Los diferentes estudios que se hicieron a lo largo de la primera mitad de la década de los noventa sobre la evolución del sistema de pensiones han fallado a la hora de predecir la quiebra del sistema y las condiciones en que se encontraría en el año 2.000 o en el 2.005, según el análisis de José Barea se daba el sistema por perdido en 1.996; sin embargo a día de hoy nuestro sistema público de pensiones goza de una salud envidiable, habiéndose generado un fondo de reserva de casi 8.700 millones de euros en junio de este año. Ahora estos mismos estudiosos nos indican que el sistema quebrará en el año 2.025, cuando las generaciones del “baby boom” de los sesenta empiecen a jubilarse. ¿Hemos de hacerles caso en estos nuevos estudios en los que los mismos vuelven a indicarnos que el sistema hará aguas en el 2.025?
En los anteriores análisis realizados se fallaron en dos cuestiones básicas: la creación de empleo y el desarrollo demográfico de nuestra sociedad. Los planteamientos que se hacían eran de continuación de la destrucción de empleo y la disminución del número de cotizantes que en el año 1994 apenas superaban los doce millones de afiliados, mas otro millón y medio de parados por los que cotizaba el Instituto Nacional de Empleo (Inem); los datos sobre proyecciones de población nos hacían cada vez más viejos y en menor número por lo que no habría suficientes jóvenes para incorporarse al mercado laboral y aportar las cuotas que permitieran pagar las pensiones a los jubilados. En la actualidad el número de cotizantes casi son 16.800.000 y si en el año 1.995 había una media de 2,11 activos por pensionista, en la actualidad existen 2,45; no sólo no ha disminuido, sino que el porcentaje se ha elevado en un 16%, estando muy por encima del ratio de dos que se estima garantiza la estabilidad del sistema. Y la población española alcanza la cifra de casi cuarenta y dos millones de personas, con lo que las proyecciones que nuestros eruditos realizaron quedan en entredicho. Ahora vienen a decirnos que las perspectivas que acaban de hacer para el año 2050 son las buenas y que esas sí que llevarán el sistema de pensiones a la quiebra.
Nos indican que la tasa de natalidad es una de las más bajas del mundo ( a pesar de que desde el año 1.996 no para de incrementarse y el año pasado alcanzábamos la cifra de 1,26 hijos por mujer, aunque no suficiente para realizar el cambio generacional, sí muestra el cambio de tendencia), quizás lo que debería analizarse es porqué se retrasa la edad con la que las mujeres tienen su primer hijo, dato que cada vez aumenta con mayor preocupación. Si no existe una política de ayuda a la familia que permita su creación o su ampliación ( la política de ayuda familiar de nuestro gobierno es la peor de las de la Unión Europea); si no existe una política que incentive la independencia de los jóvenes (con una política de vivienda que prima la especulación o una política de empleo que prima la precariedad del mismo difícilmente nuestros jóvenes encontrarán la oportunidad de salir de la casa paterna y formar su propio hogar). No se puede solicitar la ampliación de la edad de jubilación o recomendar la jubilación a la carta cuando más de 250.000 personas se han prejubilado en los últimos años y las empresas siguen apostando por esta fórmula para reducir costes y la edad media de jubilación está por debajo de los 63 años (cuando la legal está en los 65). La cuestión no sólo afecta al sistema de pensiones, como cualquier problema hay que estudiar cada una de sus facetas y resolverlas no independientemente sino analizando su efecto sobre las otras variables; no podemos decir que la solución es intentar paliar nuestro sistema de jubilación, hay que afrontar el problema global con soluciones a cada una de sus variantes.
Pero la verdadera amenaza que pesa sobre las pensiones es considerar a nuestra Seguridad Social como algo independiente del Estado, esa concepción neoliberal que la entiende como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y separada del resto de la Hacienda Pública es su principal enemigo; el así concebirla atenta contra nuestra Constitución que obliga a nuestros poderes públicos a mantener un régimen público de Seguridad Social y a garantizar unas pensiones adecuadas. La seguridad de nuestras futuras pensiones no está en el fondo de reservas generado con los superávits del sistema, ni en los planes de pensiones complementarios que, junto a los seguros colectivos, movían unos 41.238 millones de euros a diciembre de 2.002 ( unas cantidades inmovilizadas al servicio de los intereses de las entidades financieras, no de los partícipes); la garantía de cobro de nuestras futuras jubilaciones está en el Estado. Estos planes de pensiones complementarios sí que pueden sucumbir en su intento, pues como estamos observando muchos empiezan a dar rentabilidades negativas y a sufrir las consecuencias de la crisis bursátil.
La Seguridad Social es una parte integrante del Estado Social y de Derecho que define nuestra Constitución y el Estado nunca quiebra, lo que habrá que hacer, si fuese necesario, sería una redistribución de los recursos que obtiene para garantizar los servicios que presta, que no nos arrebaten esa garantía debe ser la posición a defender en esta guerra de las pensiones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario