¿Quién quiere ser Comunidad Autónoma?

Parece que por fin nuestros dos grandes partidos nacionales se han puesto de acuerdo en lo del nuevo Estatuto de Autonomía para nuestra Ciudad: no habrá por ahora. Según la versión que han dado es para evitar que tan alto objetivo se vea envuelto en la lucha partidista de las elecciones municipales del próximo mayo. La que supongo es la que he expuesto en mis artículos a lo largo de todos estos años: ninguno de los dos partidos tenía, tiene, ni tendrá entre sus proyectos el cambio de nuestro “status jurídico” (vean si no sus Programas electorales de las últimas municipales). Ni desde Ceuta, ni desde sus ejecutivas nacionales hay posibilidades para cambiar el régimen administrativo que tenemos. El desarrollo del actual casi no se ha realizado, muchas de las competencias no se han implementado o no se administran ante la incapacidad manifiesta de nuestros políticos, el Foro Cultural del Estrecho en su estudio sobre el desarrollo del Estatuto publicado en 2002 y dirigido por D. Adolfo Hernández Lafuente (al que podríamos considerar padre del Estatuto) decía que una de sus características es que su aplicación se ha basado en la extensión del régimen local “encontrándonos en la realidad con un gobierno y una administración local potenciados, que en su funcionamiento no se apartan de un estricto régimen local”. Al parecer nuestros políticos no son capaces de implementar un estatuto que se acerca más al de un Ayuntamiento venido a más y ya están deseando en constituirse en toda una Comunidad Autónoma (CCAA).


Gracias a este acto que clarifica nuestra situación en el armazón jurídico de nuestro Estado, el español, algunos lo han aprovechado para insultarles, llamándoles traidores y vende patrias, realizando una interpretación partidista, fanática y subrepticia no sólo de nuestra Constitución, sino del llamado Bloque Constitucional, haciendo afirmaciones que en ningún lugar se encuentran en nuestra norma básica. Quienes arrogándose una representación que, taciturnamente, el pueblo le niegas una y otra vez, utilizan el nombre de Ceuta en vano. Si todos los ceutíes quisiéramos ser una Comunidad Autónoma, ya sabríamos a quien votar, pero desde luego que no lo hicimos, no lo hacemos y no lo haremos a quienes durante ochos años han permanecido, impasible el ademán, en un bochornoso silencio, sin exigir a quienes han tenido una mayoría absoluta para realizarlo, la conversión en CCAA. Seguro que recibieron la orden aquella de “ahora, no toca”.

Tal como dice la Constitución, “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan” (Art. 137.1). De lo que en derecho se infiere que cualquier territorio debe estar incluido en un municipio, pero no obligatoriamente en una CCAA, la conversión en CCAA es un derecho, no una obligación, es una posibilidad, no una imposición; por ello el intento en convertirnos en una CCAA, sustrayendo al municipio sus características básicas nos convertiría en un ente extraño que no está contemplado en ninguna parte de nuestro derecho político, un ente con una organización administrativa distinta, única y exclusiva en el Estado español, que bien podría ser interpretada por las Naciones Unidas como una administración colonial, al no tener parangón en ningún otro lugar de España. ¿O se imaginan un Pleno municipal que es presidido por una persona distinta al Alcalde Presidente como se hace en todos y cada uno de los municipios españoles? ¿Quién interpretaría que eso nos hace más iguales al resto de los españoles, no será que nos hará completamente distintos? El municipio y su régimen de gobierno, el Ayuntamiento, sí es una obligación, si debemos estar censados en un municipio, es la base de la que parte la organización territorial de nuestra administración, de la administración española, cualquier cambio que produzca una profunda modificación en ese Ayuntamiento nos haría un ente extraño.

Para aquellos que quieren que seamos por obligación e imposición de unos pocos una CCAA les preguntaría ¿qué tipo de CCAA desean que seamos sin capacidad legislativa, sin una clara diferenciación entre ejecutivo y “poder reglamentario”, sin un Tribunal Superior de Justicia, sin una real capacidad de autogobierno? ¿Creen que ser un tipo de “ente” de ese tipo nos iguala al resto de españoles? Mas bien nos diferencia, nos señala como algo extraño, ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, por lo que daremos argumentos a aquellos que se oponen a la continuidad de nuestra españolidad. ¿Quién puede estar a favor de poner en duda nuestra españolidad? ¿O creen que el silencio que guarda la monarquía vecina ante este proceso de reforma estatuaria es debido a las buenas relaciones con el Gobierno de España? ¿No será por que observa que este cambio beneficia a sus intereses? ¿Quiénes son los que realmente nos entregan de una manera torticera, interesada y engañosa? ¿Quiénes quieren seguir teniendo una forma estrictamente constitucional de su organización política y administrativa o quiénes desean crear un ente extraño e inexistente en nuestras normas?
Saquen ustedes sus conclusiones, las mías las tengo claras, no quiero que mi ciudad, mi ayuntamiento, se convierta en una CCCAA, no quiero que se cree un ente especial y exclusivo para mi pueblo, quiero seguir teniendo un simple y sencillo Alcalde, con sus concejales, que presida su Pleno municipal, donde poder seguir censado y tener los mismos derechos y obligaciones que en cualquier otro pueblo de España. Y para aquellos que quieren hablar en nombre de Ceuta, les ruego que desde ahora digan claramente que lo hacen en nombre de los demás, exclúyanme de sus deseos, que tengo los míos y como mucho hablen única y exclusivamente en nombre de esos 807 votos (algo más del 2%) que las últimas elecciones les otorgaron todo ese pueblo ceutí del que se les llena la boca y al que nunca han representado. No quiero ser Comunidad Autónoma, Sr. Aróstegui.

