La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas indica en su exposición de motivos que “exige de los servidores públicos un esfuerzo testimonial de ejemplaridad ante los ciudadanos, constituyendo en este sentido un importante avance hacia la solidaridad, la moralización y la eficacia de la Administración”. Nada extraño es que, a aquellos que cobran de los fondos públicos y sobre todo a quienes los manejan, se les exija ser más cuidadosos con sus actividades privadas, para que éstas no entren en colisión con los intereses de todos los ciudadanos de los que perciben una retribución.
Allá por el año 1999, una serie de señores constituyeron una sociedad de responsabilidad limitada cuyo fin social es la asesoría fiscal, contable, laboral y mercantil, así como la consultoría y promoción de negocios e inversiones, entre otras actividades. Y como administradores solidarios figuran dos personas que, desde mi torpe interpretación de la norma, están incluidos en esa Ley de Incompatibilidades puesto que el artículo primero en su punto tercero indica que “el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia”. Y lo interpreto así pues el fin que persigue la sociedad entra en competencia directa y por lo tanto desleal con los puestos de trabajo que desarrollaban y desarrollan para la administración local. Uno no puede pertenecer al Consejo de Administración de una empresa municipal que se dedica a promocionar proyectos de índole empresarial y a su vez montar una empresa que promociona negocios e inversiones, lo entiendo como competencia desleal y en la empresa privada es causa de despido.
En su argumentación aducen que eran tiempos en los que en el Ayuntamiento gobernaban los miembros del Grupo Independiente Liberal (GIL) y que era una formula para poder sustentar a sus familias en el caso en que se encontraran en la calle. Uno puede entender esta interpretación, pero nunca comprenderla, pues la lealtad a la función que desempeñan les impiden iniciar antes de que se produzca el supuesto despido (que en un caso era imposible y en el otro nunca se produjo) la creación de la sociedad. ¿Y si gobiernan otros que no son de su cuerda política? ¿También lo harían?
El problema es que la sociedad sigue estando en funcionamiento, ni se ha disuelto ni siquiera han renunciado a sus cargos en la empresa por lo que la incompatibilidad sigue existiendo y por lo tanto la capacidad de ser desleal a la Administración existe, han pasado más de tres años desde que el GIL abandonó el poder municipal, pero, a pesar de que son una empresa de asesoría fiscal y mercantil, por lo que no pueden aducir desconocimiento de la Ley, aunque éste no impide su cumplimiento, siguen sin dar el paso para liquidar la empresa o que sus cargos sean revocados por la Junta de Accionistas. ¿A qué esperan para hacerlo? La cuestión no es si se está utilizando la empresa o no, pues el incumplimiento con los deberes en el Registro Mercantil impide saberlo, sino el porqué se sigue incumpliendo la legislación y nuestras autoridades no intervienen. Es un asunto de moral, la Ley está para cumplirla ¿o es que estos dos señores están por encima dela Ley?
La mujer del Cesar no sólo debe ser honrada, sino que debe parecerlo y en este caso ni una cosa ni otra. Nuestro Alcalde ha hecho de la transparencia y la honradez bandera de su mandato y parece que los tiempos oscuros están empezando a llegar y a ocultar las vergüenzas para que no se conozcan. Ahora dirá que se entera por la prensa y con “un tirón de orejas” solucionará el problema, pero su imagen sigue perdiendo enteros, por su bien Sr. Alcalde baje del pedestal y limpie un poco la casa. ¿O no esta en posición para hacerlo?
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