El peor Ministro de Hacienda

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre  la “amnistía fiscal”  que se incluía en el Real Decreto-ley 12/2012 de 30 de marzo confirman a D. Cristóbal Montero Romero como el peor Ministro de la Hacienda Pública de nuestra democracia.

A conseguir que nuestra deuda pública supere por primera vez el importe del Producto Interior Bruto (PIB), al constante incumplimiento de los presupuestos generales del estado, a la inobservancia del déficit estatal culpando a los demás de su fracaso, a la falta de persecución del fraude fiscal, al abuso de los datos fiscales para su conveniencia política, a las numerosas amenazas veladas que ha lanzado contra aquellos que han discrepado de sus políticas, incluidos los diputados de la oposición, al desprecio hacia el sector cultural, etcétera, etcétera, etcétera; se une ahora este grave revés que nuestro máximo Tribunal le da  a esa chapuza técnica que envolvieron con eufemismos técnicos como “medidas excepcionales para incentivar la tributación de rentas no declaradas”.

Si ninguna “Auctoritas” le quedaba a este prepotente individuo, que hasta se jacta de no tener amigos en política, la “potestas” se la acaba de liquidar esta sentencia del Tribunal Constitucional que le debería impedir continuar en el desempeño de su cargo. Si los técnicos ya prevenían sobre los peligros de las disposiciones que se incluían en el Decreto-Ley y de las formas utilizadas en el año 2012, recordemos que se permitía acudir con dinero en efectivo y blanquearlo, sin necesidad de justificar su procedencia tan sólo asegurar que se tenía antes del 31 de diciembre de 2010, fórmula que ha permitido con toda seguridad el afloramiento de dinero proveniente del narcotráfico, de la trata de blancas, de la venta de armas y de otros cientos de delitos; esta medida de autoriza el blanqueo de dinero en efectivo nunca se había llevado a cabo, un nuevo invento del Sr. Montoro.

Esta amnistía fiscal que según el Sr. Montoro iba a suponer una “regularización” de unos 25.000 millones de euros, puesto que esperaban unos ingresos extraordinarios para la Hacienda Pública de unos 2.500 millones, al tener que abonar un 10% de la cantidad “regularizada”, acabó regularizando unos 40.000 millones provenientes de 618 empresas y 29.065 personas, y recaudó tan sólo 1.191 millones de euros.  Es decir un mísero 3%. Mientras  cualquier vecino debe pagar entre el 20% y el 47% de sus rentas salariales, o entre el 20% y el 24% de las de capital; a estos defraudadores con solo el 3% se les regularizaba una rentas que habían mantenido ocultas colaborando con ello a los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, …

Datos que demuestran que esta amnistía fiscal iba encaminada a “salvaguardar” los intereses que siempre ha defendido el Partido Popular: la de sus amistades. De las diferentes listas que supuestamente se han filtrado o de las personas que han reconocido que se acogieron a la misma aparecen, aparte de la aristocracia y la antigua jerarquía franquista, nombres como los de Bárcenas, Rato, Granados, Margaliza, López Viejo, es decir la flor y nata de los casos de corrupción del Partido Popular y hasta los hijos de  Pujol (Oleguer y Josep), el socio de Urdangarín (Diego Torres) o el sindicalista minero Fernández Villa. Prácticamente todos los casos de corrupción de los últimos tiempos tiene su representante en la lista. Se hizo el decreto-ley para buscar nuevos fondos o para ayudar a los “amigos” corruptos, que cada cual saque sus conclusiones.

Pero leyendo la sentencia del Constitucional no se puede mas que concluir que fue una trama urdida para que los defraudadores se beneficiaran de una suculenta rebaja, pagando el tres por ciento (¿no era ese el problema del que hablaba el President Maragall? ¿casualidades o directamente recochineo a los españoles?) del dinero que habían ocultado a la Hacienda Pública. Una sentencia que disfrazada en un lenguaje técnico viene a decir que los autores materiales (Montoro, el “técnico” y Rajoy, el “inspirador”) se conchabaron con los estafadores para beneficiarlos.

Si tienen la oportunidad lean la sentencia de tan sólo veintidós páginas, que hace pensar que han tardado lo justo y necesario en que prescriben los hechos para dictar tan rotundo dictamen, cinco años. Pero sobre todo las cuatro últimas páginas son un varapalo al uso partidario y partidista que ha hecho el Gobierno de Rajoy de los mecanismos legales para facilitar a los suyos el saltarse la ley, indicando que estas medidas “deben respetar, en todo caso, los límites y exigencias que la Constitución impone, tanto formales como materiales.”

“La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE). Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir.  El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular."

No todo vale para beneficiar a sus amigos, Sr. Montoro, aunque usted se vanaglorie de no tenerlos. Individuos como éste que abusan del sistema legal para beneficiar a unos pocos no pueden seguir en un cargo público.