España.es

Tras el rotundo fracaso del plan Info XXI para el desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) elaborado por la anterior ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, se esperaba que su sustituto, Josep Piqué, rehiciera el proyecto buscando una solución que implicara a todos los afectados (administraciones, empresas del sector y usuarios), pero el plan España.es nace con las mismas sombras que su predecesor y parece que más se acerca a una campaña de imagen del aspirante a la presidencia de la Generalitat catalana, pues sus defectos empezarán a verse una vez se haya marchado del ministerio para iniciar la carrera electoral.
A pesar de que los inicios fueron alabados por las asociaciones y empresas del sector al crearse una comisión de expertos (Comisión para el Desarrollo de la Sociedad de la Información) presidida por Juan Soto (uno de las principales autoridades en la materia) que tenía como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la situación real de la SI en nuestro país y partiendo del mismo, proponer una serie de medidas que permitieran a nuestra sociedad acometer la implantación de este desarrollo social que nos conduzcan a la convergencia con Europa de una forma definitiva. Una vez presentado el informe, nuestro ministro Piqué se comprometió a llevar a cabo todas y cada una de las recomendaciones que la comisión había plasmado, pues serían la base del nuevo plan.
El plan España.es comprende seis campos de actuación: Administración.es (con el que se pretende impulsar definitivamente la Administración electrónica), Educación.es (pretende integrar las nuevas tecnologías como herramienta habitual en el proceso de enseñanza), Pyme.es (posibilitar la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a las tecnologías de la información y la comunicación), Navega.es (con el que se intenta llevar estas tecnologías a los ciudadanos), Contenidos.es ( su fin es crear unos contenidos digitales de calidad y aumentar la seguridad) y Comunicacion.es (con el que se persigue transmitir a los ciudadanos las posibilidades de estas tecnologías).
Si la primera propuesta de la Comisión era que el plan se concibiera mediante el consenso de todos los sectores implicados para “alcanzar un pacto nacional” y poder trabajar todos en el mismo sentido e implicarse en el posterior desarrollo del mismo, el diálogo no ha existido y las Administraciones autonómicas y locales y las empresas del sector no han participado en la concepción del mismo, con lo que difícilmente pueden asumir como propios unas medidas de las que no han participado, sintiendo que se trata de una cierta imposición de objetivos y prioridades del gobierno central que, en algunos casos, pueden ir en contra de los fines que persiguen los planes que cada comunidad autónoma tiene aprobados. Además el presupuesto del plan que alcanza un importe de 1.029 millones de euros debe aportarse en un 62% por el gobierno central, un 26% por las comunidades autónomas y el resto por el sector privado, si en la cuestión de las medidas ya pueden crearse desavenencias, imagínense si encima te hacen aportar dinero en algo en lo que no estás de acuerdo, ni sabes lo que es; por lo que hace pensar que este plan se ha lanzado más como precampaña electoral del candidato Piqué, gran experto en la utilización de los resortes del poder, que como un proyecto de Estado que nos permita acortar distancias con nuestros socios europeos.
Las iniciativas que se proponen van encaminadas más hacia los usuarios actuales que hacia la incorporación de nuevos clientes a estas nuevas tecnologías, no existen medidas concretas para apoyar el acceso de nuevos hogares a la SI (España es el segundo país más bajo de Europa en hogares conectados, sobre un 30% cuando la media es superior al 50%), lo primordial es incrementar el número de internautas para luego poder desarrollar la Administración Electrónica; pero no se hace mención a la universalización del acceso a Internet como derecho básico del ciudadano, serían apropiadas medidas como las ayudas para la compra de equipos informáticos para los hogares (que existen en algunos planes autonómicos), el fomento de la banda ancha en función de unos intereses de Estado y no de los privados, y sobre todo la reducción de los precios de acceso. Si no se potencia la banda ancha, la SI no se desarrollará a la velocidad necesaria, pudiendo producirse un retraso de unos doce años en relación con otras sociedades de nuestro entorno. Igualmente no se hace referencia al comercio electrónico, una de las bases de la SI y no se contempla ninguna medida para el desarrollo de este tipo empresas, debe ser porque nos encontramos en la cola europea de compradores a través de la red, tan sólo un dos por ciento y además estancados en esa cifra en los últimos años. Los objetivos que se marca el plan son ambiguos por lo que difícilmente se podrán medir sus resultados y sin poder medirlos cualquiera que se obtenga no sólo se dará por bueno, sino como de excelente por el político de turno, mientras los usuarios seguiremos sufriendo el mal desarrollo de estas tecnologías y perderemos una nueva oportunidad de acortar el diferencial tecnológico que nuestra economía tiene con relación a nuestros clientes europeos, cuestión que cada vez nos apremia más ante la ampliación de la Unión Europea hacia los países del este, con una estructura económica cada vez más similar a la nuestra, pero con unos costes muy inferiores.

