¡Qué viene el moro!

Como en cada ocasión que se acercan unas elecciones, salta a la palestra la supuesta facilidad al acceso a la nacionalidad española, lo que habría permitido que nuestra ciudad, junto con la de Melilla, se hubiera plagado de unos españoles que vienen exclusivamente a aprovecharse de nuestro supuesto estado de bienestar social. 

Ahora el Partido Popular, viéndose desbordado por la extrema derecha que parece arrebatarle parte de su granero de votos, decide que es necesario modificar un Código Civil que, según el Sr. Imbroda, permite a las madres de los niños marroquíes que nacen en el hospital de Melilla solicitarles la nacionalidad española cuando cumplen los 18 años. Petición que piensa llevar a su reunión con el Presidente del Gobierno Español, Sr. Sánchez, en su próxima visita.

 

A esta petición se ha unido el Desgobierno el Sr. Vivas, que a través del Vocero en la rueda de prensa del consejillo semanal alegaba que la asistencia sanitaria a las mujeres de parto: ”conlleva unas repercusiones a nivel de Código Civil, a nivel legislativo que creemos que deben ser reflexionadas, al menos para impedir que esa solidaridad sanitaria que tenemos con poblaciones limítrofes pueda convertirse después en un derecho que probablemente no sea el deseado, cuando el legislador quiso legislar sobre el derecho a la nacionalidad. Es un tema que deberá ser reflexionado”.

¿Pero que dice ese pérfido artículo del Código Civil que permite tamaña osadía? ¿Cómo es posible que los padres de la patria hayan legislado de tal forma que se autorice esa invasión de quienes no son españoles a nuestras ciudades?  En diciembre de 1990 se realiza la última modificación del Código Civil en cuanto a nacionalidad, en la que se incluye un cambio en la nacionalidad por filiación o nacimiento en España que el propio preámbulo señala: “mención especial merece el último párrafo del artículo 17, que difiere radicalmente del hasta ahora vigente. Se estima que la atribución automática de la nacionalidad española por filiación o por nacimiento en España es una consecuencia excesiva, y perturbadora muchas veces para el interesado, cuando tales hechos se descubren después de los dieciocho años de edad, por poder afectar entonces a personas cuya vinculación con España sea inexistente o muy escasa. Más respetuoso con la realidad y con el interés del afectado es limitar el derecho de éste a una eventual adquisición de la nacionalidad española por opción.”

Y en esa reforma el artículo 17.2 queda de la siguiente forma: “La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.”

Es decir que para poder optar a la nacionalidad española por este método, primero debe cumplirse que el conocimiento del nacimiento en España se realice después de los 18 años, algo difícil que se produzca cuando en nuestros hospitales se les da el certificado de nacimiento en el momento del parto, y en segundo lugar deben cumplirse el resto de condiciones que el Código Civil exige, ser hijo de padre o madre española, o ser hijo de extranjero si uno de ellos ha nacido en España, o si ambos padres carecen de nacionalidad. La modificación se realizó porque se otorgaba la nacionalidad española obligatoriamente a quienes cumplieran estos requisitos, sin tener en cuenta la opinión del afectado.

Según el Código Civil, al menos el código español, no es suficiente nacer en España para ser español de origen, se exigen otra serie de requisitos que en las circunstancias que denuncia el Alcalde Presidente de Melilla no se producen. Entonces ¿a qué responde este interés en denunciar un problema que no existe?

Desde el año 1990, el Partido Popular (PP) ha gobernado nuestro país durante 15 años (1996-2004 y 2011-2018), en algunos casos con una mayoría suficiente para poder haber llevado a cabo esa supuesta modificación que ahora exigen, durante casi treinta años ha existido, según el PP, esta posibilidad de nacionalización y nada han hecho, ni tampoco se ha dado ese número de concesión de nacionalidades (unas mil anuales), ni siquiera por residencia se alcanza esos niveles a los que alude el Sr. Alcalde Presidente de Melilla, quizás se han dado cuenta ahora, como aquel técnico del GIL, metido a senador por el PP, que en este momento percibe que en el puerto de Ceuta no existe una grúa, demostrando que cuando gobiernan solo se miran el ombligo, no defienden el interés de quienes les eligen. 

La invención del problema por parte del PP se debe a que tiene una sangría de votos en las dos ciudades que se está traspasando al partido de extrema derecha VOX, el que ya ha postulado esa máxima de Trump, “los españoles primero”, o que la inmigración “no viene a España a engrandecerla, sino  a recibir prebendas que muchos españoles no tienen”. Dado que este discurso racista, que se extiende por el primer mundo, atrae a muchos de los votantes del PP, quieren evitar esa pérdida convirtiéndose en adalid de la lucha contra la llegada del moro. En el año 2017 se produjeron en Ceuta y Melilla, por todos los conceptos, 196 nacionalizaciones, muy lejos de esas dos mil que deberían existir por esos nacimientos y en progresiva caída desde la última gran regularización de 2013.

Le recomendaría al PP que recordara lo que le ocurrió apenas hace dos meses a la CSU que, en su intención de atajar a la ultraderechista Alternativa Alemana, asumió el discurso antiinmigración, pero los electores prefirieron el original a una mala copia. 

Bien haría el PP en solucionar los graves problemas que tienen Ceuta y Melilla, sobre todo cuando gobiernan, y dejarse de inventar cuestiones que solo existen en sus mentes.