El caso Íñiguez

El pasado lunes los concejales de la oposición recibían un anónimo en el que se denunciaban una serie de hechos entre los que estaba el cobro indebido de 21.000 euros por parte del concejal D. Víctor Iñiguez. Al día siguiente los medios de comunicación se hacían eco de que el concejal habría sido retribuido en concepto de trienios por antigüedad con esa cantidad de una forma errónea y por lo tanto deberá devolverla.

Al parecer el concejal, viendo que su retribución no debía ser suficiente para recompensar los esfuerzos en el cumplimiento de sus obligaciones públicas, optó por complementar su salario con otros conceptos que, según sus propias declaraciones, han cobrado otros compañeros de partido sin tener derecho a ello, como son la antigüedad y la residencia que los funcionarios de carrera tienen reconocido en el régimen de remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento. Y así, considerándose con todos los derechos del mundo, presentó un documento de la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, dirigida por Pedro Gordillo, en el que a un maestro de un colegio concertado se le debería dar la consideración de funcionario estatal con tan rotunda argumentación que el jefe de Habilitación de Nóminas entendiera sin ninguna duda que estaba dentro de los casos en los que el reglamento municipal acepta el pago de estos conceptos.

Porque si no fuera así, deberíamos estar hablando de prevaricación, hecho condenado por nuestro Código Penal. Pues entiendo que si el documento no aclara con rotundidad que el Sr. Iñiguez es funcionario o tiene esa consideración, el Servicio que informó positivamente deberá explicar las razones que le llevaron a hacerlo de esa forma. Al igual que habría que estudiar el documento oficial emitido por la Delegación del Ministerio para analizar el contenido del mismo y considerar si existe la posibilidad de prevaricación en la emisión del certificado, si en el se considera que nuestro edil es funcionario de carrera.

El intento del edil de hacer de este hecho una lucha interna de su partido e implicando en estos cobros a otros miembros del gobierno tan sólo muestra el estado en que se encuentra el Partido Popular en nuestra ciudad, donde las distintas familias parecen estar a la greña por copar las cotas de poder, que cada vez serán menos, y en pasar factura a los que no son de su “familia”. Más que un partido político unido alrededor de un proyecto ideológico, son una serie de grupos de intereses en busca de la obtención de los mismos. Así el portavoz del gobierno local ha entrado en la batalla indicándole que sentía “vergüenza” de las declaraciones del Sr. Iñiguez y que pediría las responsabilidades como Secretario General al querer percibir algo que no le correspondía, aconsejando que se presentara a unas oposiciones (y supongo que se le olvidó indicar que las aprobara) para tener ese derecho.

El Sr. Iñiguez podrá explicarnos que está en todo su derecho de cobrar, como dice él que otros miembros han cobrado estos conceptos, pero si no es funcionario, tal como indica el Reglamento, ni siquiera debería haber hecho el intento de que se le reconociese ese derecho, pero ésta debe ser la ética reinante en nuestro Partido Popular, la que confunde el interés público con el privado y considerar que se está en un cargo público para beneficio propio y no de la Ciudad. Mal favor le ha hecho a su partido queriendo inmiscuirlo en un problema que sólo le atañe a él que es quien ha intentado cobrar unas cantidades que no le corresponden.

El asunto no creo que deba quedarse en un simple “error material” y que se subsane con un “impecable decreto” y un “tirón de orejas”, pues las implicaciones políticas que tiene son preocupantes, las retribuciones que ha cobrado han salido de las arcas municipales y en las aprobaciones de las mismas están implicados funcionarios y organismos oficiales, por tanto nuestro Alcalde debe depurar las responsabilidades políticas que correspondan, sobre todo cuando el concejal afectado forma parte del gobierno municipal y queda en entredicho la honestidad del mismo y sobre todo aclararnos si existe la posibilidad de un delito y si así fuera actuar con la contundencia necesaria para acabar con este tipo de corrupción.