La responsabilidad social de la empresa

Los escándalos financieros que hemos contemplado en algunas grandes compañías multinacionales, que supuestamente eran las más competitivas del mercado, asesoradas y financiadas por los más prestigiosos bancos de inversiones del mundo, auditadas por las más acreditadas empresas del sector, entre sus accionistas estaban las más ensalzadas instituciones, en sus consejos de administración se sentaban los más influyentes consejeros independientes y eran dirigidas por los directivos mejor pagados gracias a unos sofisticados sistemas de retribución, han provocado un rechazo y una desconfianza a la forma en que se gobiernan las empresas, creyendo los más agoreros que nos encontramos ante la punta de un iceberg que puede poner en graves aprietos al propio sistema de libre mercado pues nos encontraríamos en un mundo empresarial corrupto, que ante la codicia de la “creación de valor para el accionista” se pone en práctica cualquier tipo de acciones con tal de continuar con el crecimiento en progresión geométrica de los beneficios y justificar esos sistemas de retribuciones que enriquecen a sus directivos. De repente nos hemos encontrado que todas las bases en que se cimentaba el libre mercado de la economía capitalista y la forma de gobernar las empresas se han venido abajo, desembocando en una difícil situación de la que será complicado salir. Hay quien ha considerado que estos fraudes marcarán más en el mundo occidental que los acontecimientos del once de septiembre de 2.001.
Pero no todo el monte es orégano y a la avidez de ciertos directivos y empresarios, otros empiezan a contestar justificando la existencia de la empresa más allá del objetivo de maximización del beneficio y la entienden como un ente social que debe estar integrado dentro del entorno en que se encuentra, asumiendo un compromiso no sólo económico, sino también social y medioambiental. La empresa no es un ente cerrado que se dedica a producir bienes y a sacar el máximo provecho, sino que es un conjunto de personas que conviven e interactúan en un sistema social, sus decisiones influyen en la sociedad en la que se encuentra introducida y las decisiones de ésta la afectan directamente, es por ello que no puede gestionarse una empresa sin tener en cuenta los intereses de los grupos que la componen y los que conforman su entorno. Bien es cierto que una empresa que funciona correctamente está generando un valor social, a través de los productos y servicios que crea, el empleo que genera y los impuestos que permiten una redistribución de la riqueza, pero es necesario dar un paso más y asumir un compromiso con la sociedad en la que se enmarca, se trata de integrar en la gestión de la empresa la responsabilidad social.
La Comisión Europea definió la responsabilidad social de la empresa como la tendencia que consiste en integrar aspectos medioambientales o sociales en la cultura y los valores de la empresa de manera que, por una parte, aparezcan vinculados a las diversas líneas de negocios, pero que, por otra, se realice involucrando a los diversos grupos de interés –accionistas, consumidores, trabajadores, inversores, autoridades públicas y organizaciones sociales. Se trata de una acción voluntaria de la empresa, no significa sólo cumplir las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento, avanzando hacia nuevas exigencias (mayor inversión en capital humano, mejor relación con los interlocutores, mayor respeto por el medio ambiente) que, si bien son menos fuertes desde un punto de vista legal, porque en el fondo se trata de aspiraciones éticas, de requerimientos morales, no resultan menos importantes o incluso decisivas para la supervivencia de la propia empresa en un entorno cambiante, competitivo y globalizado.
