El Padrino de la Constitución

En una entrevista en la revista Temas para el Debate de la Fundación Sistema del pasado mes de mayo, Don Alfonso Guerra se definía como “padrino” de la Constitución, en el sentido español del término, el de la persona que se encarga de la formación de los hijos cuando el padre desaparece, para aquellos malpensados que estarán cavilando en su sentido italiano. Y así vemos que es de los pocos que han salido en defensa del cumplimiento de nuestra Norma fundamental, exigiendo que los nuevos Estatutos de Autonomía que se aprueben, la acaten.
No ha sido el único, dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ha expuesto sus dudas sobre la constitucionalidad de algunos proyectos de estatutos, Rodríguez Ibarra, Manuel Chaves y últimamente José Bono y el presidente de Castilla La Mancha, José María Barreda, han unido sus voces para dudar sobre ciertos términos utilizados y, sobre todo, por el tipo de financiación autonómica que incluyen esos borradores, que en su visión vienen a romper la solidaridad entre los distintos territorios que como derecho fundamental se incluye en el artículo segundo de nuestra Carta Magna.
Guerra señala que todos los proyectos que se están desarrollando inciden en los preceptos constitucionales, todos reforman la Constitución a través de los Estatutos, cuando jurídicamente no es posible esa modificación, para reformarla existen los mecanismos dentro de la propia Norma, y hacerlo mediante los Estatutos supone saltarse nuestra Norma fundamental. Toda la razón tiene, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, al indicar que debe ser ahora, antes de que sean aprobados los proyectos en sus respectivos Parlamentos, cuando se deben adaptar a la Constitución, pues si son aprobados unos Estatutos que no son constitucionales, a las Cortes no les quedará más remedio que rechazarlos, como pasó con el llamado Plan Ibarretxe. Este rechazo provocaría una confrontación entre Instituciones que no es nada recomendable y sobre todo alentaría una actitud de victimismo de ciertos partidos nacionalistas que sólo viven de ella. Por ello se equivoca el Señor Pérez Rubalcaba cuando manda callar a Guerra, o cuando el “conseller en cap” Señor Bargalló alecciona a Rodríguez Zapatero para que ponga orden en el gallinero. No es una cuestión de mandar callar, sino de acatamiento de la legalidad.
Hemos pasado en quince años de ser uno de los países más centralizados, a ser el tercer país más descentralizado del mundo, tras Canadá y Australia, de un 53% del gasto que tenía el Estado en el año 1.982, a un 19,7% que se estima será en este año. Si consideramos que en ese porcentaje se incluye materias tan exclusivas del Estado como Defensa o Exteriores, poco margen queda para poder descentralizar. ¿Qué clases de competencias exigen entonces estos proyectos de estatutos, si por cuestión de gasto, prácticamente está todo transferido?
El proyecto de Estatuto de Cataluña se parece más a una constitución que a un estatuto, no sólo en su longitud, pues si el actual tiene un total de 72 artículos incluyendo las disposiciones adicionales y transitorias, el borrador alcanza los 218 artículos, siete disposiciones adicionales, cuatro transitorias y cinco finales (nuestra Constitución tiene 169 artículos), sino también en los temas que trata (derechos fundamentales) o la asunción de competencias estatales exclusivas (aunque luego añaden en la disposición adicional que se hará mediante aprobación de una ley de las Cortes). Si a ello añadimos el asunto de la financiación, con una fórmula que hace que los derechos que son de las personas pasen a ser de los territorios (basándose en la manipulada fórmula de la obtención de las balanzas fiscales) difícilmente puede pasar por un Estatuto constitucional y mucho deberán cambiarlo para poder pasar por el tamiz de nuestras Cortes.
Pero tampoco hay que irse tan lejos para observar proyectos de Estatuto que no se ajustan a la Constitución, los bodrios de instituciones que nuestros políticos quieren crear para nuestra ciudad deberían indicarnos antes en qué parte de nuestra Constitución se encuentran, dónde está que un Alcalde no presida su Pleno Municipal, dónde que un municipio pueda ser una Comunidad Autónoma, y si nos convierten en Comunidad quién legislará si no tenemos esa capacidad estatutariamente, puesto que ninguno de los partidos nacionales está dispuesto a dárnosla. Quizás el diputado Guerra pueda contestarnos a estas dudas próximamente y aconsejar a nuestros concejales por dónde debe ir la reforma para que se ajuste a la Constitución. Seamos serios, si se desea cambiar nuestra Constitución, hágase según las fórmulas que se marcan dentro de ella, pero no usen los proyectos de Estatuto como puerta de atrás para modificarla, pero para hacer esos cambios es necesaria una mayoría muy cualificada, mayoría que debe contar con el Partido Popular. A los españoles nos costó darnos una Norma Fundamental para convivir, en ella nadie pudo decir que impuso sus deseos, todos cedieron para que fuera la Constitución de todos y durante 25 años nos ha servido para convivir dentro de este país, al que pocos siguen llamando España, esperemos que todavía queden en nuestros gobernantes un poco de sentido común para evitar crear ciudadanos con distintos derechos y deberes, pues es en los individuos en quienes recaen, no en los territorios. O si no, muchos padrinos como Guerra necesita nuestra Constitución.