España.es

Tras el rotundo fracaso del plan Info XXI para el desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) elaborado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, se esperaba que su sustituto, Josep Piqué, rehiciera el proyecto buscando una solución que implicara a todos los afectados (administraciones, empresas del sector y usuarios), pero el plan España.es nace con las mismas sombras que su predecesor y parece que más se acerca a una campaña de imagen del aspirante a la presidencia de la Generalitat catalana, pues sus defectos empezarán a verse una vez se haya marchado del ministerio para iniciar la carrera electoral.
A pesar de que los inicios fueron alabados por las asociaciones y empresas del sector al crearse una comisión de expertos (Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información) presidida por Juan Soto (uno de las principales autoridades en la materia) que tenía como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la situación real de la SI en nuestro país y partiendo del mismo, proponer una serie de medidas que permitieran a nuestra sociedad acometer la implantación de este desarrollo social que nos conduzcan a la convergencia con Europa de una forma definitiva. Una vez presentado el informe, nuestro ministro Piqué se comprometió a llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones que la comisión había plasmado, pues serían la base del nuevo plan.
El plan España.es comprende seis campos de actuación: Administración.es (con el que se pretende impulsar definitivamente la Administración electrónica), Educación.es (pretende integrar las nuevas tecnologías como herramienta habitual en el proceso de enseñanza), Pyme.es (posibilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las tecnologías de la información y la comunicación), Navega.es (con el que se intenta llevar estas tecnologías a los ciudadanos), Contenidos.es ( su fin es crear unos contenidos digitales de calidad y aumentar la seguridad) y Comunicacion.es (con el que se persigue transmitir a los ciudadanos las posibilidades de estas tecnologías).
Si la primera propuesta de la Comisión era que el plan se concibiera mediante el consenso de todos los sectores implicados para “alcanzar un pacto nacional” y poder trabajar todos en el mismo sentido e implicarse en el posterior desarrollo del mismo, el diálogo no ha existido y las Administraciones autonómicas y locales y las empresas del sector no han participado en la concepción del mismo, con lo que difícilmente pueden asumir como propios unas medidas de las que no han participado, sintiendo que se trata de una cierta imposición de objetivos y prioridades del gobierno central que, en algunos casos, pueden ir en contra de los fines que persiguen los planes que cada comunidad autónoma tiene aprobados. Además el presupuesto del plan que alcanza un importe de 1.029 millones de euros debe aportarse en un 62% por el gobierno central, un 26% por las comunidades autónomas y el resto por el sector privado, si en la cuestión de las medidas ya pueden crearse desavenencias, imagínense si encima te hacen aportar dinero en algo en lo que no estás de acuerdo, ni sabes lo que es; por lo que hace pensar que este plan se ha lanzado más como precampaña electoral del candidato Piqué, gran experto en la utilización de los resortes del poder, que como un proyecto de Estado que nos permita acortar distancias con nuestros socios europeos.
Las iniciativas que se proponen van encaminadas más hacia los usuarios actuales que hacia la incorporación de nuevos clientes a estas nuevas tecnologías, no existen medidas concretas para apoyar el acceso de nuevos hogares a la SI (España es el segundo país más bajo de Europa en hogares conectados, sobre un 30% cuando la media es superior al 50%), lo primordial es incrementar el número de internautas para luego poder desarrollar la Administración Electrónica; pero no se hace mención a la universalización del acceso a Internet como derecho básico del ciudadano, serían apropiadas medidas como las ayudas para la compra de equipos informáticos para los hogares (que existen en algunos planes autonómicos), el fomento de la banda ancha en función de unos intereses de Estado y no de los privados, y sobre todo la reducción de los precios de acceso. Si no se potencia la banda ancha, la SI no se desarrollará a la velocidad necesaria, pudiendo producirse un retraso de unos doce años en relación con otras sociedades de nuestro entorno. Igualmente no se hace referencia al comercio electrónico, una de las bases de la SI y no se contempla ninguna medida para el desarrollo de este tipo empresas, debe ser porque nos encontramos en la cola europea de compradores a través de la red, tan sólo un dos por ciento y además estancados en esa cifra en los últimos años. Los objetivos que se marca el plan son ambiguos por lo que difícilmente se podrán medir sus resultados y sin poder medirlos cualquiera que se obtenga no sólo se dará por bueno, sino como de excelente por el político de turno, mientras los usuarios seguiremos sufriendo el mal desarrollo de estas tecnologías y perderemos una nueva oportunidad de acortar el diferencial tecnológico que nuestra economía tiene con relación a nuestros clientes europeos, cuestión que cada vez nos apremia más ante la ampliación de la Unión Europea hacia los países del este, con una estructura económica cada vez más similar a la nuestra, pero con unos costes muy inferiores.