sábado, 9 de diciembre de 2017

La corrupción



Hoy se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción, que las Naciones Unidas tengan que implantar un día para recordarnos que hay que seguir luchando contra esta lacra que provoca subdesarrollo, inseguridad y guerras, nos debe hacer reflexionar sobre lo incrustada que se encuentra, no sólo en el mundo. sino en nuestra sociedad, la española que considera el problema de la corrupción y el fraude el tercero más importante, tras el desempleo y el tema de Cataluña, que lo ha desbancado de la segunda posición.




Curioso que ningún partido político, de estos que realizan todo tipo de manifiesto sobre las cuestiones más insospechadas, haya abierto la boca para condenar tan deleznable práctica y exigir la dimisión inmediata de los cargos públicos que se vean investigados por los delitos de corrupción. Algo tendrían que decir sobre la ola de corrupción que recorre España y sobre todo por las medidas que piensan implantar para acabar con tanto corrupto, pero su silencio es más que significativo o quizás es que todos estén de puente y se hayan olvidado de hablar de corrupción.


En España el coste de la corrupción se evalúa en unos 88.000 millones de euros al año, unos 48.000 corresponderían a los sobrecostes en las administraciones públicas por la falta de competencia  en las licitaciones públicas, el resto sería el fraude a la Seguridad Social y los que se realizan a la Hacienda Pública. Estos últimos perdonados por el peor Ministro Hacienda de la democracia a cambio de un mísero tres por ciento con una amnistía fiscal que el Tribunal Constitucional declaro ilegal  y sobre todo inmoral, pero cuando ya habían prescrito los delitos.



En nuestra ciudad también existe corrupción política, muchas veces imposible de probar, pues el mantenimiento de una red clientelar a base de subvenciones hace que la relación probatoria de la causa sea un acto irrealizable. Pero aquellos casos que llegan al juzgado, los encausados se niegan a abandonar el cargo público, alegando el principio de la presunción de inocencia y dejando pasar el tiempo para que se olviden los hechos, como parece que otras formaciones han podido hacer. Mientras los responsables por acción u omisión siguen aferrados a sus cargos públicos.


Que una juez tenga que advertir sobre la presunta existencia de una organización criminal debería haber hecho derrumbarse a más de un partido político, no por la acción, sino sobre todo por la omisión del deber de controlar que todos los representantes electos tienen; ese es el principal reproche que hay que achacarles a quienes se esconden tras la presunción de inocencia, su dimisión debe exigírsele por permitirlo, por no realizar el control que sus votantes le exigían, a unos por detentar el poder y a los otros por omitir la oposición. Tan sólo leer en  el auto que “las viviendas de Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio alguno”, en cualquier persona con principios éticos propios de una cultura progresista le hubieran hecho irse a su casa.



La corrupción también se produce cuando no se aplican las normas exigibles por nuestro ordenamiento jurídico, cuando uno se salta la ley para asaltar el poder, cuando no se lucha contra el fraude fiscal porque los ingresos te los asegura el Estado o la laxitud conviene a ciertas personas, cuando se reinterpreta de una forma torticera las leyes para adaptarlas con  calzador a su interés, cuando uno se rodea de condenados, expedientados, investigados, imputados y demás calaña a la que no apean del cargo porque se vaya a ir de la lengua.


La política en España debe afrontar un cambio radical si se quiere que los ciudadanos vuelvan a confiar en los políticos, quienes además de condenar de boquilla la corrupción política, actuaran sin dilación y con contundencia con cualquier investigado, la situación podría revertirse. Mientras la abulia sea la respuesta a estos casos, la desafección de los españoles hacia sus políticos será cada vez mayor.



La regeneración ética de nuestra política y por ende de quienes la hacen, debe ser una de los objetivos prioritarios de aquellos que nos preocupa la cosa pública, debemos ser combativos contra esta tropa de vividores que sólo buscan  mantener sus privilegios frente al interés general.



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