domingo, 9 de mayo de 2004

Y ahora el Gran Casino

En el mes de Julio del pasado año, la sociedad Gran Casino de Ceuta S.A. presentaba al Ayuntamiento un escrito para revertir la concesión que tiene en el Poblado Marinero donde explota el casino de juego junto a otras actividades (restaurante y discoteca). En dicha misiva, la sociedad alega que debido a la gran dimensión de los locales que ocupa y a la evolución económica negativa que atraviesa la sociedad, solicita que el Ayuntamiento recupere la concesión del local y poder trasladarse a un hotel de la ciudad donde continuaría con su actividad de juego. Para ello dice comprometerse a mantener 28 de los 32 puestos de trabajo durante tres años y a implicarse en otros proyectos económicos que demande la ciudad. Todo por el módico precio de transmisión de 2.885.000 euros (unos 480 millones de pesetas).

En el año 1996, el Ayuntamiento transfería al Casino el Castillo del Parque Marítimo por 1.215.804,71 euros (unos 202 millones de pesetas) para un período de 30 años con un canon de explotación de 6.010 euros (un millón de pesetas). Hoy dice el Casino que, con las inversiones realizadas, el Castillo vale el doble de lo que pagó. Al tratarse de una concesión administrativa, la valoración difiere si es el otorgante quien quiere recuperarla, aplicando una especie de expropiación forzosa, y otra muy distinta que el otorgado desee marcharse, que es el caso en que nos encontramos, por lo que no entiendo el precio que pide el Casino, si desea abandonar el local está en todo su derecho, pero lo que no podrá exigir es el cobro de unas cantidades que por un lado abonó para hacerse cargo de la explotación y otras para adecuar el local a la explotación de un casino de juego. Puede que la explotación de un nuevo negocio necesite reformar por completo el recinto, por lo que las obras realizadas no le sirvan para nada y por lo tanto el Ayuntamiento no debería abonar cantidad alguna por esas obras.

Las causas que alega la sociedad para revertir la concesión, las instalaciones sobredimensionadas y la evolución económica negativa, podrían ser consecuencias de otra causa, la mala gestión de la empresa de su negocio, quizás una mejor explotación de sus actividades complementarias le facilitarían la obtención de mejores resultados, pues cuando se hizo cargo del local tenía los mismos metros cuadrados que ahora y por lo tanto sabía cuáles eran las características del mismo y debería haber realizado un plan de empresa adecuado para explotarlo. Incluso ahora puede cambiarse esa tendencia si supieran explotar el restaurante y el salón de convenciones junto con la discoteca, no creo que sea el Ayuntamiento quien deba pagar los platos rotos de una mala gestión empresarial.

En el cambio también se perderían puestos de trabajo, tan escasos hoy en día en nuestra ciudad, pasarían de 38 trabajadores a 32 en principio, para ir amortizando cuatro puestos de trabajo hasta quedar en 28, que se compromete a mantener tres años tras el posterior traslado al hotel. Se reduce la plantilla un 26%, pero aducen que el Hotel se quedará con parte de ese personal, supongo que el hotel ya tendría planteado cubrir esas plazas de cocina y por lo tanto no hay mantenimiento de puestos sino la cobertura de las necesidades de otra empresa. ¿Y si los contrata el Hotel, les mantendrá sus derechos adquiridos?

Además la empresa añade que tiene la intención de implicarse en otros proyectos económicos que demande la ciudad, la declaración de intenciones es muy efectiva en el plano político, pero en el mundo económico lo que debe existir es la firma de un convenio que exija a la empresa la participación en algún proyecto deseado por el Ayuntamiento, mientras tanto son meras palabras, que como decía mi madre lo que te dije en barranco hondo como no me conviene me torno.

No creo que sea lo más conveniente para nuestro Ayuntamiento, en situación de crisis económica, el pago de 480 millones por una declaración de intenciones y un local al que todavía no sabe que explotación dará, si se produce ese pago más parecerá un dispendio que un justiprecio de una concesión en crisis quizás por una mala gestión.

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