En la pasada campaña electoral de las elecciones municipales nuestro presidente del Gobierno, D. José María Aznar volvió a sacar el tema de las pensiones como arma electoral que le permitiera obtener un mayor número de votos, indicando que si gobernaban éstos (ya deben ustedes suponer quiénes) nuestros pensionistas se quedarían sin recibir su buen ganado retiro al finalizar su etapa laboral. A pesar de que existen unos pactos para evitar tratar de una forma electoralista ciertos temas llamados de Estado (el terrorismo, la pensiones, la política exterior, etc.), nuestro primer ministro, haciendo gala del incumplimiento de su palabra, los ha metido de lleno para intentar pescar en río revuelto, puesto que los pensionistas actuales no tienen, ni tendrán ningún problema para cobrar sus emolumentos (pero claro ocho millones de jubilados son muchos votos).
Entonces ¿cuál es el problema para que, cada vez que puedan, nuestros políticos se apropien de los logros que han conseguido entre todos y culpen a los contrarios de los posibles problemas del sistema de pensiones? Tal como se encontraba en la primera parte de la década de los noventa nuestro sistema de Seguridad Social existía una fuerte incertidumbre sobre su evolución y las posibilidades de estabilidad que pudiera tener en un futuro; en esos años, nuestra población activa no hacía mas que disminuir, el número de parados aumentaba y el número de pensionistas aumentaba imparable. Es decir, al ser nuestro sistema de solidaridad intergeneracional, las aportaciones que realizan los que trabajan pagan las pensiones a los jubilados; se temía en aquellos años que el descenso del número de trabajadores que aportaran sus cuotas no fueran suficientes para pagar a los jubilados ya en el año 2.000 y se podría considerar en quiebra alrededor del año 2.025, cuando las generaciones de los años sesenta empezaran a jubilarse, numerosos estudios (Barea, Herce, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, etc) confirmaban esa tendencia y alarmaban de la complicada situación exigiendo una serie de medidas que recondujeran hacia mejor puerto nuestro sistema de pensiones.
Este escenario provocó que nuestros políticos, en un alarde de abnegada entrega, se sentaran a dirimir las posibles soluciones que podrían acometerse para adecentar nuestro sistema de prestaciones y hacerlo viable de la mejor manera posible; así en abril de 1.995 vio la luz el Pacto de Toledo (denominado así puesto que la comisión que lo parió se reunía en el Parador Nacional de dicha ciudad); en él se pretendían sentar las bases de nuestro nuevo sistema de pensiones con las siguientes características: continuación del sistema de reparto y de solidaridad intergeneracional; la separación de las pensiones contributivas de las que no lo eran, éstas más relacionadas con prestaciones de servicio social (orfandad, ayudas a las familias, etc.); y la apertura a un sistema complementario de gestión privada; además se consideraba que las pensiones deberían mantener el poder adquisitivo mediante la revalorización automática en función de la evolución del índice de precios al consumo y se debía mejorar el sistema de gestión de las prestaciones por enfermedad y por invalidez (el fraude que existía era espectacular); se consideraba necesario el aumento de la edad de jubilación (legalmente está en 65 años) para que de una forma flexible se fuera prolongando con relación al incremento de la esperanza de vida; la adecuación de las bases a los salarios reales, es decir que las cotizaciones que se pagan a la Seguridad Social estén en relación con lo que realmente ingresa el asalariado; la adecuación de la pensión a las cantidades aportadas durante la vida laboral; la creación de un fondo de reserva con los excedentes del sistema; y se ambicionaba detraer de la lucha electoral un asunto que por su sensibilización debía tratarse aparte de las querellas partidistas y lejos de las campañas electorales.
El balance del Pacto de Toledo tras más de ocho años de existencia no es positivo y ello porque su principal objetivo no se ha conseguido: nuestras pensiones siguen siendo un arma arrojadiza en las campañas electorales, tanto unos como otros vocean los supuestos errores cometidos por sus oponentes y nos prometen la panacea para asegurar nuestras pensiones; pero en cuanto a los exigibles cambios en el sistema que permitan asegurar la viabilidad de las pensiones siguen durmiendo el sueño de los justos, de tal forma que siguen observándose los mismos problemas estructurales que cuando se reunieron por primera vez para solucionarlos. Nuestros políticos deben ser algo más serios en las cuestiones que llaman de Estado puesto que el problema de las pensiones no es aislable del resto de políticas que se ponen en marcha, está interrelacionado con la política familiar, la de vivienda, la de enseñanza, etc; en definitiva no puede plantearse una solución excluida del resto de acciones de gobierno que se llevan a cabo pues a lo que conduce no es a solucionar el problema sino a alejarlo en el tiempo para evitar tener que acometerlo.
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