Una historia con muchas lagunas

La modificación del contrato para la prestación del servicio de la limpieza pública viaria y la recogida domiciliaria de basuras con la empresa Urbaser que se inició con la aprobación del Dictamen por el pleno del quince de noviembre de 2000, cuando el gobierno de Antonio Sampietro daba sus últimos estertores, con los votos favorables del Grupo Independiente Liberal (GIL) y la tránsfuga Susana Bermúdez, y la negativa de toda la oposición (Partido Popular, Partido Democrático y Social de Ceuta y Partido Socialista Obrero Español); es “una historia con muchas lagunas” como la definía el entonces concejal del PP Hurtado de Mendoza.

El contrato de la basura con la empresa concesionaria vencía en el año 2002 y el resultado de la limpieza de nuestras calles no era el más adecuado, como señalaba el propio concejal Simarro quien decía que la empresa se había relajado en el cumplimiento de sus obligaciones y la propia sociedad reconocía que los medios materiales existentes estaban absolutamente obsoletos y bastantes deteriorados. A pesar de ello, el GIL decide ampliarles el contrato por diez años más y elevar la contraprestación hasta 1.785 millones de pesetas anuales.

Para el PP en ese momento la modificación del contrato provocaba una alarma social porque se pensaba que era un tema oscuro, poco transparente e incluso dadivoso, cuando el concejal Simarro hacía una pirueta legal para renovar los contratos. El PP abogaba por un concurso público al que pudieran concurrir todas la empresas del sector y como lo quería hacer el GIL podía resultar un fraude de ley y hasta una desviación de poder. Lo que pretendía el Gobierno de Sampietro, según el PP, no era una modificación sino un nuevo contrato y ello bordeaba la legalidad para no someterlo a la concurrencia de las empresas del sector. Y el Sr. Simarro acababa el debate sobre el asunto de una forma vehemente diciendo: “¡Esto es gratis total! ¡Aquí no cobra ni Dios!”. Excusatio non petita,....

Sin embargo, en mayo de 2001 vuelve a Pleno la modificación del contrato, el Gobierno ha cambiado, ahora se encuentra en el sillón municipal el Sr. Vivas apoyado por los tránsfugas del GIL (entre ellos el Sr. Simarro) y los dos concejales del PDSC. La postura del PP ha cambiado, ya no hay alarma social, ni poca transparencia, ni se limita la concurrencia pública, ni se pretende realizar un nuevo contrato. Ahora es el concejal De la Rubia, en la oposición, el que trina en contra del contrato, el que considera que se salta la ley al modificar las condiciones del contrato. En este Pleno el PP defiende esta modificación, pero su cambio de postura se explica porque van a implantar una auditoría que analice la idoneidad técnica y económica de la empresa y una encuesta entre la población para conocer el grado de satisfacción que sobre la limpieza se tiene, y que serían decisivas, puesto que sus resultados, de ser negativos, provocarían la inmediata rescisión del contrato con la empresa concesionaria. Auditoría que debería llevarse a término en el cuarto mes de la entrada en vigor del nuevo Pliego de Condiciones. Con este “añadido” el PP junto a sus socios de gobierno, PDSC y los tránsfugas del GIL, sacan adelante la aprobación.

El fin que se perseguía con esa auditoría, aparte de los estudios económicos y técnicos, era el de despejar cualquier posible duda sobre la modificación del contrato de una forma que rozaba la legalidad y demostrar que la decisión era una cuestión en la que no había influido ese “gratis total” que berreaba el concejal Simarro y se aplacaba la “alarma social” que el PP veía en noviembre del año 2000. Pero para cumplir con este requisito, que podríamos denominar “moral”, la auditoría debería haberse realizado en tiempo y forma, y de ninguna de las dos maneras se ha llevado a cabo. Ni se ha realizado la auditoría técnica y económica a los cuatro meses, ni se encargó a una empresa que cumpliera los requisitos exigidos para auditar, ni realizó su trabajo en el tiempo previsto y hubo que contratar a otra empresa para que hiciera una auténtica auditoría, ni se encargó la encuesta a la población a la empresa con mayor volumen de facturación del sector. En definitiva, no se cumplieron las exigencias que se aprobaron en el Pleno para darle ese aprobado “moral” a la modificación del contrato, como tuvo que reconocer el propio Sr. Vivas en el último Pleno.

Ante este suspenso “moral”, nuestro Alcalde tuvo que volver a sacar su honor para indicar que “no nos vincula ninguna relación extraña” con la concesionaria del contrato, utilizando su desgastada figura de como patente de corso para poner fin a un debate en el que la oposición le acorraló y su concejala de Medio Ambiente, entre balbuceos, culpar a los técnicos del incumplimiento de un Acuerdo Plenario. Pero a mi me sigue quedando ese regusto de que es una “historia con muchas lagunas”.