A lo largo de los artículos anteriores he intentado
acercarles un resumen del Informe que el Tribunal de Cuentas ha realizado sobre
el periodo 1998 a 2001, años en los que han gobernado durante un año y medio
Jesús Fortes, otro año y medio Antonio Sampietro y casi un año Juan Vivas, para
que pudieran obtener sus conclusiones sobre la gestión de cada uno de
ellos.
Son demasiadas las anomalías encontradas por el Tribunal para que pasen desapercibidas, no sólo referidas a la etapa del Grupo Independiente Liberal (GIL) de las que sobresalen sus tropelías en los gastos de representación (el viaje a Argentina, la peregrinación a Santiago del Sr. De La Rubia o los 18 millones de pesetas que se gastaron los jefes de gabinete y secretarias de la Presidencia sin justificación documental) o su especulación con la Manzana del Revellín (de la que todavía hoy el Partido Popular sigue sin querer aclararnos las cosas), cuestiones que eran esperadas por el funcionamiento que tenía este supuesto partido político. Pero tampoco debe asustar mucho pues, si el Sr. Sampietro se gastó algo más de 38 millones de pesetas en el año 2000 en gastos de representación y protocolo, el Sr. Fortes hizo lo mismo con casi 37 millones en el año 1998, o incluso llegó a pagarle a El Pueblo de Ceuta casi dos millones de pesetas por publicar la conferencia que dio en Madrid el 31 de marzo de 1999.
Más preocupante es la situación de
descontrol interno que sufre nuestro Ayuntamiento y digo sufre porque de las
recomendaciones dadas por el Tribunal, a excepción de la contención de los
gastos de representación, las demás siguen sin tomarse las soluciones que pongan
fin a la caótica situación en que se encuentra, lo que demuestra que a pesar de
que la problemática es antigua, en los casi tres años y medio que lleva en la
poltrona de la Plaza de África, el Sr. Vivas no ha sido capaz de atajar los
problemas con que se encontró, lo que empieza a demostrar que la imagen de gran
gestor que nos vendieron, fue sólo eso, imagen.
El Ayuntamiento carece de una
organización interna que permita utilizar con eficacia sus recursos, los
distintos departamentos creados mezclan sus responsabilidades con las numerosas
empresas municipales, empresas que podrían ser departamentos del propio
consistorio o que deberían desaparecer por cuestiones técnicas (al hallarse en
quiebra o casi) pero es práctica de nuestros políticos el crear una empresa
cuando tienen un problema. El Sr. Vivas insiste en ello y para ello en el
presupuesto del año 2001 asignaba presupuesto para la creación de doce
sociedades mercantiles más, de las que ya ha visto la luz la empresa de Ora y
Grúa. A día de hoy nuestro Alcalde sigue empeñado en crear nuevas empresas, a
pesar de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y ahora tiene en estudio
la creación de una Sociedad de Servicios de Apoyo.
Pero los departamentos que
deben realizar el control siguen sin tener el personal suficiente (los Servicios
Jurídicos, los de Tributos o el de Intervención) vaya a ser que se pasen en su
celo profesional. Si el Tribunal se quejaba de que los puestos decisivos de
Intervención y Tesorería no estaban cubiertos por personal con los requisitos
legalmente establecidos, ahora se une el de Secretario. Los tres son
accidentales con lo que la independencia con la que deben actuar puede quedar
limitada al ser nombrados a dedo y la posibilidad de ser destituidos si sus
actuaciones no entran dentro de los planes de nuestro Alcalde. Incluso el Sr.
Vivas se permite el lujo de retribuir ilegalmente al Interventor, pues la Ley de
Haciendas Locales define la función interventora incluyendo el control de la
gestión económica, no sólo de la corporación municipal, sino también de sus
Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles y nuestro Alcalde ha aprobado una
retribución de 60.000 Ptas. mensuales para el Interventor accidental por cada
sociedad municipal.
Una vez conocido este incumplimiento ¿obligará el Sr. Vivas
a devolver las cantidades incorrectamente percibidas por el Interventor
accidental como hizo con el Sr. Iñiguez o le permitirá continuar con éstas
ilegales prebendas?¿Continuará con las actuales designaciones a dedo u otorgará
definitivamente las plazas a funcionarios con los requisitos que la Ley exige
para que puedan tener la independencia que el control de los fondos públicos
requiere?
