El Servicio de Inteligencia de nuestro Ejército ha pasado a las primeras páginas, no sólo de nuestros periódicos locales, sino de toda la prensa nacional e incluso internacional. Una sección que debería pasar inadvertida por el trabajo que realiza, se ha convertido en portada de varios medios, no por un trabajo bien hecho sino por el supuesto espionaje a Organizaciones Sindicales y Vecinales. Hechos, que de ser ciertos, traspasan los límites legales y deberían ser puestos en manos de la Justicia competente que, por supuesto, no es la militar.
Todo parece indicar que los miembros de la Sección Segunda se dedicaron a recabar información sobre las Ejecutivas de los dos sindicatos mayoritarios, en busca de posibles profesionales de la milicia infiltrados en ellas, cuestión que no les está permitida, pues habían observado que los soldados profesionales buscaban asesoramiento en estos sindicatos para evitar que sus contratos no fueran prorrogados y continuar prestando sus servicios en nuestro Ejército. Por otro lado, la relación personal de un militar profesional les llevó hasta una Asociación de Vecinos, donde la persona con la que se relaciona colabora. ¿Estas pesquisas autorizan al Servicio de Inteligencia a indagar en las vidas de estas personas? Aunque pueda pensarse que sí, nuestro Estado de Derecho lo prohíbe, si no es bajo la autorización judicial pertinente, que no es militar, por supuesto.
Pero el problema no es de “revelación de secretos oficiales”, como parece ser la causa por la que se han abierto las investigaciones, es decir que nuestros militares no indagan si se ha producido una búsqueda de información ilegal por parte de sus Servicios Secretos, sino que buscan a quien despechado filtró los datos de esos expedientes a la prensa. Como siempre, la cuerda se romperá por el lado más débil y será el miembro más bajo del escalafón quien pague el pato. La Justicia, civil por supuesto, debería averiguar a quiénes se ha investigado y quiénes fueron los que dieron las órdenes para realizar esos expedientes. A pesar de que la falta de medios provocaba que los informes, al parecer, se hicieran consultando la red de redes o eran tan escuetos como: economista, casado, dos hijos, influyente en la dirección del partido, escribe con mucha información. En la Delegación del Gobierno lo hacían mucho mejor en otros tiempos. Con lo fácil que es en este pueblo enterarse de todo preguntando a unos cuantos.
Conociendo el funcionamiento de nuestro Ejército debería tirarse del hilo, pues no creo que un “simple” Teniente Coronel, con todos mis respetos, sea quien ordene y ejecute los planes de espionaje de una Comandancia General. La máxima autoridad de la Comandancia, el Comandante General, junto a su Jefe de Estado Mayor son quienes, en una situación normal, planifican y ordenan la realización de los distintos expedientes. Que se transfieren a la unidad y son ejecutados por los hombres de la Sección Segunda. Quienes sobre el terreno obtienen la información y la trasmiten a sus superiores. Si es por esta fórmula como se han realizado estos “espionajes” a personas civiles, no basta con el cese del Teniente Coronel, pues es un mero eslabón en la cadena de mando y tan sólo recibía órdenes, como parece repite una y otra vez, los ceses deben abarcar a los verdaderos responsables de permitir y alentar estas investigaciones que sobrepasan la legalidad.
Si hubiese sido el Teniente Coronel quien, en un exceso de celo profesional, ordenó esas investigaciones, también el Comandante General y su JEME tienen responsabilidad, esta vez de una forma pasiva, al desconocer qué es lo que se cuece en sus unidades. Nada extraño en nuestro Comandante General, más dedicado a la vida social y política de nuestra ciudad que a dirigir las unidades bajo su mando, aunque últimamente no se le ve tanto en los periódicos, incluso se permitía el lujo de señalar que los tanques M-60, que tanta discordia causaron en nuestro pueblo, eran una donación y hasta daba plazos de entrega, cuando quien regalaba armas a un precio simbólico de un euro era el Gobierno de Aznar; o anunciar la firma de un nuevo convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento, dejando en fuera de juego al anterior Delegado del Gobierno; o informar que en los planes de Defensa no estaba la construcción de una guardería, cuando si lo estaba. Una forma un poco extraña de entender la lealtad al Gobierno que lo mantiene en su puesto, sobre todo cuando no he observado rectificación a estas desinformaciones que iba soltando al pueblo de Ceuta.
Bien haría nuestro Ministro de Defensa en poner un poco de orden en la casa y actuar en consecuencia, pasando a otros menesteres a quienes, por activa o por pasiva, han sido responsables de estas actuaciones irregulares a numerosos ceutíes.
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