sábado, 19 de octubre de 2002

El Estatuto de la discordia.

Es cierto que al denominado Estatuto de Autonomía de Ceuta (que este es el nombre que figura en la ley y no otro) no le sale ningún defensor, pero es que ahora no lo quieren ni sus padres: nuevamente vuelve a ser objeto de disputa entre nuestros partidos nacionales, porque los partidos localistas lo consideran un hijo bastardo al cual hay que repudiar de una forma categórica sin derecho a bien alguno.

Con el referido Estatuto, que parieron los dos partidos nacionales con mayor representación (PP y PSOE, en aquel momento más PSOE que PP), no se ponen ni de acuerdo en la paternidad del muchacho y tampoco sería tan complicado el responsabilizarse de tamaño desafuero, que no hay mayor virtud que la de reconocer los errores, pero ya sabemos que eso es una cuestión de sabios y de esos abundan pocos por la filas de nuestra política, por no hablar de otras cualidades más necesarias para ejercer un cargo público. Ahora la disputa ha comenzado con unas declaraciones del Presidente Popular contestadas por la Secretaria General Socialista, que más parecen aquellas peleas infantiles del “yo no he sido, ha sido éste, señorita”. Que si uno quería una Carta Municipal, que si el otro estaba en la defensa de la autonomía desde el principio; y es para preguntarse de qué sirven estas acusaciones cruzadas para nuestro futuro, supongo que para que puedan vanagloriarse de los “logros” conseguidos.

Pero, a decir verdad, el susodicho Estatuto no ha solucionado nada, para unos seguimos siendo la Cenicienta del cuento, donde estamos excluidos de nuestro reconocido derecho constitucional a la autonomía; para otros es un arma arrojadiza al contrario con la que azuzar a las masas cuando se acercan las consabidas elecciones de turno (y ahora lo estaremos dos años seguidos). Y no sé para qué queremos tanta autonomía o el exigir tener capacidad legislativa cuando no podemos ni con la capacidad reglamentaria asumida, puesto que no son suficientes nuestros veinticinco representantes municipales para sacar los Reglamentos de las pocas competencias asumidas, que lo dice el Foro del Estrecho, que para realizar tanta labor serían necesarios el doble de personas; pues si con veinticinco tenemos lo que tenemos imagínense con el doble.

Deberíamos asumir que somos un territorio de algo más de diecinueve kilómetros cuadrados con alrededor de setenta mil habitantes y que, desde mi punto de vista, no podemos crear toda una estructura de autonomía con consejeros, viceconsejeros, directores generales, coordinadores, etcétera, etcétera. Nuestros políticos deberían pensar en ofrecer algo adaptable a nuestras características, ¿quizás sea pedirles demasiado que adapten las estructuras de la administración local a las verdaderas necesidades de la gestión que tienen encomendadas? ¿o cuántos favores deben para colocar a esa caterva de vividores? La solución al mapa regional español con “el café para todos” no es las más razonable, aunque sí las más rentable políticamente. La pretensión de otorgar una Carta Municipal a la Ciudad, con la asunción de una competencias asumibles por nuestros veinticinco concejales y nuestra adscripción a la Comunidad Autónoma de Andalucía es la solución más factible para nuestra tierra. Por un lado seríamos considerados como lo que somos, un Ayuntamiento con unas características un tanto especiales y estaríamos incluidos dentro de una Comunidad Autónoma como el resto de nuestros paisanos. Esta fórmula nos hubiera permitido evitar la problemática legal que se plantea con las dos ciudades y las competencias no asumidas por ellas, cuestión que ahora queda un tanto indefinida.

Es una idea que siempre he considerado y de la cual ni me avergüenzo ni me arrepiento, mientras no me convenzan unos u otros de la bondad de un Estatuto de Autonomía seguiré pensando que mi pueblo es un Ayuntamiento y como tal hay que tratarlo; con algunas características peculiares, pero Ayuntamiento al fin y al cabo.

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