Las pesquisas del amigo Luis

El Servicio de Inteligencia de nuestro Ejército ha pasado a las primeras páginas, no sólo de nuestros periódicos locales, sino de toda la prensa nacional e incluso internacional. Una sección que debería pasar inadvertida por el trabajo que realiza, se ha convertido en portada de varios medios, no por un trabajo bien hecho sino por el supuesto espionaje a Organizaciones Sindicales y Vecinales. Hechos, que de ser ciertos, traspasan los límites legales y deberían ser puestos en manos de la Justicia competente que, por supuesto, no es la militar.

Todo parece indicar que los miembros de la Sección Segunda se dedicaron a recabar información sobre las Ejecutivas de los dos sindicatos mayoritarios, en busca de posibles profesionales de la milicia infiltrados en ellas, cuestión que no les está permitida, pues habían observado que los soldados profesionales buscaban asesoramiento en estos sindicatos para evitar que sus contratos no fueran prorrogados y continuar prestando sus servicios en nuestro Ejército. Por otro lado, la relación personal de un militar profesional les llevó hasta una Asociación de Vecinos, donde la persona con la que se relaciona colabora. ¿Estas pesquisas autorizan al Servicio de Inteligencia a indagar en las vidas de estas personas? Aunque pueda pensarse que sí, nuestro Estado de Derecho lo prohíbe, si no es bajo la autorización judicial pertinente, que no es militar, por supuesto.

Pero el problema no es de “revelación de secretos oficiales”, como parece ser la causa por la que se han abierto las investigaciones, es decir que nuestros militares no indagan si se ha producido una búsqueda de información ilegal por parte de sus Servicios Secretos, sino que buscan a quien despechado filtró los datos de esos expedientes a la prensa. Como siempre, la cuerda se romperá por el lado más débil y será el miembro más bajo del escalafón quien pague el pato. La Justicia, civil por supuesto, debería averiguar a quiénes se ha investigado y quiénes fueron los que dieron las órdenes para realizar esos expedientes. A pesar de que la falta de medios provocaba que los informes, al parecer, se hicieran consultando la red de redes o eran tan escuetos como: economista, casado, dos hijos, influyente en la dirección del partido, escribe con mucha información. En la Delegación del Gobierno lo hacían mucho mejor en otros tiempos. Con lo fácil que es en este pueblo enterarse de todo preguntando a unos cuantos.

Conociendo el funcionamiento de nuestro Ejército debería tirarse del hilo, pues no creo que un “simple” Teniente Coronel, con todos mis respetos, sea quien ordene y ejecute los planes de espionaje de una Comandancia General. La máxima autoridad de la Comandancia, el Comandante General, junto a su Jefe de Estado Mayor son quienes, en una situación normal, planifican y ordenan la realización de los distintos expedientes. Que se transfieren a la unidad y son ejecutados por los hombres de la Sección Segunda. Quienes sobre el terreno obtienen la información y la trasmiten a sus superiores. Si es por esta fórmula como se han realizado estos “espionajes” a personas civiles, no basta con el cese del Teniente Coronel, pues es un mero eslabón en la cadena de mando y tan sólo recibía órdenes, como parece repite una y otra vez, los ceses deben abarcar a los verdaderos responsables de permitir y alentar estas investigaciones que sobrepasan la legalidad.

Si hubiese sido el Teniente Coronel quien, en un exceso de celo profesional, ordenó esas investigaciones, también el Comandante General y su JEME tienen responsabilidad, esta vez de una forma pasiva, al desconocer qué es lo que se cuece en sus unidades. Nada extraño en nuestro Comandante General, más dedicado a la vida social y política de nuestra ciudad que a dirigir las unidades bajo su mando, aunque últimamente no se le ve tanto en los periódicos, incluso se permitía el lujo de señalar que los tanques M-60, que tanta discordia causaron en nuestro pueblo, eran una donación y hasta daba plazos de entrega, cuando quien regalaba armas a un precio simbólico de un euro era el Gobierno de Aznar; o anunciar la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento, dejando en fuera de juego al anterior Delegado del Gobierno; o informar que en los planes de Defensa no estaba la construcción de una guardería, cuando si lo estaba. Una forma un poco extraña de entender la lealtad al Gobierno que lo mantiene en su puesto, sobre todo cuando no he observado rectificación a estas desinformaciones que iba soltando al pueblo de Ceuta.

Bien haría nuestro Ministro de Defensa en poner un poco de orden en la casa y actuar en consecuencia, pasando a otros menesteres a quienes, por activa o por pasiva, han sido responsables de estas actuaciones irregulares a numerosos ceutíes.