domingo, 30 de junio de 2019

El ascensor social está estropeado


La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido a ratificar lo que diferentes estudios  han planteado en los últimos años, la crisis económica ha hecho mella en parte de la sociedad española, una cifra que según los diferentes análisis oscila entre el 26,1% de la población en la ECV al 51% del VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación Foessa de Cáritas.


Dicen nuestros políticos que España ha salido de la crisis, hasta la unión Europea ha confirmado el fin del procedimiento por déficit excesivo con el que mantenía bajo control a nuestra economía, pero se habrán podido recuperar los niveles previos a la crisis en cuanto a esa parte de la sociedad integrada plenamente, no ha sucedido lo mismo con los niveles de exclusión social.  

Para casi la mitad de la población española los efectos de la crisis la han colocado en la puerta de la exclusión social, donde un pequeño parón de la economía puede hacerles caer en la más absoluta pobreza. La crisis fue generada por el capitalismo, donde la deuda privada empaquetada en productos financieros especulativos solo pretendía obtener mayores beneficios de unas deudas que no tenían un bien real que la respaldaran; no fue la deuda pública la que provocó la quiebra, sino la avaricia de un sistema capitalista volcado en su faceta ultraliberal. 

Una forma de capitalismo al que se comprometieron todos los líderes mundiales a poner remedio, tiempos en los que el presidente francés Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo desde unas bases éticas, propuestas que se quedó en una burla a los ciudadanos en cuanto presionaron los poderes económicos que controlan el mundo; esa crisis en España ha tenido unos efectos devastadores para la parte de la sociedad vulnerable, los de siempre no han tenido ningún problema, más aún, los ricos son mucho más ricos. Según el informe de la fundación de Cáritas, existen 8,5 millones de españoles excluidos, de los que 4,1 están en un nivel de exclusión severa, en relación al año 2007, antes de que empezara la crisis, suponen 1,2 millones más.


La exclusión que ha dejado la crisis no es la de los parados que no encuentran un empleo, dentro de esta nueva pobreza se encuentran un 14% de trabajadores, los sueldos de miseria impiden que logren salir de la exclusión, el tener un trabajo ya no es un símbolo de progreso o una salida de la pobreza, en muchos casos es la imagen de la nueva explotación del capitalismo, que como en el siglo XIX dispone de un ejército de hambrientos disponible para cubrir sus necesidades a unos salarios de miseria. 

Pero quienes más padecen esta crisis son las familias, el 33% de las  numerosas están en grave riesgo de exclusión social,   que en el caso de las monoparentales ascienden al 28%. Los jóvenes es otro de los sectores de la sociedad que padece la crisis y hay más de 2 millones de españoles que  viven con la incertidumbre de perder su vivienda y con su pérdida la caída en picado en la exclusión social, sin lugar donde residir se pierden todos los derechos, incluso el de participación política. 

La grave pobreza que padece la sociedad española, que ahora se denomina exclusión social, se está enquistando como un cáncer, provocando que la mitad de la población o esté en peligro de caer en una situación de la que no podrán salir ni ellos ni sus descendientes o ya esté sumida en la misma.


El Informe de la fundación Foessa de Cáritas es contundente: el ascensor social ha dejado de funcionar, quienes nacen pobres seguirán siendo pobres toda su vida, sus hijos y sus nietos, ya no existe ese “contrato social” por el que se ofrecía la igualdad de oportunidades a cualquier miembro de la sociedad. Una  situación  que daña gravemente a la democracia puesto que, esta parte de la sociedad, no participa en el sistema político, al entender que no soluciona sus problemas, problemas tan graves como el empleo, la vivienda o el acceso a la sanidad o a la educación de sus hijos; o acaban en soluciones populistas como los que condujeron al mayor de los conflictos en Europa.

La sociedad española y, por ende, la europea no puede seguir este abrupto camino, sobre todo cuando existen soluciones que no suponen un cambio radical de sistema, sino la reformulación del contrato social. Hay que volver a poner en marcha el ascensor social.  Los sindicatos mayoritarios presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en septiembre de 2016 proponiendo el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Este mes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado el estudio de la ILP, casi tres años después, confirmando la viabilidad de esta renta básica donde destaca que “desde el punto de vista de la eficacia, la ILP permite reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema.”  Una propuesta que podría tener un coste fiscal de unos 5.500 millones de euros, cuando el rescate bancario nos costó, a todos los españoles, unos 65.000 millones.



