Tirar a matar

La policía británica asesinaba en el metro de Londres a Jean Charles de Menezes, brasileño de 27 años, al parecer intentó huir de los agentes, quienes interpretaron esa fuga como un acto de un posible terrorista suicida y para evitar un mal mayor decidieron ejecutarlo con ocho disparos. El comisario jefe de Scotland Yard, sir Ian Blair ha pedido disculpas por tan lamentable error y el Primer Ministro Británico, Tony Blair ha excusado a su policía y no ha descartado que pudieran repetirse estos hechos pues se seguirá aplicando la nueva política de disparar a matar a los sospechosos de preparar o cometer atentados.

En nuestro país, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, don Francisco José Hernando justifica esta política del “tirar a matar” porque “estamos ante la III Guerra Mundial, que es la guerra contra el terrorismo. Y en la guerra hay que crear situaciones extremas. Estoy en contra de la pena de muerte. Pero cuando el riesgo que se pretende evitar es mayor o puede producir muerte de inocentes, la evitación del riesgo me parece oportuno”.

Nos extraña oír en una de las máximas autoridades de nuestro derecho semejante alegato, primero porque hablar de Guerra Mundial supone seguir a pies juntillas la política de la administración Bush, que quiere convencernos de que sus actuaciones en cualquier parte del mundo se corresponden con una guerra contra el terrorismo; en segundo lugar porque presupone dar el mismo nivel al contrincante, la guerra sirviéndose del terror debe permanecer en el bando de al-Qaeda; y en tercer lugar, y que me parece mucho más preocupante, la justificación de que “todo vale” para protegernos de los males del terrorismo.

Nuestra sociedad occidental, de la que tanto alardeamos su supremacía, basa su convivencia en el respeto a las leyes, leyes que nos damos entre todos a través de nuestros representantes en los parlamentos, quienes en nuestro nombre las crean y que son interpretadas por unos jueces independientes del poder que las genera. Puede ser un sistema imperfecto, pero es el mejor que nos hemos dado, por ello si desde el poder, que es quien debe ser el máximo valedor de estos principios, se aplican sólo cuando van en defensa de sus intereses se quiebra ese principio de convivencia y nuestra democracia está en peligro. El derecho es el principal valor de nuestra forma de gobernarnos y debemos exigir, desde cualquier lugar que ocupemos en nuestra sociedad, su cumplimiento.

En Gran Bretaña se quieren introducir modificaciones en el ordenamiento jurídico que afectan al derecho a la intimidad (el secreto de las comunicaciones o la inviolabilidad del domicilio) o a la información de los servicios de inteligencia que podrían usarse como pruebas sin descubrir la fuente de la que procede, o a la consideración como delito de ciertas conductas que podrían considerarse como “terroristas”. Cambios que han sido precedidos por la Patriot Act de los Estados Unidos que limita ampliamente los derechos de los ciudadanos. Quizás a Bush y a Blair deberían recordarles las palabras de Winston Churchill en 1.943 ante la amenaza nazi: “El poder del ejecutivo para confinar a un hombre a la cárcel sin formular acusación alguna ante la justicia, y particularmente para negarle el juicio por parte de sus pares, es odioso en extremo, y la base de todo gobierno totalitario, sea éste nazi o comunista”.

Se debe luchar contra el terrorismo, sea cual sea su inspiración, pero la fuerza de esa lucha debe ser legítima, contra el terror la sociedad democrática no puede responder con la barbarie, con actos como las detenciones indiscriminadas en Guantánamo de los apresados en Afganistán; o la desviación a países con una legalidad más laxa de presuntos terroristas para permitir su tortura; o el saltarse la legalidad internacional para invadir un país. Si nos vanagloriamos de nuestra supremacía, ésta es nuestra absoluta obediencia a la ley y es en ese cumplimiento donde debemos ganar al terrorismo.

Cada vez más sufrimos una reducción de nuestras libertades, la exigencia que hace la ciudadanía de una mayor seguridad por el miedo que producen los actos terroristas, conduce a nuestros gobernantes, ante su manifiesta incapacidad para encontrar nuevas soluciones, a responder no con actos que conllevan más seguridad sino que conducen a tener menos libertad. Se produce una mayor seguridad con una mejor educación, con una mayor ayuda internacional que permita el desarrollo de los países pobres y sobre todo con el cumplimiento de la legislación vigente y la exigencia de su cumplimiento a todos los países, nunca reduciendo los derechos de una sociedad en la que son su fundamento y menos saltándose la legalidad para permitir el asesinato indiscriminado de un ciudadano.