Sigue sin realizarse la Relación de Puestos de Trabajo, cuestión a
la que obliga la Ley además de ser una promesa electoral, lo que ha permitido al
Sr. Vivas pasar de tener un 14,56% de personal no funcionario en el Ayuntamiento
en el año 1998 a un 47,52% en el año 2001, dándose el mayor incremento de
contrataciones de personal no funcionario en ese año con 508 personas, ahora
achacan el retraso al Ministerio de turno. Al no estar definidos los puestos de
trabajo del Ayuntamiento, le permite al Sr. Vivas contratar según sus deseos lo
que induce, como denuncia el Tribunal de Cuentas, a no garantizar los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, vulnerándose el Convenio Colectivo
del municipio. Con lo que se crea un aparente nexo entre trabajo y voto.
Hay
que resaltar el posible problema que puede plantear el personal de las
Sociedades mercantiles, pues en sus Convenios se incluyen cláusulas de que
pasarán al Ayuntamiento en caso de cese o disolución de la empresa, si a ello se
añade la falta de control en la selección de personal por parte del consistorio
quien es el último responsable, estas empresas se transforman en una puerta
trasera para convertirse en funcionario sin tener que realizar las exigentes
pruebas de unas oposiciones.
Además, como ya he señalado en otros artículos, la
creación de las distintas cooperativas ha creado un problema de incertidumbre
para el Ayuntamiento, pues ya ha recibido varias sentencias de la jurisdicción
laboral condenando al consistorio a la readmisión de los despedidos de estas
cooperativas, pues se puede considerar que tiene la responsabilidad subsidiaria
y por tanto reconocerles sus derechos. Igual ocurre con el personal de los
Planes de Empleo.
El grupo de empresas municipales es una constante sangría
de recursos, que han supuesto al Ayuntamiento unas pérdidas de casi 10.000
millones de pesetas en los últimos cuatro años, pero lo preocupante es que si en
el año 1998 perdían 1.417 millones, en el 2.001 pierden 3.783, un 267%, la
tendencia de estas empresas a lo largo de los dos últimos años no ha mejorado y
así en el año 2004 nos encontramos que el Ayuntamiento prevé transferir a sus
sociedades un importe cercano a los 5.150 millones de pesetas. Si añadimos la
deuda que tienen estas empresas 7.220 millones de pesetas al finalizar el año
2001, la situación financiera del Ayuntamiento debe superar con creces el famoso
25% de endeudamiento legalmente establecido, pero la utilización “contable” de
estas sociedades permite diluir la deuda y evitar tener que pedir autorizaciones
y sobre todo dar explicaciones.
En cuanto a las contrataciones que realiza el
Ayuntamiento de obras y servicios deben evitarse la utilización de los
procedimientos de urgencia, sobre todo cuando luego se tardan más de seis meses
en otorgar el contrato o en ejecutar la obra o servicio que urgía, y sobre todo
porque es una forma fácil de saltarse algunas normas de control. Es necesario
que se supervisen los pliegos de condiciones y ejecuciones de obras para evitar
que deban modificarse una vez otorgados los concursos, lo que conlleva el
incremento del precio y de la duración (en la actualidad sigue ocurriendo lo
mismo recuerden el caso de la desalinizadora que incrementó su precio más de un
55%; o los retrasos y modificaciones en el Desdoblamiento de las Palmeras o en
el agujero negro de la Manzana del Revellín).
El Ayuntamiento debe realizar
de una forma perentoria el desarrollo de una normativa para la entrega de
subvenciones, a pesar de la moción de urgencia que presentó el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) aprobada por unanimidad y de la que nunca más
se supo, sobre todo para que el ciudadano sepa como obtenerlas y que dejen de
otorgarse de una forma subjetiva que puede inducir a beneficiar a grupos
cercanos antes que al interés del municipio.
Nuestro Ayuntamiento necesita
una buena reforma, pero para ello es necesario tener voluntad política para
acometerla y nuestro Alcalde no parece tener la bastante para desterrar los
vicios de nuestra corporación municipal, sino que nos está hundiendo cada vez
más en ellos, endeudando a la Ciudad y sin dar soluciones que nos permitan ver
un futuro de prosperidad para los ciudadanos.
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