La
Excelentísima Señora Rectora Magnífica Doctora Doña Pilar Aranda Ramírez se explayaba ante los medios de comunicación
indicando que una de las obligaciones que debe cumplir una institución
educativa como la que dirige es la de comunicar la divulgación científica,
hacer cultura científica y hacer entender a los ciudadanos los trabajos que se
realizan en las bibliotecas, en los despachos, en los departamentos o en los
laboratorios y “en este sentido la publicación de los resultados de
investigación para el tribunal forma
parte de la práctica habitual universitaria” y sentenciaba rotundamente
“estamos obligados a comunicar, a trasladar y a publicar”. A la que añadía que
la denuncia del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) por la
impresión de la tesis doctoral de la Excelentísima Señora Doctora Doña María
Isabel Deu del Olmo había que ubicarlas en las disputas políticas, que ella
debe ver tan habituales.
Ante
tan contundentes palabras, nuestro patrañero alcalde, se unía a los vítores de
la Rectora y añadía, desde su desconocimiento absoluto de todo lo que no sea su
Corte de los Milagros, que le parecía “de una coherencia absoluta y rotunda” y
que, como no podía ser de otra manera, “aquí no ha habido un trato de favor
para la consejera Deu. La señora Deu ha tenido el mismo tratamiento que tiene
cualquier persona que haya hecho un trabajo de investigación en el departamento
donde lo haya realizado, como el que tiene cualquier otro investigador. La
señora Deu no ha cobrado por ese trabajo de investigación y a la señora Deu no
se le ha publicado ningún libro, lo que se ha hecho han sido diez copias que no
son titularidad de la señora Deu, sino que son titularidad de la Universidad y
para cumplir con los procedimientos habitualmente establecidos”.
Mienten
y lo hacen como bellacos. Habría que recordarle a la Señora Aranda cuando hizo
su doctorado qué bolsillo fue el que pago la impresión de esos volúmenes de su
tesis (que suelen ser unos diez) y que se editan (pues tienen la forma de un
libro) cuando el director o directores de la misma deciden que ya puede
producirse su defensa y se hace para que los miembros del tribunal puedan
leerla y quede archivada en el Departamento. Si no recibió ningún “trato de
favor”, la Señora Aranda tendría que haber pagado esa impresión, edición o
publicación de su tesis de su propio bolsillo, como han realizado la inmensa
mayoría de doctorandos de nuestra España.
Estoy
de acuerdo en que la Universidad tiene la obligación de ser altavoz de la creación
investigadora desde su seno y que debe apoyarse esa difusión con todos los
medios a su alcance, pero siempre desde el
tratamiento igualitario a los investigadores y en función de la calidad
de su trabajo, pues no creo que la Sra. Aranda
hubiera tenido el mismo ímpetu defensor si hubiera conocido la tesis
“patrocinada” por la institución que dirige.
Es
curioso cómo una supuesta defensora de los valores “universitarios” se
convierte en una nefasta actriz para sacarle las castañas del fuego, en lo que
no puede ser catalogado mas que como un “trato de favor” de libro, a una
política, para poder seguir medrando en un mundo al que parece querer unirse. Bien
debería haberse informado antes de decir las sandeces que soltó por la boca,
pues seguro que se sentiría avergonzada de haber conocido la verdadera
realidad.
Pero
si patética es la actuación de la Rectora, no digamos la de nuestro embaucador
edil aduciendo a “los procedimientos habitualmente establecidos”, si ni
siquiera sabe que la defensa de una tesis doctoral no es su lectura o que las
preguntas que se hacen al doctorando son para que las conteste, no retóricas
que quedan en el aire, qué va a saber de procedimientos establecidos este
inepto Alcalde que tan sólo defiende a su Corte de Aduladores para poder seguir
en su poltrona.
A
nuestro farsante Alcalde no parece extrañarle que la Junta de Profesores
pregunte por las razones que han llevado a imprimir, editar o publicar
(utilicen el verbo que prefieran) dos tesis doctorales, sobre todo cuando es la
primera vez que la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta de la Universidad de
Granada realiza este hecho, que ha sido elevado por el ínclito Sr. Vivas a
“procedimiento habitualmente establecido”, y que aun más sorprenda al profesorado,
que el Vicedecano y director de la tesis de la doctorando salga señalando que
no se deben preocupar porque se ha cargado al centro de gastos del convenio de
la Ciudad, que para eso lo habrán firmado, para pagarle la impresión a la
concejala que lo aprueba.
Lo
que demuestra que nunca se habían pagado dichas impresiones a los doctorandos,
pues así lo expresan en la Junta y en las consultas que he realizado a los
directores que más tesis dirigen en nuestra ciudad, quienes me han mostrado su perplejidad por tal hecho y
que a partir de ahora pedirán que se utilice dicho convenio para sufragar estos
gastos de sus doctorandos.
Sin
embargo, en la caída a los infiernos que protagoniza nuestro embaucador
Alcalde, lo convierte en los “procedimientos habituales establecidos”, todo sea
por defender a su ejército de Pancho Vivas. Así que bien podría explicarnos
nuestro ínclito Alcalde dónde ve él que a su concejala de Educación y Cultura
no se le ha dado un trato de favor. ¿Dónde está la igualdad ante los otros
investigadores? ¿Qué pensará aquel doctorando que ha obtenido premio
extraordinario y no ha tenido el mismo trato? ¿Y cobrar su concejala? ¿Cree que
alguien va a pagar por esa “investigación”?
Parece
que la Comisión de Investigación fue la que se encargó de aprobar la ayuda a la
impresión de las dos tesis agraciadas con dicho premio. Lo que se desconoce es
cuáles fueron los criterios que siguió esa comisión para otorgar esa gracia a
la Doctoranda Deu y al Doctorando García Ruda (el otro agraciado que defendió
su tesis en la Universidad Politécnica de Madrid), este último alegó en su
defensa que se debió a que tenía
una línea de investigación dentro del contrato programa vinculado a la ciudad
haciendo constar esto en la tesis y siendo aprobado por la comisión de
investigación. De la primera nadie dio respuesta.
Si no es ilegal, que tengo amplias
dudas de que no lo sea, sí es moralmente reprochable, que uno lleve al consejo
de gobierno del que es miembro un acuerdo para aprobar el convenio entre la
Ciudad y la Universidad, que forme parte de su comisión de seguimiento y que de
una forma anormal le paguen la impresión, sin explicación racional alguna, de
su tesis doctoral. Sobre todo cuando dicha edición suele costar unos 1,000€
(aunque parece que debido al volumen de la “afamada” tesis ha costado unos
600€, ya pueden imaginar la causa) y
debe ser soportada por todos los doctorandos de su propio bolsillo. Muchos de
ellos con salarios ínfimos de supervivencia, cuando los tienen, mientras que
nuestra agraciada doctorando tiene un buen sueldo de la entidad que ha pagado
su impresión.
Bien haría nuestra concejala en vez de
firmar “autoconvenios”, esforzarse para que las becas que deben recibir
nuestros estudiantes, lo hagan a su debido tiempo y no que todavía sigan sin
cobrarlas. Y ahora nos sorprenderán con
que la UNED patrocina la edición de la tesis doctoral como un imprescindible
libro para el acervo de la ciudad.
Por mucho menos en un país decente se
dimite.
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