El pasado 22 de mayo la
Comisión Europea emitía la Recomendación al Reino de España para el segundo
semestre del año 2017, un documento que ha pasado desapercibido entre
primarias, mociones de censura y corrupciones varias, que poco van a solucionar
los problemas de los españoles.
En apenas ocho páginas la
Unión Europea da un repaso a la situación económica, política y social en la
que se encuentra España, basado en su informe del 22 de febrero, hace especial
hincapié en las debilidades que deben ser corregidas, si se desea cambiar la
situación actual y afrontar con éxito los próximos años para poder salir de la
crisis en las que nos sumieron unos gobiernos incapaces de planificar el medio
plazo u otros que aplicaron unas medidas que nos condujeron a un callejón de
difícil salida con una grave brecha social, una disminución de los derechos
laborales y sociales y una falta de proyecto de desarrollo económico que no sea
el ladrillo y el turismo barato.
La Comisión recomienda una
serie de medidas, entre otras, encaminadas a facilitar el Mercado Único, no de
la Unión Europea que sería lo más lógico,
sino dentro de España pues los 18 regímenes administrativos ponen más
trabas al desarrollo de la unidad de mercado que los hasta ahora 27 restantes
miembros que la componen. El Estado, las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos deben realizar mayores esfuerzos de coordinación que permitan la
facilidad para la obtención de licencias y desarrollo de negocios, sobre todo
de las pequeñas y medianas empresas, que son las que predominan en la economía
española y las que generan los puestos de trabajo.
Otra de las recomendaciones que se incluyen en el memorándum es la ineficiencia del gasto público, siguen existiendo estructuras administrativas duplicadas, organizaciones ineficientes o empresas sin objeto social claro; en los tres niveles de la administración se derrochan fondos que deberían ser utilizados en otros fines mucho más necesarios, otra de las promesas del Gobierno de Rajoy incumplidas la disminución de organismos administrativos ineficientes.
La Comisión Europea también pide una mejor coordinación entre los servicios de empleo público y los servicios sociales, que permita mejorar la prestación de servicios a los desempleados de larga duración y a los beneficiarios de sistemas de renta mínima garantizada. También solicita la homogenización de los sistemas de renta mínima, que debido a la fragmentación del sistema nacional y a las muchas diferencias entre los autonómicos tienen una “escasa eficacia” y provoca que determinadas categorías de hogares vulnerables queden fuera de estos sistemas. Así mismo propone facilitar el acceso a las guarderías.
En la enseñanza, dos son las recomendaciones en las que insiste la Comisión, partiendo de que los “deficientes resultados en materia educativa afectan negativamente al potencial de crecimiento a largo plazo de la productividad en España” y que la elevada tasa de abandono escolar sigue siendo de las más elevadas de Europa, señala, por un lado, que los avances se han conseguido a través de la formación del profesorado y el apoyo a los estudiantes de forma individualizada, lo que propone que se haga extensivo para acabar con el fracaso y el abandono escolar; y por otro lado, remarca la necesidad de adaptar la Universidad al mercado laboral.
Y por último destacaría el tema de la corrupción política, indica el informe que “España sigue careciendo de un marco normativo claro y coherente en materia de contratación pública que garantice el cumplimiento de la legislación, un elevado nivel de competencia y la eficiencia económica”. Y añade que “no se han diseñado estrategias preventivas específicas” en los niveles autonómicos y locales de la administración. Tampoco existe una legislación de protección del denunciante de esa corrupción que sufren en sus vidas la venganza de estos delincuentes, ni de los lobbies, ni es independiente la Oficina de Conflictos de Intereses. Y teme que la limitación de los plazos de investigación judicial de los casos de corrupción conduzca a la impunidad de muchos de ellos, cuestiones que sólo benefician la perpetuación de esta lacra en nuestra sociedad.
Muchas son las medidas que un Gobierno debería tomar para salir de la crisis, y sobre todo para adecuar nuestros sistemas educativo, laboral, de servicios sociales, de mercado, etc. no solo a las normas europeas sino para que se puedan solventar las distintas problemáticas a la que la inacción del Gobierno de Rajoy nos ha conducido; soluciones que no necesariamente pasan por recortes económicos o sociales. Unas medidas que contribuyan a reducir el déficit con una mayor eficiencia de los recursos utilizados por la Administración. Y sobre todo lo que es totalmente inexcusable es luchar contra la corrupción con todos los medios a su alcance, que es lo que no parece poner este Gobierno. Ya conocen el refrán del dicho al hecho hay mucho trecho.
El memorándum de la Comisión Europea deja una cosa bien clara, que mucho se podría haber avanzado si hubiera existido voluntad política, pero el Gobierno de Rajoy se caracteriza por su “Tancredismo”, lo único que le preocupa es seguir sentado en la poltrona de La Moncloa, para ello ha negociado hasta con el diablo la aprobación de unos Presupuestos que si el diputado cunero de nuestra ciudad tuviera dignidad ya habría o renunciado al escaño o abandonado el Partido Popular, pero ya saben cómo es toda esta Corte de los Milagros, su interés está por encima del de Ceuta y ni con aceite hirviendo se van, ahí tienen al inepto del Delegado del Gobierno, no da para más, pero es la apuesta de nuestro Alcalde Perpetuo, así que nadie lo va a mover.
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