En nuestra ciudad la tasa de pobreza según los estándares europeos (Tasa Arope) asciende al 49,3% de la población, lo que hace evidente la existencia de dos ciudades que de seguir este camino acabarán fracturándose, de ahí la necesidad imperiosa de cambiar las política sociales que permitan dar un vuelco a la situación, logrando que esa mitad de la población empiece a tener las mismas oportunidades que la otra, pudiendo acceder a las ventajas de nuestro estado social y de derecho.

Si en España es necesario un cambio en las políticas sociales, en las económicas y en la forma de hacer política para impedir que nadie se quede atrás, en nuestra ciudad es urgente ponerlas en marcha, debemos volver a poner en marcha ese ascensor que permita dar a todos las mismas oportunidades e impedir que el destino de tu nacimiento te haga estar en un lado u otro. Es el momento de gobernar para las personas, para todas.

domingo, 23 de junio de 2019

La inversión del Estado


A los dos partidos nacionales que han tenido, hasta ahora, responsabilidades en el gobierno central se les llena la boca con el compromiso que sus respectivos ejecutivos han mantenido con nuestra ciudad, ambos señalan que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) confirman el lugar prominente que tanto Ceuta como Melilla ocupan en sus programas. Uno y otro se autoproclaman los mayores defensores de nuestros intereses y que solo con ellos se logrará las mayores cotas de progreso.

Todos sabemos dónde nos encontramos tras padecer los cuarenta años de este bipartidismo imperfecto, con los mayores niveles de desempleo, de deuda, de fracaso escolar o de exclusión social, no solo de España, sino de la Unión Europea, por lo que ese “compromiso” no existe, Ceuta y Melilla no existen para estos dos partidos y en las infraestructuras que dependen del Estado tenemos el mejor de los ejemplos, la inmensa mayoría se encuentra en un estado de obsolescencia que mas parece que nos encontramos en el Siglo XIX que en el inicio del Siglo XXI.

EJECUCIÓN PGE 2009 2018


Y podemos comprobarlo en la ejecución presupuestaria, según los datos que publica la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en los datos publicados desde 2009 a 2018 nuestra ciudad es la que menos ha cumplido con los presupuestos, tan solo se han realizado el 85,50% de lo previsto, mientras que en Melilla alcanza el 98,50% y la media nacional se encuentra en 109,6%. Por debajo del cumplimiento están también La Rioja, Cantabria y Baleares. Mientras que en Madrid se realiza el doble de los presupuestado, en nuestra ciudad de cada 100€ proyectados, quince se han quedado sin llevar a cabo. Una demostración de que existen otras comunidades con mayor prioridad para estos dos partidos que Ceuta y Melilla. Si existiera un mínimo compromiso del Partido Popular o del Partido Socialista Obrero Español, al menos se esforzarían en que la totalidad del presupuesto se ejecutara, como ocurre en 15 comunidades autónomas.

Si analizamos la inversión media por habitante de esta década de los PGE, tanto Ceuta como Melilla se encuentran por debajo de  la media nacional, ocupan el octavo y noveno lugar, con un importe de 134,05€/Hab. nuestra ciudad y 126,40€/Hab.  la ciudad hermana. Siendo los dos únicos entes en que las competencias del Estado en cuanto a infraestructuras es casi completo, esas ratios deberían ser mucho mayores; este bajo nivel de inversión provoca que las infraestructuras se encuentren obsoletas, mas cuando en Ceuta la mayor inversión del Estado en los últimos años ha sido el nuevo centro penitenciario, que poco cubre las necesidades de los ceutíes.

INVERSIÓN MEDIA POR HABITANTE



La evolución de la inversión media por habitante se encuentra en caída libre pasando de 220,41 €/ Hab en 2009 a  47,87 €/hab., una reducción del 78,28%, cuando la reducción en la media nacional solo ha sido de un 44%, otro dato que demuestra la inexistente preocupación de ambos partidos, PP y PSOE por nuestra ciudad. La reducción en Melilla ha sido del 92.75%, peor todavía.



Los datos muestran que tanto uno como otro poco se han preocupado por sacarnos de nuestra situación actual, ahí tienen la frontera, que desde mediados del siglo pasado no se efectúa una inversión que la modernice; o ese puerto, totalmente abandonado cuya gestión se ha convertido en un cortijo donde ambos partidos se han repartido las prebendas, mientras se padece la mayor de las inseguridades; o la sanidad que, a pesar del esfuerzo que realiza el personal, se encuentra en paños menores; o la educación, que como el Estado no invierte, el Ayuntamiento debe pagar las infraestructuras que le corresponden al Ministerio. Estos son algunos ejemplos del “compromiso” de esta Troupe de Saltimbanquis con los ceutíes, no tienen ninguno. En cuanto cruzan el estrecho se ponen al servicio de sus partidos, olvidándose de quienes les votaron, o de sus propios intereses.



