hacer es asesorar a una empresa farmacéutica o colaborar en la gestión de hospitales privados, o incluso ejercer la medicina en dichos centros. Cuando uno adquiere la condición de diputado, lo hace para representar a sus electores a través de un programa electoral; si en él se ha recogido la defensa de los intereses de una empresa de seguridad, de un laboratorio farmacéutico, haganlo, pero no será necesario, con posterioridad, cobrar por realizar esa defensa pues ya la pagamos entre todos. Eso es lo que detesto, que será todo lo legalmente compatible que se quiera, pero en la moral en que a mi me educaron no me cuadra. ¿Será esto la regeneración democrática de la que tanto hablaban?