Nuestro multifuncional cargo D. Nicolás Fernández, desde su puesto de concejal de Economía y Hacienda nos presenta, en el próximo Pleno de nuestro Ayuntamiento, la modificación del contrato con la empresa Ferrovial Cadagua en el que se transfería la explotación privada de la Planta Desaladora, firmado apenas hace un año. Con esta concesión se cedía un bien de interés público como la desaladora, construida con fondos nacionales e internacionales y herramienta fundamental para que se nos facilite el anhelado suministro de ese servicio las veinticuatro horas, a una empresa que según las palabras del entonces máximo responsable de la empresa del agua D. Isidro Hurtado de Mendoza “la oferta elegida da más agua a menor precio y a menor coste para la ciudad, creo que son argumentos más que suficientes”.
Con la firma de ese Convenio la empresa se comprometía a la construcción del cuarto módulo y de un depósito de 20.000 m3 que diera capacidad suficiente para que el suministro de agua a los ciudadanos estuviera asegurado con un caudal de 7.800.000 m3 al año. Igualmente, o al menos de las intervenciones de los miembros del gobierno local así se interpretaba, la empresa concesionaria se comprometía a negociar un convenio para el personal que ejercía sus funciones en la planta desaladora.
Ahora nuestro responsable de Economía nos dice en su informe las causas que motivan esta variación en las condiciones del contrato: “la necesidad de regularizar y normalizar las relaciones laborales de los trabajadores de la Planta y la conveniencia de introducir determinadas modificaciones en el proyecto de inversión inicial”. Dos razones que deben ser “suficientes” para justificar ante nuestras autoridades el cambio de las condiciones del contrato que, como supondrán, consisten en subir el coste del metro cúbico de agua casi un 15% de 0.5160 euros el m3 a 0.5931 y el importe de las obras un 55.58% de 5.838.000 euros a 9.082.000.
Si para nuestro edil estas dos cuestiones son suficientes para defender los cambios en la concesión, para mí sólo son dos tapaderas sin fundamento que sólo pretenden cubrir o la exigencia de una nueva subida del suministro de este bien público por parte de la empresa concesionaria o la equivocación a la hora de describir el proyecto. En el debate que se produjo con la privatización de la planta desaladora el concejal del Partido Popular en ese momento Hurtado de Mendoza decía sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la planta: “una de las adjudicatarias sí plantea en su propuesta de licitación mejoras sustanciales en las condiciones de los trabajadores y nadie presenta algo que no es exigible en un pliego de condiciones” y el informe de la comisión técnica decía “la comisión estima conveniente sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada, se obtenga de la empresa Ferrovial-Cadagua, el compromiso de que se proceda a la mejora de las condiciones laborales del personal al servicio de la IDAM, sin que ello suponga alteración de la valoración efectuada”. De estas palabras deduzco que las condiciones laborales que justifican los cambios en la concesión estaban incluidas en el pliego de condiciones del concurso, luego la firma del Convenio Colectivo lo único que supone es el cumplimiento de uno de los compromisos de ese contrato firmado por la empresa.
En segundo lugar las modificaciones en las obras que nuestro concejal nos explica son: la adecuación de las instalaciones del depósito de San José, la modificación del depósito del Serrallo y unas reformas en la planta desaladora. Uno se queda anonadado ante estas obras, el depósito de San José, del que se paralizaron las obras en 1.999, ¿el año pasado se desconocía su absoluta necesidad para el abastecimiento durante las 24 horas y por ello no se incluyeron en el pliego de condiciones?; el depósito del Serrallo, que es el que se ha realizado para acumular los 20.000 metros cúbicos, ¿carecía de la definición del emplazamiento definitivo (sic) y se detectaron algunos “herrores” (sic) de consideración en las mediciones efectuadas?; y por último en la desaladora se olvidó adecuar la capacidad eléctrica y otras pequeñeces. En total estas obras de reforma suponen 3.586.550,45 euros (unos seiscientos millones de nuestras pesetas), elevando el coste de la obra en más de la mitad de lo previsto, quizás este volumen de negocio si hubiera sido atractivo a otras empresas, pues sólo se presentaron dos. Si estas obras no estaban contempladas en el pliego de condiciones más bien habría que buscar a los responsables del proyecto que, desde mi desconocimiento técnico, no previeron estas cuestiones en algunos casos fundamentales para el desarrollo de la desaladora. Además el cambio en más del cincuenta por ciento del valor de la obra supondría la resolución del contrato y la realización de un nuevo concurso ante la variación mucha más que significativa del objeto del contrato.
Considero que no se cumple ninguna de las razones que nuestro edil nos da para defender esta subida del agua y que ello tan sólo supone un pago para que la empresa concesionaria obtenga su beneficio a costa de los bolsillos de los ceutíes (ahora del presupuesto municipal y del estatal, más adelante en el recibo del agua) con la necesidad que tiene nuestra ciudad de ese dinero para aplicarlo a otras inversiones generadoras de empleo, porque si con el dinero del estado se paga el recibo del agua, se restará de otra cesta. Otra muestra de la gestión que nuestros ediles populares realizan, ¿qué intereses se defienden? Esta subida tan sólo supone un trasvase de fondos a la empresa concesionaria y más parece el pago del segundo plazo que la adecuación de un proyecto un año después de hacerse.
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