Si analizamos otros entes territoriales, se puede observar que, en aquellos donde existen fuerzas localistas o regionales, logran mayores avances para sus ciudadanos, como ejemplo, la bonificación en los billetes del 75%, logrado por los regionalistas canarios y extendido al resto de regiones extrapeninsulares, puesto que ni PP ni PSOE fueron los que la presentaron y debieron ceder si querían el voto de ese partido.
La afirmación de que un partido nacional defiende mejor los intereses de Ceuta, no deja de ser una falacia, como demuestran los números de los PGE y la situación en que nos encontramos, las organizaciones en nuestra ciudad de PP y PSOE están al servicio, primero de sus intereses particulares y después a las órdenes de sus partidos; la situación no va a cambiar porque esté uno u otro en el Gobierno de Madrid, en estos cuarenta años de democracia no han querido buscar una solución para Ceuta, porque no creen en nuestro futuro.  Recuérdenselo cada vez que uno de estos vividores de la política abra la boca.  

domingo, 16 de junio de 2019

Otras dos banderas negras


Como cada año la Asociación Ecologistas en Acción hace público su informe anual que analiza la situación ambiental de las costas y del entorno litoral español. Y como viene siendo habitual ha sido correspondido el Desgobierno del Sr. Vivas con dos maravillosas banderas negras, no porque no sea merecedor de muchas más, sino porque esta organización ha decidido desde 2016 asignar dos banderas por provincia una por un caso de contaminación y otra por mala gestión.



Ya se ha demostrado por activa y por pasiva que el Desgobierno del Sr. Vivas carece de una política a aplicar, ni tiene política económica, ni social, ni de fomento,… pues tampoco tiene una política medioambiental, aunque quizás su forma de actuar es lo que más se acerca al medio ambiente: la veleta, según quien la sople allá que va nuestra ínclito Alcalde a satisfacer los intereses del insuflador de turno.

En medioambiente lo único que se han realizado son obras en unas infraestructuras de las que se desconocen cuáles son las necesidades que se deben cubrir, pero sí los grandes presupuestos a pagar que acaban ampliándose para regocijo del adjudicatario de turno; anteponiéndose los intereses empresariales y los personales de nuestro inefable primer edil por delante del interés general, pero esa es una de las características de esta Corte de los Milagros. Es preferible construir una gran desalinizadora con la que se contenta a las constructoras y a la explotadora, que cortar la sangría de perder el 50% del agua por las tuberías. Da más votos el “agua las 24 horas”, que tener los precios más caros porque hay que pagar hasta el último litro a la desalinizadora.
 



En esta ocasión la Organización ecologista ha otorgado la Bandera Negra al litoral de Tarajal-Almadraba por la contaminación provocada por las aguas fecales vertidas directamente, las basuras que se acumulan por el uso por los porteadores, añadiendo la trasformación del barrio de la Almadraba en un polígono industrial perdiendo su acerbo marinero. La segunda, causada por la mala gestión ambiental, se le ha concedido a la Cala del Desnarigado,  centro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) del Monte Hacho donde la falta de un control sobre las actividades que se desarrollan impide su conservación como sería deseable. Y se explaya con el edificio de la Sirena, una “rehabilitación” que exige muchas explicaciones, empezando por el coste de 1.214.000€.

 
Año tras año, el Desgobierno del Sr. Vivas realiza todo lo posible y lo imposible para que se le  otorguen a nuestra ciudad dos Banderas Azules, a las playas de la Ribera y del Chorrillo, únicas playas que existen para esta Troupe de Saltimbanquis, manteniendo en el más absoluto abandono el resto, aunque para evitar las críticas a unas las denomina zonas de baño y a otras playas. Según el Ministerio existen en nuestra ciudad dieciséis playas, para el Ayuntamiento solo seis, esa debe ser la causa por la que no reciben ningún cuidado. En el último informe sobre Banderas Negras de Ecologistas en Acción donde se incluía el estado de las playas en el año 2011, las banderas que se asignaban a Ceuta eran cinco, más del doble que las banderas azules. Sin embargo la situación en que se encuentran esas playas no ha variado desde esa fecha, mientras que se han seguido “gestionando” la obtención de unas banderas azules que son más publicidad, que realidad.


