El pasado doce de julio la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenaba a la Ciudad Autónoma de
Ceuta al pago de 34.330,55 euros (5.712.000 pesetas) a un agente de turismo por
acoso laboral o “mobbing”. La portavoz del Ayuntamiento ha indicado que la
Institución no piensa recurrir la Sentencia, por lo que podemos darla por
firme.
En la Sentencia se da por probado que a partir de julio del año 2000 y hasta su baja en diciembre de 2002, este trabajador fue obligado a realizar tareas que menoscababan su dignidad, entre las que señala el auto las de realizar funciones de camarero sirviendo copas a los invitados, suspender sus vacaciones en varias ocasiones a requerimiento de la concejala, llevar la ropa de la señora a la lavandería, ir a pagar el alquiler de su casa, ir a la modista y varios recados de índole personal.
Nos encontramos que la señora concejala
de Turismo, desde marzo de 2000, fecha en que se incorpora este trabajador,
hasta diciembre de 2002, fecha en la que el agente de turismo causa baja médica
laboral por trastorno adaptativo ansioso depresivo provocado por estrés laboral,
estuvo acosando a este trabajador. La concejala cesó en sus responsabilidades el
18 de junio de 2003. De lo que se desprende que a pesar de tener conocimiento de
estos hechos, nuestro Alcalde prefirió seguir manteniendo a una déspota y
tránsfuga en su gobierno. Si el Sr. Vivas conocía estos hechos, como así perece
ser, es tan responsable de este acoso como su concejala, al permitirle que desde
febrero de 2001, en que se hizo cargo del sillón de la alcaldía, esta señora
continuara ejerciendo sus prácticas de acoso laboral a sus subordinados. Lógico
que ahora no quiera recurrir la sentencia.
Si en verdad nuestro Primer Edil
no fuera responsable de estos hechos automáticamente ordenaría a los Servicios
Jurídicos de nuestro ayuntamiento el inicio de una demanda contra la Señora Aída
Piedra, primero para que sea ella quien pague el importe de la indemnización al
trabajador y segundo para que sea ella la responsable del acoso laboral que
sufrió y no la Institución a la que representa, exigiéndole una indemnización
moral por los daños causados. En cualquier empresa ésta es la forma en que se
actúa, exigir las responsabilidades a quien ha ejercido esas conductas, pues el
no hacerlo supone el asumir que se está conforme con esas actuaciones que
denigran a los trabajadores y que, incluso, se ha podido ser el instigador de
dichas conductas si no existe un comunicado expreso de nuestra alcaldía
desaprobando dichas acciones.
Este caso puede explicar el que otros miembros de
su gobierno realicen actos de menosprecio a sus subordinados, como el concejal
de Gobernación, que a pesar de existir todos los informes pertinentes para ello,
se niega a reconocer los méritos contraídos por dos miembros de la Policía
Local, por lo que no parece nada extraño que esto del acoso laboral al
trabajador sea una práctica habitual de nuestros gobernantes locales.
Pero
nuestro Alcalde ha preferido callar y esconder la cabeza, como hizo con el
Informe del Tribunal de Cuentas, pues no ha puesto en marcha ninguna de las
recomendaciones que le hacía dicho Tribunal, ni siquiera ha tomado el camino del
juzgado para denunciar a aquellos que se apropiaron de nuestras arcas
municipales e hicieron un uso indebido de las mismas. Recuerden ustedes, entre
otras cosas, a aquel gerente del Parque Marítimo que nos trajo el Sr. Sampietro
del mismísimo Marbella, Fredy Simón Arana, quien exigía el cobro de dinero sin
entregar justificante documental alguno por copas, comidas, viajes. En cualquier
lugar eso es un delito de malversación de fondos públicos, sin embargo en
nuestro pueblo las autoridades siguen escondiéndose y no llevan a nadie al
juzgado. ¿Qué le debe el Sr. Vivas a todos estos señores del Grupo Independiente
Liberal (GIL) para ocultarles todas sus vergüenzas?
Es muy fácil con el
dinero público hundir la cabeza bajo el ala y no exigir responsabilidades a
nadie, con “tirones de oreja” nuestro Alcalde lo soluciona todo. ¿Estamos
obligados los ceutíes a pagar casi seis millones de pesetas por los devaneos de
esta Señora? ¿Y el Estado, está obligado a transferirle a su Ayuntamiento
cantidad alguna para que siga existiendo ese descontrol de los fondos públicos
al que el Tribunal de Cuentas hace referencia? Para hacer una buena gestión es
necesario actuar con ética y el Sr. Vivas parece que la ha olvidado enfundado en
su traje de técnico, quien sólo sabe hipotecar nuestra ciudad y endeudarla para
no darnos un futuro mejor.
Espero que al menos la oposición exija, en el
próximo Pleno, que el Ayuntamiento se querelle contra la Señora Aída Piedra por
su conducta de menoscabo de la dignidad del trabajador y para que pague la
cantidad a la que ha sido condenada por sus actos. Ahí veremos si el Sr. Vivas
es o no responsable de los actos de la Sra. Piedra.
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