Desde la semana pasada Procesa, la empresa que debiera ser modelo del desarrollo de nuestra ciudad, está en boca de todos por cuestiones bien distintas a las que su objeto social hace referencia y está creando un gran malestar no sólo entre los miembros de su plantilla sino en la clase política local por la situación que debe afrontar ante la apertura de diligencias por parte del Tribunal de Cuentas por las posibles irregularidades en su gestión.
Nadie pone en duda la entrega o la honradez de la plantilla que constituye Procesa, sobre todo de su personal no directivo que tantas y tantas cosas debe aguantar para poder continuar en su puesto de trabajo, pero lo que no es muy razonable es que sus superiores utilicen de una forma tan descarada a los trabajadores para ponerlos como escudos humanos ante las posibles ilegalidades cometidas en la subida de sus sueldos de dirigentes de empresas multinacionales. Pero si los trabajadores realizan horas extraordinarias y nos las cobran, si sus condiciones de trabajo son modificadas unilateralmente o no se cobran los pluses por productividad ; sean valientes y tal como han denunciado públicamente en los medios de comunicación, denúncienlo ante la Autoridad Laboral, porque eso tiene un nombre y es el de explotación laboral, porque vuestra denuncia parece la defensa de vuestros jefes, no la vuestra.
El Tribunal de Cuentas ha abierto expediente informativo por la firma del Convenio Colectivo de la empresa, en el que entre otras cosas se saltan varias leyes (La Ley de Disciplina Presupuestaria, La Ley de la Función Pública y hasta la propia Constitución) para poder justificar el que el Director de esa empresa se duplique el salario tan tranquilamente sin que a nuestras autoridades locales se les caiga la cara de vergüenza. Esta es la regeneración democrática que nuestro Alcalde nos prometió cuando asumió hace mas de dos años el sillón de la plaza de África, pero ejemplos de pago a estómagos agradecidos hay bastantes en estos dos años.
Así nos encontramos que en el Convenio del Sector del Comercio de nuestra ciudad, el mayormente utilizado por nuestras empresas, un Administrativo con antigüedad cobra unos 12.000 euros (unos dos millones de pesetas) en Procesa unos 18.000 ( unos tres millones). Aproximadamente un cincuenta por ciento más que en el Convenio de mayor aplicación. Un gerente en el Comercio cobra unos 18.000 euros (unos tres millones), en Procesa cobra unos 66.000 euros ( unos once millones), más del triple, sueldo que viene a ser el que cobra nuestro Presidente del Gobierno. La diferencia salarial en el Comercio es de nueve ( es decir, el gerente cobra unas nueve veces más que el administrativo) en Procesa es de veintidós (si, el gerente cobra veintidós veces más salario que el administrativo); otro ejemplo de la equidad y justicia del Convenio. En la plantilla de Procesa hay unas veinte personas, por el Convenio de Comercio se rigen unos cuatro mil trabajadores. Nuestros Sindicatos han salido en una airada defensa de los trabajadores de la empresa municipal al sentirse agredidos por la denuncia de la ilegalidad que han cometido sus superiores ¿o han salido en defensa del incremento de 6.000 euros que se ha hecho el gerente? No es necesario recordar que Procesa es la que gestiona los Fondos Europeos, la oficina burocrática que nuestro técnico ha creado para repartir subvenciones por la ciudad, la que paga los Planes de Empleo o concede subvenciones a empresas según los criterios que considere oportuno. ¿Por qué no se exigen estos incrementos para los demás Convenios? ¿Por qué no se equiparan todos los salarios a los de la Asamblea? ¿O es que según nuestros Sindicatos sólo los trabajadores de la empresas municipales tienen derecho a esos salarios? ¿O es que como es el dinero público da exactamente igual lo que hagamos con él?
A mayor abundamiento existe un informe del Interventor en el que indica que la aprobación del Convenio Colectivo es ilegal al infringir varias normas, a pesar de ello, nuestro Alcalde ha seguido hacia adelante, sin tener en cuenta las consecuencias que dicha actitud puede acarrear a la ciudad, no creo que hubiera costado mucho el solicitar a los órganos jurídicos de nuestro Ayuntamiento el asesoramiento necesario y dejar en suspenso la aplicación del mismo, con posterioridad se hubiera podido solucionar, si es legal, el pago de los emolumentos a los trabajadores con los intereses que la ley indica pero ¿colocar el interés de veinte personas por encima de los de la ciudad? Las dudas asaltan sobre mi pensamiento, ¿de quiénes son esos intereses? Aquí alguien está jugando con la plantilla de Procesa en beneficio propio.
¿Cómo justificará nuestro concejal de Hacienda el déficit de la ciudad y solicitará al Señor Montoro responsable de nuestra Hacienda Nacional el dinero para cuadrar nuestro presupuesto? ¿Le dirá que nos hacen faltan 66.000 euros para pagar a nuestro técnico de la oficina burocrática de reparto de subvenciones de los Fondos Europeos? Porque alguien le tendrá que dar explicaciones a Madrid sobre las razones de nuestro déficit y por qué en una empresa sujeta a los Presupuestos de la Ciudad se incumple no sólo la normativa vigente sino las recomendaciones que nuestro Gobierno de la nación ha dado para realizar los Presupuestos.
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