Judicializar la política

En la visita que hacía  el pasado uno de marzo a  nuestra ciudad el Presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, para analizar los graves problemas que la justicia tiene, en cuestiones de infraestructuras, que de otras cuestiones también necesita una profunda actualización, señalaba que los políticos la solución que aplican a “cualquier problema que surge, rápidamente es acudir a los juzgados, y no necesariamente es el lugar donde hay que resolverlos”.

Y tiene toda la razón el Sr. Presidente del  alto tribunal, el juzgado es el último lugar que los políticos deberían pisar para solucionar sus diferencias, sobre todo la sala penal, sin embargo el problema surge cuando al otro lado  de la negociación se encuentra un prepotente que se cree imbuido de la interpretación legislativa que ha debido conseguir en alguna institución inexistente, como aquel Doctorado que consiguió  un antiguo Director de una institución y el Magister que le dieron al actual. 

Sin embargo la interpretación de la ley, en nuestro sistema democrático, la tienen los juzgados, no nuestro inepto Alcalde, quien imbuido en un trasunto magistrado supremo le da por agarrarse a unos informes a los que denomina técnicos, pero que sólo responden a su interés, interés particular, no se dejen engañar por lo de “general”, y parafraseando a mi admirado Groucho Marx, diría “estos son mis informes, si no le gustan, tengo otros”. 

Así ha ocurrido con el abuso que, de los derechos de los usuarios y consumidores, ha venido haciendo la empresa municipal ACEMSA, quien amparándose en una defensa del medio ambiente inexistente, decidió de una “forma abusiva y por tanto ilícita” dejar de enviar la factura a sus abonados, puesto que en ningún momento ninguno de los Corsarios de Vivas que ha pasado por la dirección de esa empresa los ha tratado como clientes.

Se justifica la empresa en el ahorro de 120.000€ al no cumplir con el derecho de los consumidores a recibir la factura  y que desde primeros de año ya la está enviando a quienes no tienen domiciliado el pago, haciendo una nueva reinterpretación de las normas y de los acuerdos a la que esta cuadrilla está acostumbrada. Olvidando que un derecho no puede ser comprado por 30 monedas, los derechos deben cumplirse. Y si tanta preocupación tiene el Desgobierno del Sr. vivas por el medio ambiente y el ahorro de costes deberían haber empezado por reducir las pérdidas, rebajándolas  a la media nacional, puesto que tirar el agua supone unos cuantos millones, ya que la inmensa mayoría del agua es de desalinización, un coste que beneficia a una gran empresa.

 

Desde hace más de un año, el Movimiento por la Dignidad y la  Ciudadanía ha estado dialogando con el supuesto gerente de la empresa, con el Consejo de Administración,   con la secretaria accidental del ayuntamiento, en la Junta de Portavoces, en el Pleno y con los innumerables incompetentes que conforman el Desgobierno del Sr. Vivas; la respuesta ha sido siempre la misma: “estamos trabajando en ello”  y, como con todo, nada han hecho, nuestro inefable Alcalde se ha dedicado a hacer el Don Tancredo, aprendido de su olvidadizo Sr. Rajoy, que no debe recordar las promesas que nos hizo cuando visitó  Ceuta como candidato a presidente para pedirnos el voto.

La legislación es meridianamente clara, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre  de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 63.3 señala: “En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor.” Pues a pesar de esta rotunda nitidez, toda esta Panda de Saltimbanquis ha estado cercenando ese derecho a los clientes de ACEMSA, acostumbrados a una domesticada oposición que siempre se ha avenido a sus deseos.

Sin embargo el MDyC ha  continuado con la exigencia de revertir los derechos de  los usuarios y al no observar ningún cambio en el Desgobierno del Sr. Vivas tras un año de diálogo, decidió poner en manos de la fiscalía el asunto, por dos cuestiones: una, porque el MDyC no tiene la legitimación activa para defender los derechos de los consumidores y dos, porque quienes sí la tienen, las asociaciones de consumidores y usuarios nada han hecho por defender ese derecho, comprensible cuando uno analice los presupuestos municipales y las subvenciones que se reparten. Ya saben lo que se conoce como la Corte de los Milagros, en la que nadie quiere morder la mano que le da de comer.

La Fiscalía no ha tenido la paciencia que ha demostrado el MDyC y tras  el ocho de marzo emitir un Decreto en el que emitía “una acción de cesación de una práctica ilícita y abusiva” y comprobar que ACEMSA seguía facturando ese mes sin enviar la factura a los clientes, el tres de abril presentaba la demanda, basada en el escrito del MDyC, para que la empresa municipal acabara con la ilegal práctica de no enviar la factura. Quince días después el Juzgado sentenciaba a la empresa a cumplir con la ley, una sociedad que se allanaba en el juicio a la petición de la fiscalía. Si la empresa incurre en la multa que la sentencia impone, deben ser los irresponsables que la dirigen quienes la paguen,  no vamos a costearle con nuestros impuestos sus tropelías.

Es incomprensible que tenga que llegarse a un juzgado para restituir unos derechos cercenados por la ineptitud del Desgobierno del Sr. Vivas, que los Corsarios de esta caterva de incompetentes puedan  hacer y deshacer a su antojo como si las empresas municipales fueran su cortijo, demostrando que el único interés que les mueve es el propio.

Si alguien judicializa la política es nuestro ínclito Alcalde, que rodeado de una turba de ineptos se dedican a repartir el presupuesto municipal entre su Corte de los Milagros, y cuando se saltan la ley y se les advierte prefieren mirar para otro lado, como con el caso EMVICESA, donde la Sra. Juez emitía un auto demoledor donde señalaba que “las viviendas de Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio alguno”, caso donde el principal culpable es nuestro apócrifo Alcalde, por su actitud pasiva ante las constantes denuncias que decía recibir y que nada hizo por aclararlas, como todos los partidos que asistían a la Comisión Local de la Vivienda, que nada  hicieron para conocer quiénes eran los adjudicatarios. Por eso desde el MDyC siempre se ha defendido que se investigara quiénes eran los que formaban aquella lista, todos y cada uno de ellos, si cumplían o no los requisitos exigidos y si no los cumplían quiénes fueron los que los habían introducido en esa lista. Sólo una reunión duró la Comisión de Investigación, algunos empezaron a largar más de la cuenta.

El único responsable de todas estas situaciones no es otro que nuestro inepto Alcalde que es quien con su desidia lo ha permitido, pero ya saben, en ustedes está la solución.