Estos supuestos “galardones” no se conceden al libre albedrio, ni tampoco por el exigente cumplimiento de unas supuestas calidades medioambientales que nadie conoce, por eso el Desgobierno del Sr. Vivas oculta el procedimiento por el que las recibe, pero que muy posiblemente ocurra como en el resto de entidades que ya lo han denunciado, para mantener o ampliar las banderas azules deben realizarse unas “auditorías medioambientales”, que son realizadas por la empresa Banderas de España S.A., previo abono de la misma, la Fundación para la Educación Ambiental renueva la adjudicación de la misma. Por eso muchas de estas administraciones que se han negado a pasar por caja han visto reducidas sus “banderas” en sus playas.  Es más un negocio privado de una empresa, de la que se desmarcó la Unión Europea en 1999 porque “los criterios que se siguen para otorgar las banderas carecen del suficiente rigor”,  que una verdadera medida de calidad medioambiental.



Un negocio privado que sólo sirve para que todo el litoral español se haga fotografías con los políticos de turno izando banderas que de nada sirven para valorar la situación real de nuestras playas y que lo único que persiguen es buscar una imagen que vender a sus electores, no defender unas playas de calidad al servicio de los vecinos.

Igual sucede con ese engendro de la “escoba de oro”, de la que el Desgobierno del Sr. Vivas recibió la de plata y la de oro. Otro negocio en el que las grandes empresas del sector, junto con las administraciones locales, se dedican a comprarse premios para intentar tapar la nefasta gestión que realizan, debiendo pasar por un proceso que lleva desde la escoba de plata hasta la de platino, incrementando paulatinamente las aportaciones a realizar. Con ello quieren convencer a los ciudadanos que la limpieza viaria es de las mejores de España y por eso es premiada, mientras que la realidad de sus calles es muy distinta. Una estafa como aquel premio a la excelencia educativa que compró una institución local con presupuesto municipal.


Mientras el Desgobierno del Sr. Vivas se dedica a la adquisición de galardones que oculten su inexistente política medioambiental, nuestro entorno natural sufre el mayor de los abandonos, recordemos la reciente multa ratificada por el Tribunal Supremo de la sentencia contra este ejército de Pancho Vivas por no hacer cumplir las ordenanzas municipales, permitiendo la contaminación acústica que ha provocado graves daños en la salud a bastantes vecinos de la plaza Ricardo Muñoz, una condena que debemos pagar todos los ceutíes como consecuencia de la desidia con la ha actuado durante las dos décadas que lleva en la poltrona nuestro ínclito Alcalde, que gracias a ser la lista más votada continuaremos padeciendo cuatro años más en su soviet supremo de la Plaza de África.

La situación del ruido sigue siendo exactamente la misma que la que se denunciaba en el año 2008, a pesar de haberse aprobado el Mapa Estratégico de Ruido en el año 2016, un proyecto que nacía en el Plan de salud de 2008, pero, de nada sirve, si no se realizan los planes de acción en materia de contaminación acústica. Los irresponsables que han pasado por esta área de la Corte de los Milagros, nada han hecho para realizarlos, cada uno ha mirado por sus intereses personales no por ese interés general con el que se llena la boca nuestro inepto Primer Edil, pero que nunca ha practicado, ni practicará.




Según señala el estudio del Observatorio de la sostenibilidad de noviembre pasado somos la ciudad menos sostenible de España, en cualquiera de sus indicadores estamos en los últimos lugares, ubicación a la que nos llevado la nefasta gestión del Desgobierno del Sr. Vivas. En cuanto a nuestro entorno natural podemos observar en la situación en que se encuentran nuestros montes, que tras padecer los mayores incendios de nuestra reciente historia siguen sin tomarse las medidas para evitarlo. O la situación de nuestras playas, abandonadas a su suerte, y las que reciben tratamiento se realiza en contra de su conservación, como el relleno de arena o la realización de diques que los temporales acaban con estas estúpidas medidas. Por no hablar de la imbecilidad de ese  “caminito del rey” por una zona protegida donde la existencia de nidos de aves impide su construcción, todo sea por seguir engañando.

Y si entramos en el reciclaje de los residuos, en los últimos cinco años no se ha reciclado ni un solo kilo de vidrio, a pesar de recibir subvenciones para ello, el Desgobierno del Sr. Vivas nada ha hecho para llevar a cabo el cambio del tipo de contenedor, sobre todo cuando la empresa de retirada de los residuos se dedica a unir en un mismo camión lo que usted como ciudadano ha tenido la delicadeza de separar.

Nuestro Medio Ambiente necesita un cambio radical en el que se empiecen a implementar políticas de salvaguarda de nuestro entorno, pero para ello habrá que esperar otros cuatro años, los ciudadanos han decidido continuar con el mismo inútil en la Plaza de África, ellos sabrán las razones.