El pasado 22 de marzo se presentaba en el Ateneo de
Madrid el Informe sobre el Estado Social de la Nación 2017, un estudio que cada
año viene realizando la Asociación estatal de Directores y Gerentes en
Servicios Sociales y que nos devuelve a la cruda realidad que padecemos en este
país llamado España.
A lo largo de sus treinta densas páginas se desgranan
un gran número de datos que demuestran con tal evidencia que la sociedad no ha
salido de la crisis que da pavor, no los resultados que transmiten, sino la
situación en la que nos han condenado a vivir las políticas aplicadas por unos
gobiernos que han defendido más al 1% de la sociedad, que al 99% restante.
Frases tan contundentes como “el resultado es una
sociedad que ha superado la emergencia social y se ha instalado en un nuevo
escenario marcado por la precariedad y la falta de oportunidades de mejora. Hoy
nos conformamos con sobrevivir, aunque sea en condiciones precarias”,
demuestran que si el Gobierno dice que hemos salido de la crisis será para
aquellos que forman parte de los receptores de sus políticas
“austericidas” porque la inmensa mayoría
de las personas hemos quedado fuera de esa solución, olvidados por la
imposición de unas medidas que sólo benefician a quienes la provocaron y nunca
se vieron afectados por la misma.
La pobreza se ha convertido en un problema estructural,
no sólo por el elevado número de personas a la que afecta, sino porque su
cronificación, que hace casi imposible salir de ella; en España las estadísticas
oficiales dan unos tres millones de personas pobres, pero el problema se
convierte en dramático cuando el número de hogares sin ingresos se mantiene
desde el año 2012 en unos 700.000, 1,3 millones de personas a las que las supuestas mejoras de la
economía alcanzadas por el país ni les
ha rozado. Escondemos esta pobreza en términos más correctos como “insolvencia
alimentaria”, al indicar que no pueden realizar una comida de carne, pollo o
pescado al menos tres veces por semana, cuando no es otra cosa que hambre.
El Gobierno del Partido popular nos venderá que los datos de esta pobreza, que
los agoreros queremos enfrentar a sus logros económicos, descienden año a año,
pero las reducciones son tan mínimas que los ratios nos sitúan muy por encima de
las tasas de pobreza que existían al inicio de la crisis. Para los pobres la
crisis no ha terminado, se ha convertido en la situación con la que deberán
enfrentarse el resto de su vida.
Estas situaciones de pobreza tienen una gran relación
con el elevado desempleo, la precariedad laboral y los bajos salarios. Es muy
alarmante que existan 8 millones de trabajadores que están por debajo del
umbral de la pobreza, lo que confirma que los salarios provocados por la
reforma laboral del Partido Popular, ni si quiera llegan para vivir dignamente,
antes el “mileurista” era el paria
laboral, ahora se ha convertido en un privilegiado. A lo que hay que añadir la
inseguridad que provoca los contratos temporales que atomizan el empleo
existente.
Dentro del desempleo quienes están en peor situación
son los desempleados de larga duración, más de un millón de personas se encuentran
sin trabajo desde hace cuatro años o más, cuando antes de la crisis apenas eran
100.000, en su mayoría mayores de 45 años que se ven excluidos del mercado
laboral y que provocan la desmotivación y la pérdida de competencias para el empleo
y sobre todo un gran problema para alcanzar una jubilación digna.
Y el camino que llevan todas estas personas es acabar
en la exclusión social, es decir que desde una situación de pobreza, como
carencia de rentas y carencias materiales pero dentro del sistema y de la que
es posible salir con medidas políticas y sociales, se cae en la exclusión social
que implica la práctica imposibilidad de reintegrarlos en la sociedad, un
modelo de sociedad que provoca la transmisión intergeneracional de la pobreza,
la herencia que únicamente reciben los hijos de estas personas a las que hemos
excluido es la pobreza de sus padres.
La movilidad social que el estado del bienestar introdujo
en nuestra sociedad ha sido dinamitada por las nuevas teorías neoliberales que defienden
única y exclusivamente a una mínima parte de la sociedad, y que provocan la
desmotivación y la falta de expectativas del conjunto de la sociedad. Con un
sistema fiscal que beneficia a los ricos, donde el 85% del esfuerzo fiscal recae
sobre las familias, y que hace que hasta el mismo Montoro, uno de los
perpetradores del mismo, no entienda que los grupos empresariales tributen a un
7%.
Pero la pobreza, la desigualdad social, la exclusión
social, la precariedad laboral, la temporalidad, los bajos salarios, el sistema fiscal débil e
injusto, la demolición de los derechos sociales no son un castigo divino,
responden a una política económica que beneficia únicamente al 1% de la
población, existen otras políticas que permiten cambiar este rumbo.
El informe acaba con estas palabras: “Con la crisis
perdimos empleo, vivienda, ahorros, protección social… Ahora, con su
recuperación, nos han robado el futuro.” Sin embargo sé que puede no ser así, que
no debe ser así, por eso no te dejes robar tu futuro, movilízate y lucha por
él.
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