domingo, 1 de febrero de 2004

La supuesta subida de las pensiones

Un año electoral más y nuevamente nuestro Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales nos ha mostrado, en una generosa campaña publicitaria, el considerado por su ministerio muy significativo aumento de las pensiones que ha llevado a cabo nuestro glorioso gobierno del Partido Popular. Pero cuando se analizan fríamente los datos, la conclusión es bien distinta, ni suben todas las pensiones ni las que suben son las de los más necesitados. Eso sí, nuestro Gobierno Popular nos vende la idea de que gracias a la estabilidad presupuestaria de su política económica nuestras pensiones están garantizadas ad infinitum, hay que reconocer que su responsable de publicidad es todo un lince.

En primer lugar hay que señalar que la “paga extraordinaria” que iguala la subida de las pensiones con la subida de los precios medida por el Índice de Precios al Consumo (IPC) es un mandato legislativo que obliga al Gobierno por el Pacto de Toledo y el acuerdo de pensiones con los sindicatos (Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras); mandato que debe cumplir cualquier Gobierno sea del signo político que sea; y en segundo lugar estas “pagas extraordinarias” están motivadas por la falta de control que la política económica de nuestro popular gobierno tiene sobre la inflación y que debido a la falta de acierto a la hora de pronosticarla, nuestros pensionistas reciben con un año de retraso.

En este año 2004, 1.270.000 pensionistas perceptores de pensiones mínimas de jubilación e incapacidad permanente mayores de 65 años no tendrán revalorización adicional alguna; tampoco las 706.000 pensiones de viudedad de mayores de 65 años. Es decir de las 2.660.000 personas que perciben pensiones mínimas, más del setenta y cuatro por ciento no verán mejoradas sus pensiones. Igual ocurre con los más de 480.000 pensionistas no contributivos cuya pensión media es de unos 270 euros (unas cuarenta y cinco mil pesetas) quienes no verán ganancia alguna de su pensión, tan sólo lo que la ley les obliga el IPC previsto y además impide a los gobiernos de las Comunidades Autónomas complementarlas argumentando que se intenta romper la caja única.

Las subidas de las pensiones que ha practicado nuestro gobierno popular no han significado un incremento de la generosidad del sistema, mas bien todo lo contrario, nuestros pensionistas han perdido renta relativa, así si la pensión máxima suponía en 1996 el 69% del Producto Interior Bruto (PIB) por ocupado, esa relación se ha reducido al 63,5% en 2003; y la pensión mínima ha pasado a ser del 15,7% del PIB por ocupado en ese mismo año, al 14,8% en 2003. Como vemos, nuevamente los datos ponen de relieve la falta de solidaridad de la política del Gobierno Popular.

Si comparamos el acuerdo al que llegaron en 1999 los sindicatos con el Gobierno para las pensiones del 2000 supuso un incremento medio en un solo año del 2,42%, ese incremento medio en el período 2002 a 2004 (tres años) sólo ha supuesto el 1,04%. En este período que el Partido Popular nos ha vendido como de grandes logros económicos la mayoría de los pensionistas no han mejorado su situación, sino que la han empeorado, así si analizamos la relación de las pensiones mínimas con la renta familiar bruta disponible observamos el empeoramiento de esta situación: la pensión con cónyuge mayor de 65 años en 1995 suponía el 58% de la renta familiar bruta, en el 2003, tan sólo el 52,2%; la pensión sin cónyuge de más de 65 años, era el 49,3% en 1995, en el 2003 es el 44,4%; y la pensión no contributiva alcanzaba en el año 1995 el 32,8% de esa renta familiar, pero en el 2003 solo significa el 29,8%. Nuestros pensionistas no sólo no han participado de esta mejoría económica, sino que han perdido parte de su riqueza en este período de esplendor popular.

La política de pensiones del Gobierno ha consistido en cumplir de una forma rácana con lo que la ley le exigía y apoyar la entrada en el sistema de pensiones de personas con menor edad de la legal para adquirirla (65 años) aprobando los planes de prejubilación de las grandes empresas para que sigan acrecentando sus beneficios a costa de la sociedad, la edad media de jubilación en la actualidad es de 62,5 años, dificultando la salud del sistema general de pensiones. Pero eso sí la publicidad se les da muy bien ¿no les acusará la Asociación de Consumidores y Usuarios por publicidad engañosa?

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