Así definía el asesor
jurídico de la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE) a los delitos por los que
está siendo investigado el Presidente de la misma por la Audiencia Nacional, a
través de la “Operación Soule”, “nada tienen que ver con la corrupción política”
sentenciaba ante los medios de comunicación.
Pero cuando uno acaba de
leer el auto de prisión incondicional para los Señores Villar Llona, Villar
Bollaín y Padrón Morales, y de prisión
eludible bajo fianza del Sr. Hernández Bassou dictado por el Juez Pedraz no me
queda más remedio que concluir que los conceptos que uno tiene de “corrupción
política” nada tienen que ver con el que tiene el otrora todopoderoso
vicepresidente del Gobierno del Sr. Sampietro en los tiempos del GIL y ahora
asesor jurídico de la FFCE, como se dice normalmente se parecen como un huevo a
una castaña.
Dice el Sr. Juez en
su auto: “En el ámbito de
la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Federaciones Territoriales y organismos vinculados a ellos como la
Fundación y la MUPRESFE, presumiblemente
con conocimiento y consentimiento de los principales dirigentes de esos
organismos y con la voluntad de enriquecerse
y /o favorecer el enriquecimiento de terceros a costa del patrimonio de dichas asociaciones,
Ángel María Villar Llona, presidente
de la RFEF, creó un entramado que ha
permitido la desviación de fondos (tanto públicos como privados) de dichas
asociaciones a sociedades vinculadas,
estableciendo asimismo un clientelismo
tanto en la contratación del personal, que recae fundamentalmente en familiares, como en la
presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de
servicios a empresas vinculadas, bien directamente o bien a través de
familiares, y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por
dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables
de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan.”
Hay que tener claro que la
“corrupción política” no debe enmarcarse única y exclusivamente en el ámbito
judicial y en la enumeración de una serie de delitos incluidos en el código
penal, sino que debe relacionarse sobre todo en el ámbito social, donde la
ética de quienes voluntariamente se colocan en entidades públicas o semipúblicas,
pero que reciben amplios fondos públicos, debe prevalecer sobre cualquier otra
característica de la persona y en la
sociedad española poca ética parece existir de quienes manejan los fondos
públicos, quienes parecen anteponer sus intereses personales para obtener
cualquier tipo de canonjía que la defensa de la institución que presiden.
Al acceder al cargo, el
actual presidente de la FFCE, propietario de una agencia de viajes, cambió los
estatutos para que su empresa pudiera seguir contratando con la federación, en
base a un desconocido concurso por el que se otorga a esa agencia todos los
gastos de desplazamiento de la federación. Igualmente la contratación de personal,
según los nuevos presupuestos aprobados la plantilla se incrementa en un 41%,
nada se sabe de cómo se van a realizar esas contrataciones, aunque muchas de
ellas se han realizado ya, sobre todo cuando la mayoría de esas personas van a
ser pagadas con la subvención del ayuntamiento.
Curioso que para las demás
instituciones con las que se firman convenios se les exija que las
convocatorias de contratación de personal sean públicas, en el convenio con la
FFCE nada se dice y eso que asciende a 610.000€ este año, uno de los mayores
que realiza el Desgobierno del Sr. Vivas. Incluso el Sr. Interventor Accidental
en todos los informes emitidos en relación a dicho convenio suscribe que “se
halla dentro de los límites y en las condiciones exigidas por el artículo
4.1.d) del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que se trata de prestaciones
que debieran concertarse mediante la firma de un contrato”, pero no hay quien
haga bajar de la burra a nuestro ínclito Alcalde, cuáles serán las razones por
las que se salta la ley, perdón la reinterpreta a su libre albedrío, quizás deba
pesar sobre él su fracasado paso por la tesorería de algún club deportivo de la
ciudad.