El debate sobre la idea de la responsabilidad social ha llegado hasta las instituciones públicas donde se han producido proyectos como “El Pacto Mundial” auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ,una iniciativa de carácter voluntario destinada a servir de marco general para fomentar la responsabilidad cívica mediante el liderazgo empresarial comprometido y creativo, basado en nueve principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, las normas laborales y el medio ambiente, su objetivo es que la adopción de valores y principios compartidos den un rostro humano al mercado mundial. La Comisión Europea presentó el Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” con el ánimo de iniciar un amplio debate sobre cómo podría fomentar la Unión Europea la responsabilidad social de las empresas y cómo aprovechar las experiencias existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y validación. La implementación de esta nueva forma de gestionar las empresas pretende obtener resultados positivos, no sólo económicamente, sino también en aspectos fundamentales como la confianza de los consumidores, la reputación, la fidelidad y la legitimidad de la empresa, de cara a su supervivencia y éxito a largo plazo; el único problema que observo es que todas estas iniciativas sean voluntarias, es incomprensible que el respeto de los derechos humanos, de la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso o del trabajo infantil así como la discriminación o el respeto por el medio ambiente se haga de una forma voluntaria por parte de las empresas; sería indispensable la intervención reguladora de los poderes públicos para evitar que la cuestión de la responsabilidad social de la empresa se convierta en una nueva campaña de imagen más acorde con los valores sociales en que se mueve actualmente nuestra sociedad.

El lujo del Déficit cero

La Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a todas las administraciones del Estado ( gobierno central, autonomías y ayuntamientos) a equilibrar sus cuentas anuales, evitando caer en el “peligroso” déficit público que según sus detractores tan sólo genera inflación, desinversión y paro. Las teorías neoliberales, que predominan en este nuevo orden mundial que nos imponen, predican que no hay nada peor que un presupuesto desequilibrado, pues la ineficiencia de la gestión pública obliga a la sociedad a desviar unos fondos que invertidos de una forma privada generarían mucho más, creando empleo y riqueza y no teniendo que cubrir esta incompetencia de los gestores públicos. Y hasta la ortodoxia más absoluta ha llevado esta teoría nuestro partido gobernante, haciendo bandera de su política económica el cuadre de las cuentas públicas, a pesar de que la mayor parte de la reducción del endeudamiento público se haya realizado con las privatizaciones y la generosidad de las transferencias de los fondos europeos; añadiendo que el ingreso en la Unión Europea Monetaria (UEM) nos ha permitido unos tipos de interés que han reducido la retribución de la deuda, consiguiéndose un importante ahorro en los intereses pagados (unos catorce mil quinientos millones de euros; lo que a su vez ha provocado que, las cantidades imputadas a pagar intereses, se dedicaran a pagar deuda); estos efectos no se repetirán en el medio plazo. El resto del déficit se ha saldado con una contabilidad creativa que ha trasladado fuera de los presupuestos las inversiones que realizan las sociedades estatales (AENA, Renfe, Puertos del Estado) pero que no se computan en las cuentas estatales y el resto con la amplia reducción de los gastos corrientes, a través de la rebaja de los gastos sociales y de la remuneración de los funcionarios; aunque se mantienen sangrantes empresas como Hunosa (será porque está en Asturias) o la Radio Televisión Española (últimamente condenada por su manipulación informativa),
Si bien hay que darle al déficit cero la producción de una serie de efectos positivos en la economía, también hay que señalar que posee otra serie de efectos perniciosos sobre la misma que pueden provocar el anquilosamiento de una estructura económica y su alejamiento del círculo de sociedades a las que está conectada. No es nueva la recomendación keynesiana de que en los momentos del ciclo económico en los que se produce un estancamiento de la actividad, el Estado debe asumir el papel de locomotora de la economía y ,a través de la posibilidad que le brinda el déficit fiscal, inyectar fondos que permitan poner en marcha la actividad económica evitando que se produzca la tan temida recesión de la economía. Si Japón hubiera sido más agresivo en su política fiscal expansiva hubiera evitado el balance tan negativo de los últimos trece años. Podemos también observar cómo en los momentos difíciles de su economía, en los Estados Unidos se ha pasado de un superávit fiscal del 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a un déficit del 4,5% aumentando el gasto público, sobre todo el militar; lo que ha provocado que la economía estadounidense crezca en el segundo semestre de este año al 2,4%, dando signos de una salida del tunel en que se encontraba (debe ser que ésto de las teorías está muy bien para los demás, pero cuando se ven las orejas al lobo, se aplican las recetas que siempre han funcionado).
