El ascensor social está estropeado

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido a ratificar lo que diferentes estudios  han planteado en los últimos años, la crisis económica ha hecho mella en parte de la sociedad española, una cifra que según los diferentes análisis oscila entre el 26,1% de la población en la ECV al 51% del VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España de la Fundación Foessa de Cáritas.

Dicen nuestros políticos que España ha salido de la crisis, hasta la unión Europea ha confirmado el fin del procedimiento por déficit excesivo con el que mantenía bajo control a nuestra economía, pero se habrán podido recuperar los niveles previos a la crisis en cuanto a esa parte de la sociedad integrada plenamente, no ha sucedido lo mismo con los niveles de exclusión social.  

Para casi la mitad de la población española los efectos de la crisis la han colocado en la puerta de la exclusión social, donde un pequeño parón de la economía puede hacerles caer en la más absoluta pobreza. La crisis fue generada por el capitalismo, donde la deuda privada empaquetada en productos financieros especulativos solo pretendía obtener mayores beneficios de unas deudas que no tenían un bien real que la respaldaran; no fue la deuda pública la que provocó la quiebra, sino la avaricia de un sistema capitalista volcado en su faceta ultraliberal. 

Una forma de capitalismo al que se comprometieron todos los líderes mundiales a poner remedio, tiempos en los que el presidente francés Sarkozy hablaba de refundar el capitalismo desde unas bases éticas, propuestas que se quedó en una burla a los ciudadanos en cuanto presionaron los poderes económicos que controlan el mundo; esa crisis en España ha tenido unos efectos devastadores para la parte de la sociedad vulnerable, los de siempre no han tenido ningún problema, más aún, los ricos son mucho más ricos. Según el informe de la fundación de Cáritas, existen 8,5 millones de españoles excluidos, de los que 4,1 están en un nivel de exclusión severa, en relación al año 2007, antes de que empezara la crisis, suponen 1,2 millones más.

La exclusión que ha dejado la crisis no es la de los parados que no encuentran un empleo, dentro de esta nueva pobreza se encuentran un 14% de trabajadores, los sueldos de miseria impiden que logren salir de la exclusión, el tener un trabajo ya no es un símbolo de progreso o una salida de la pobreza, en muchos casos es la imagen de la nueva explotación del capitalismo, que como en el siglo XIX dispone de un ejército de hambrientos disponible para cubrir sus necesidades a unos salarios de miseria. 

Pero quienes más padecen esta crisis son las familias, el 33% de las  numerosas están en grave riesgo de exclusión social,   que en el caso de las monoparentales ascienden al 28%. Los jóvenes es otro de los sectores de la sociedad que padece la crisis y hay más de 2 millones de españoles que  viven con la incertidumbre de perder su vivienda y con su pérdida la caída en picado en la exclusión social, sin lugar donde residir se pierden todos los derechos, incluso el de participación política. 

La grave pobreza que padece la sociedad española, que ahora se denomina exclusión social, se está enquistando como un cáncer, provocando que la mitad de la población o esté en peligro de caer en una situación de la que no podrán salir ni ellos ni sus descendientes o ya esté sumida en la misma.

El Informe de la fundación Foessa de Cáritas es contundente: el ascensor social ha dejado de funcionar, quienes nacen pobres seguirán siendo pobres toda su vida, sus hijos y sus nietos, ya no existe ese “contrato social” por el que se ofrecía la igualdad de oportunidades a cualquier miembro de la sociedad. Una  situación  que daña gravemente a la democracia puesto que, esta parte de la sociedad, no participa en el sistema político, al entender que no soluciona sus problemas, problemas tan graves como el empleo, la vivienda o el acceso a la sanidad o a la educación de sus hijos; o acaban en soluciones populistas como los que condujeron al mayor de los conflictos en Europa.

La sociedad española y, por ende, la europea no puede seguir este abrupto camino, sobre todo cuando existen soluciones que no suponen un cambio radical de sistema, sino la reformulación del contrato social. Hay que volver a poner en marcha el ascensor social.  Los sindicatos mayoritarios presentaron una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en septiembre de 2016 proponiendo el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social y a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Este mes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado el estudio de la ILP, casi tres años después, confirmando la viabilidad de esta renta básica donde destaca que “desde el punto de vista de la eficacia, la ILP permite reducir un 27,6% la tasa de pobreza extrema.”  Una propuesta que podría tener un coste fiscal de unos 5.500 millones de euros, cuando el rescate bancario nos costó, a todos los españoles, unos 65.000 millones.

En nuestra ciudad la tasa de pobreza según los estándares europeos (Tasa Arope) asciende al 49,3% de la población, lo que hace evidente la existencia de dos ciudades que de seguir este camino acabarán fracturándose, de ahí la necesidad imperiosa de cambiar las política sociales que permitan dar un vuelco a la situación, logrando que esa mitad de la población empiece a tener las mismas oportunidades que la otra, pudiendo acceder a las ventajas de nuestro estado social y de derecho.

Si en España es necesario un cambio en las políticas sociales, en las económicas y en la forma de hacer política para impedir que nadie se quede atrás, en nuestra ciudad es urgente ponerlas en marcha, debemos volver a poner en marcha ese ascensor que permita dar a todos las mismas oportunidades e impedir que el destino de tu nacimiento te haga estar en un lado u otro. Es el momento de gobernar para las personas, para todas.