Continúa el Sr. Pedraz en su auto indicando que “La
investigación ha determinado que dicha actuación ha podido ser realizada en virtud de la estructura y el sistema de
funcionamiento de las asociaciones investigadas, con conocimiento y
colaboración de sus principales dirigentes, y que esas actuaciones vienen
prolongándose en el tiempo, al menos desde 2009, en el ámbito de todo el
territorio nacional, y en algunos casos mediante
el uso de documentación creada ex profeso para amparar dichas conductas”.
No es extraño que de la faraónica construcción de la nueva sede
federativa poco haya transcendido a la sociedad, en enero de 2016, según el entonces responsable del área de deportes
del Desgobierno del Sr. Vivas, la colosal sede iba a costar 4.600.000€, cuando
se presentó el proyecto allá por noviembre de 2012 de la “miniciudad del fútbol”
(en alusión a la sede de Las Rozas) en un solar de 6.000m2 cedido por la ciudad,
se nos indicó que iba a costar 3.500.000€ y según los datos presentados por la FFCE
para solicitar las oportunas licencias de obras, el presupuesto se eleva a
1.981.972,69€. No sean mal pensados, seguro que la reducción de los costes de construcción
se debe a esa “maravillosa” gestión que realiza el investigado Sr. Presidente;
como ya sucedió en la compra de unos banquillos para el Alfonso Murube, que
según la factura costaban 12.695,70€, pero para la declaración de IPSI sólo fueron
7.500€.
Y antes de declarar las medidas cautelares a aplicar, el
Juez Pedraz finaliza su auto con el siguiente párrafo: “Existen otros hechos delictivos en los cuales los detenidos, fundamentalmente
Ángel María Villar y Juan Padrón, podrían estar vinculados (en el
interrogatorio se les ha puesto de manifiesto). En ellos aparecen como investigados otras personas físicas y jurídicas,
a los cuales en su momento oportuno se les informará; mas dado el secreto
de las actuaciones y en la medida que el presente auto, en aras al derecho de
defensa, va a ser notificado íntegramente a los detenidos, no conviene a la
instrucción de la causa relatarlos. Los mismos, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción y aparezcan nuevos hechos,
tendrían relación con diversas Federaciones de Fútbol (Interinsular de Las
Palmas, de la Comunidad Valenciana, de Ceuta,
de Melilla, de Madrid, Riojana) y Mupresfe (en diversas delegaciones). En todo
caso, una vez se levante el secreto de las actuaciones, las defensas
respectivas tendrán a su disposición la causa y en su caso hacer las alegaciones
oportunas, sin perjuicio del derecho de los investigados de declarar al
respecto.”
El único afán del investigado
Sr. Presidente de la FFCE es hacerse la foto en septiembre inaugurando esa
fastuosa sede de El Morro, para que la
historia lo recuerde como el que la hizo. Poco le debe preocupar el fútbol, sus
clubs y los deportistas a alguien que antepone su egolatría a los intereses de
la Federación, la cual debería quedar
alejada de cualquier sospecha, debiendo presentar su dimisión si como dice son “cuestiones
personales” por las que se le investiga, pero como para septiembre ni siquiera
se habrá movido un papel en los juzgados, el Sr. Presidente investigado podrá
inaugurar su sede, lo que no sabemos es si el Sr. Villar acudirá a la misma,
quizás puede que le den permiso por buena conducta y pueda venir a estrechar a
ese “portavoz” al que tanto aprecia como es nuestro inefable Alcalde, quien reconocía del
Sr. Villar “el curriculum inalcanzable que como deportista y sobre todo de la
gestión del deporte y de la representación de España en el mundo tiene Ángel María
Villar, esta reflexión que tiene mucho de afecto y admiración (…) Ángel María
Villar quiere a Ceuta y mucho (…)porque son hechos absolutamente contundentes e
irrefutables, el único dirigente que ha decidido hacer una sede en Ceuta”, y
refiriéndose al Presidente investigado de la FFCE decía nuestro apócrifo
Alcalde que “no puede tener el fútbol de Ceuta un presidente mejor”.
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