En España, el déficit cero de nuestro gobierno popular ha provocado que la formación bruta de capital en el sector público (dato básico para reducir nuestras deficiencias estructurales) ha caído desde un 4.1% del PIB en la etapa 1.986-1.995 a un 3.3% en la de 1.996-2.002; nuestro gasto en Investigación y Desarrollo es del 0.97% del PIB, frente a una media europea del 1.94% (e incluyendo en ella los “gastos de investigación” militar); nuestro gasto en educación ha pasado del 4.9% en 1.996 al 4.4% en el 2.002 ( con la excusa de la reducción de la tasa de natalidad, se han reducido los fondos en educación). Si nuestro país desea converger realmente con Europa es necesario que se realicen fuertes inversiones en estos tres campos: infraestructuras, investigación y desarrollo y educación. ¿Puede España permitirse el lujo de continuar con sus presupuestos equilibrados cuando sus niveles de desarrollo siguen estando casi un 15% por debajo de la media europea y en algunos casos en el 50%? ¿Qué razones económicas justifican el mantenimiento del déficit cero aplicando una política fiscal que va en contra de la fase del ciclo económico en el que nos encontramos? Hay quienes alegan que endeudarnos ahora, supondría cederles un coste añadido a las generaciones venideras, pero si no se invierte en nuestro desarrollo, lo que podemos dejar en herencia es un país anclado en aquella categoría de “en vías de desarrollo”, apostar por proyectos que crean futuro es darles la oportunidad de poder converger definitivamente con Europa; además deberían aprovecharse los tipos de interés tan bajos para acudir al mercado de capitales para financiar nuestro progreso tanto en infraestructuras como en tecnología. España se enfrenta en el corto y medio plazo con dos hechos que van a ser decisivos en su devenir económico, por un lado la ampliación de la Unión Europea a los países del este que en su proceso de integración han acercado su estructura productiva a la nuestra pero con unos niveles de costes muy inferiores a los nuestros; y en el 2.007 la finalización de los fondos europeos, que hará que debamos buscar nuevas fuentes de financiación, por ello sería conveniente que se empezarán a afrontar ambos problemas con una política fiscal más flexible que permita acometer los cambios estructurales que nuestro país necesita.

El Pacto de Estabilidad y Convergencia

El Pacto de Estabilidad y Convergencia (PEC) adoptado por los países adscritos a la Unión Monetaria Europea (UME) consiste básicamente en que el déficit público de cada estado no debe sobrepasar el tres por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir que el dinero que un gobierno se gasta no puede sobrepasar los ingresos que obtenga, en ese porcentaje. El origen de este pacto se debe al miedo que tenían las economías del norte de Europa (sobre todo Alemania) al excesivo desenfreno de los gobiernos del sur a la hora de gastar, provocando unos elevados déficit que conllevaban unas políticas monetarias altamente remuneradoras.
Si un país tiene un déficit fiscal necesita solicitar créditos que le permitan cubrirlo, si los recursos financieros son escasos, deberá dar un mayor interés para que el dinero cubra su emisión de deuda frente a otras inversiones más rentables. Ello provoca una subida de los tipos de interés de ese país, lo que a su vez hace que los capitales de otros países acudan a esa moneda para percibir esas mejores rentabilidades, haciendo subir el precio de esa moneda, y provocando una mayor inflación en el país. Los países del norte temían que las economías del sur de Europa (Italia, Grecia y España) al no controlar sus déficit fiscales y ya dentro de la moneda única (el euro), provocaran una subida de los tipos de interés y con ello un descontrol de la inflación y una menor competitividad al revalorizarse la moneda única, así el PEC estaba pensado para mantener bajas las deudas públicas del sur de Europa y ,de este modo, mantener bajos los tipos de interés, garantizándole a las inversores que no se permitiría una subida elevada de los tipos que generaran una presiones inflacionistas excesivas.
Ahora nos encontramos con una situación bien distinta a la que estimaban los fríos bárbaros del norte, la deuda exterior de Alemania, Francia, Italia y Portugal sobrepasan ese margen del tres por ciento de su PIB que exigía el pacto, pero el problema es que estas economías suponen más del 70% del PIB de la UME. Si deben cumplir este pacto, lo primero que deben hacer es recortar sus gastos (y a los primeros que siempre se les mete las tijeras es a los gastos sociales, añadan los de sanidad ,educación y cultura y completamos el paquete de medidas) y para ello han de acometer reformas estructurales en sus mercados (sobre todo en el de trabajo, ¿por qué será que siempre que hay reformas es para rebajar las garantías de los trabajadores?).
El problema surge cuando Alemania, que es la principal economía de la Unión Europea, se encuentra en una recesión y las pautas que se quieren implantar no van a provocar una reactivación de la economía, sino todo lo contrario, terminará por hundirla y con ella, muy probablemente caerán las demás economías europeas, incluida la española (nuestros principales clientes tanto industriales como turísticos son los países europeos). Si se le exige a Alemania un recorte de sus gastos sociales provocará una reducción en su ya maltrecha demanda interna, con lo que la locomotora de la economía europea continuará parada. Y es que el problema de Alemania no ha sido que no haya hecho los deberes, sino que desde un nivel muy elevado de Estado del Bienestar ha debido asumir, sin apenas colaboración, la integración de la antigua República Democrática Alemana, lo que le ha conllevado ampliar sus presupuestos de gastos sociales: además ha sido la que más ha aportado al presupuesto comunitario y la que menos réditos ha obtenido de ellos.
Si España ha conseguido reducir su tasa de deuda con relación a su PIB ha sido debido a la contribución que las arcas comunitarias nos han transferido (fondos que alguien los calificó como de “pedigüeños"); entre 1.995 y 2.002 esta aportación neta de los presupuestos nos ha supuesto un dos por ciento anual de nuestro PIB, en el 2.002 supuso el 2.2% (año en el que por pura coincidencia las cantidades aportadas por Alemania coinciden con las recibidas por España). Estas ayudas han supuesto más de la mitad del crecimiento económico de esos años. Y a la reducción del déficit público ha contribuido sobre todo la gran disminución de los tipos de interés, reducción que se ha producido al disminuir la prima de riesgo que tenía nuestro país antes de ingresar en la UME, y el respaldo que el marco alemán ha dado al euro ha supuesto darle credibilidad internacional a la que ahora es nuestra moneda (recuérdense las constantes devaluaciones que sufría nuestra peseta).Por ello sería interesante aplicar de otra forma el PEC evitando con ello la paralización de la economía europea, debería analizarse la posibilidad de aplicar una ratio de “calidad de país”, que pudiera permitir endeudarse en mayor medida a estados cuyo nivel de riesgo asumido es menor y cuya aportación a la economía es imprescindible. No es lo mismo el déficit de Italia o Portugal que el de Francia o Alemania. Puede que de esos déficit dependa el encendido de la locomotora económica de Europa. No se puede aplicar los mismos niveles de medida a países cuyas economías se encuentran no sólo en grados de desarrollo diferentes sino en situaciones coyunturales distintas.